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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La misma medicina con distinta dosis

La reivindicación soberanista ha avanzado tanto que puede ser insuficiente una nueva financiación

“Un chantaje político. Opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente. Divide y enfrenta a unas autonomías contra otras porque discrimina a los españoles según su lugar de residencia». Eso era para Cristóbal Montoro en julio de 2009 el actual sistema de financiación autonómica. El mismo modelo que ahora se resiste a cambiar y que prometió derogar entonces si el PP ganaba las elecciones. El sistema que José Luis Rodríguez Zapatero pactó con ERC en 2009 y contra el que votó entonces el PP de Mariano Rajoy.

El ahora ministro de Hacienda no para de repetir estos días en privado y en público que no ve posibilidad de cambiar ese sistema de financiación y menos si supone, como ha ocurrido siempre que se ha modificado, transferir fondos del Estado a las comunidades.

“Esto se ha convertido en una gran subasta y en una chapuza”, decía entonces Rajoy para denunciar que, según él, el Gobierno del PSOE cediera ante Cataluña con un nuevo sistema de financiación autonómica, fruto de esa coyuntura, y que se impusiera a todas las comunidades.

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Ahora, Rajoy guarda casi como único as en la manga para la negociación con Cataluña un nuevo sistema de financiación que se extendería, con singularidades o no, al resto de comunidades. Así se mostró dispuesto a hacerlo el sábado en la recepción de la fiesta nacional en un corrillo con los periodistas, contradiciendo la posición de su ministro de Hacienda. Es decir, el actual presidente del Gobierno haría exactamente lo mismo que hicieron antes sus predecesores, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero: pactar con los partidos nacionalistas un nuevo sistema de financiación.

En todos esos casos se ha hecho para calmar reivindicaciones que llegan desde Cataluña o para lograr respaldo nacionalista en el Congreso. La diferencia es que ahora hay menos recursos y, además, la reivindicación soberanista ha avanzado tanto que esa medicina puede ser insuficiente. El nacionalismo de bandera se ha mezclado con el de cartera y se precisa mayor dosis aunque los recursos son mucho más limitados.

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En 1993, González se atrajo a CiU para poder gobernar en minoría con un retoque notable al sistema de 1992. El PP votó contra el pacto y no lo aceptaron en primera instancia Extremadura, Castilla y León y Galicia que, a la larga, fueron los beneficiados por un error de cálculo de ingresos. En 1997 Aznar incluyó en los acuerdos de legislatura con CiU un nuevo sistema de financiación que se aprobó con el rechazo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, las tres del PSOE.

En 2001, se aprobó el cuarto sistema de financiación que estuvo en vigor hasta 2009. Desde 2004 Zapatero gobernó en minoría y para atraerse a CiU y ERC hizo un retoque en 2005 para financiar la sanidad, que se aprobó en la primera Conferencia de Presidentes. También la reivindicación nació de Cataluña, donde gobernaba el PSC con apoyo de ERC. En 2009, el Gobierno central y el catalán pactaron otro modelo de financiación, el primero con el que CiU, entonces en la oposición, no estuvo de acuerdo. ERC, promotor de la consulta de autodeterminación, votó a favor de ese sistema. Todos se beneficiaron, pero Cataluña actuó como siempre como catalizador del cambio que ahora también necesitan comunidades del PP como Madrid.

El cambio de posiciones se completa con la denuncia que mantienen ahora CiU y ERC sobre “el expolio de España a Cataluña”, a pesar de que, como queda dicho, todos los sistemas de financiación han partido de esa comunidad y se han pactado con esos dos partidos. Es decir, en todo caso son los acuerdos que nacionalistas e independentistas sucesivamente han firmado con los distintos gobiernos centrales y sus errores de cálculo y predicción lo que les ha privado de más recursos.   

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