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El Gobierno se prepara para asumir la sentencia contra la ‘doctrina Parot’

El acatamiento del fallo supondrá la excarcelación en dos tandas de 137 etarras

Luis R. Aizpeolea
Joaquina Cortes matrimonio gitano
Palacio de los Derechos del Hombre, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.MICHEL CHRISTEN

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidirá en las próximas semanas —algunas fuentes señalan que a fines de octubre— la probable anulación de la doctrina Parot, según los cálculos del Gobierno, lo que supondría la excarcelación de 61 presos veteranos de ETA, en una primera tanda, y de otros 76, en una segunda más prolongada en el tiempo.

En total, 137, la cuarta parte de los casi 600 presos de la banda terrorista. A la lista habría que añadir una treintena de presos comunes, algunos por casos tan graves como violaciones, que provocan un gran rechazo social.

Pese a la “alarma social” que el Ministerio del Interior ha denunciado ante Estrasburgo, el Gobierno ha manifestado que acatará la decisión del tribunal europeo y que los tribunales españoles adaptarán la sentencia. Esta actitud del Gobierno supone un cambio respecto a la mantenida en marzo, cuando se produjo la vista del caso en Estrasburgo. Entonces, el ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró que se aplicaría “ingeniería jurídica” para soslayar la decisión del alto tribunal europeo. Lo que el Ministerio de Interior sí tratará de impedir es que la salida de los presos etarras de las cárceles se produzca de modo masivo.

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A su vez, tanto el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya han adelantado que acatarán la sentencia. El Gobierno teme que, aunque los tribunales sentenciadores revisarán caso a caso los previsibles recursos individuales de presos afectados por el mismo supuesto que la etarra Inés del Río, se produzca una solución en cadena. Durante la vista, en marzo, de la doctrina Parot ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Gobierno se empleó a fondo con países europeos afines, a través de vías diplomáticas, para tratar de influir para que el alto tribunal no aboliera dicha doctrina.

El Gobierno ha cambiado de actitud y está asumiendo la probable decisión de Estrasburgo contraria a sus intereses políticos ahora que se acerca la sentencia.

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En el caso de los presos etarras, el Ejecutivo apostó por mantener la presión para lograr la disolución de ETA. Por ello decidió defender la doctrina Parot, como un instrumento más de presión, cuando podía haberse mantenido neutral, esperar la decisión del tribunal europeo y acatar la sentencia. Esto le sugirieron a Mariano Rajoy los principales líderes de los partidos vascos: Iñigo Urkullu, del PNV, y Patxi López, del PSE.

Con su actitud, el Gobierno se arriesgó a compartir un probable varapalo con el Tribunal Supremo, que creó la doctrina Parot, y con el Constitucional que la avaló. Hay que recordar que las decisiones de ambos tribunales tuvieron una fuerte contestación interna al considerar que la doctrina Parot implicaba una “irregularidad” al aplicar de modo retroactivo una norma posterior a la ley por la que los etarras habían sido juzgados y condenados.

Esta posición es precisamente la que mantuvo la Pequeña Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, hace un año, y la que probablemente ratificará la Gran sala próximamente. El Ministerio del Interior admite que los etarras excarcelados, que en su mayoría han cumplido muchos años de cárcel, no serían un peligro. Más aún cuando ETA ha cesado definitivamente e incluso cuando algunos de ellos han rechazado el terrorismo, se han acogido a la vía Nanclares y salen de la cárcel los fines de semana.

Al Gobierno le preocupa más el efecto que pueda provocar la salida masiva de presos etarras en las asociaciones de víctimas del terrorismo, en una parte de la derecha mediática y de sus sectores más radicales. Esto explica sus movimientos en Europa para evitar que esos sectores le acusen de pasividad en el caso de una probable sentencia derogatoria. Mayor problema se le plantea con algunos violadores porque no tiene garantías de que no vayan a reincidir en sus delitos. El fin de la doctrina Parot sería un elemento de distensión en la política vasca a añadir a los dos años de cese definitivo del terrorismo, según coinciden el PNV y el PSE. El propio PP vasco es menos beligerante que el Gobierno a favor de la doctrina Parot.

Existe el riesgo de que la izquierda abertzale se lo tome como una victoria propia por la actitud beligerante del Gobierno del PP a favor de dicha doctrina. Pero la decisión puede servir para que los Gobiernos central y vasco caminen juntos y los principales partidos vascos logren un acuerdo para ordenar el final de ETA, como lo hubo cuando el terrorismo estaba en activo.

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