España se queja en la ONU y a Londres por el “inaceptable” ataque de Picardo

El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, no se caracteriza por morderse la lengua, pero este jueves se tomó toda la mañana y parte de la tarde para contestar a las graves acusaciones vertidas en la ONU por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Este denunció el miércoles por la noche ante la Cuarta Comisión (Política Especial y Descolonización) de la Asamblea General una supuesta “campaña de incitación al odio”. Campaña que se habría traducido en “las sanciones económicas, las restricciones físicas en la frontera, la invasión de las aguas territoriales [del Peñón] por la policía y las Fuerzas Armadas españolas, los disparos contra gibraltareños inocentes, el incendio y los daños contra propiedades de ciudadanos gibraltareños en España”. Hechos que, según Picardo, “entran en la definición que hace la UE de delitos terroristas”.

El prolongado silencio de Margallo se debió, según sus más próximos colaboradores, a que el ministro nunca contesta a las declaraciones de Picardo. Hacerlo equivaldría a otorgarle el rango de interlocutor; un error que, en su opinión, cometió su antecesor Miguel Ángel Moratinos, al dar luz verde al Foro Tripartito, y que él no está dispuesto a repetir. El único interlocutor del ministro de Exteriores para hablar de Gibraltar es su homólogo británico.

Pero esta vez las acusaciones eran demasiado graves para dejarlas pasar, por lo que la Oficina de Información Diplomática (OID) emitió un comunicado en el que califica de “inaceptables” las declaraciones de Picardo, “por contener falsedades notorias y graves injurias al pueblo español, a sus autoridades y medios de comunicación”.

La nota asegura que las autoridades españolas actúan “siempre dentro de la más estricta legalidad” y cumplen con su obligación al luchar contra el contrabando, el blanqueo de dinero, el dumping fiscal y las agresiones al medio ambiente. Y agrega que están dispuestas a “seguir cuantas recomendaciones formulen las instituciones europeas”; cuyos inspectores hicieron el pasado día 25 una visita a la Verja.

Como medidas concretas, Exteriores ha dado instrucciones al embajador de España ante la ONU, Fernando Arias, para que entregue al presidente de la Cuarta Comisión, el salvadoreño Carlos García González, una carta “expresando el más rotundo rechazo por tales afirmaciones e instándole a que adopte las medidas oportunas”. Se trata, según fuentes diplomáticas, de que conste en acta la protesta y tal vez se reconsidere volver a invitar a Picardo, que no forma parte de la comisión.

Además, Exteriores hizo llegar una queja a la Embajada británica en Madrid (no se llegó a convocar al embajador), con la advertencia de que la actitud de Picardo dificultad la resolución de los contenciosos pendientes en Gibraltar, “precisamente en un momento en que España y el Reino Unido se han mostrado dispuestos al dialogo”.

Más allá de la gravedad de las acusaciones de Picardo, el verdadero objetivo de su intervención en la ONU fue sacar a Gibraltar de la lista de territorios autónomos pendientes de descolonización, donde lo incluyó el Reino Unido en 1946. Picardo aseguró que la Constitución gibraltareña de 2006 concedió a la colonia el máximo nivel de autogobierno, sin alcanzar la independencia, y pidió a la comisión que le indicara qué cambios legales habría que introducir para que se reconozca que Gibraltar ya ha dejado de ser una colonia.

España se queja en la ONU y a Londres por el “inaceptable” ataque de Picardo

España no puede permitirse perder esa batalla pues, si Picardo lograse su objetivo, la reivindicación española sobre el Peñón perdería el respaldo de la legalidad internacional. Por el contrario, Exteriores debe decidir si este año, como en los anteriores, lleva a la Asamblea General una declaración sobre Gibraltar de trámite, pactada con Londres, o plantea una resolución que denuncie la negativa del Reino Unido a negociar con España la descolonización.

Pero la batalla en la ONU se ve condicionada por las conversaciones que mantienen Madrid y Londres para poner en marcha el nuevo mecanismo de cooperación: la creación de grupos ad hoc para negociar los contenciosos abiertos en materias como pesca o medio ambiente.

Tras arremeter contra las autoridades españolas, Picardo expresó en la ONU su confianza en que “estos contactos puedan llevarse a cabo pronto” y culpó a Margallo de haber tardado un año y medio en aceptarlos. Lo cierto es que Picardo insistía hasta hace muy poco en mantener el Foro Tripartito, que el Gobierno del PP rechazaba de plano porque equiparaba a los representantes de Londres, Madrid y Gibraltar. El propio Margallo reveló recientemente que se habían producido “avances” en las conversaciones discretas que los dos gobiernos mantienen para acordar las características y composición de estos grupos ad hoc: España acepta la presencia de la Comisión Europea, pero se opone a que Gibraltar tenga derecho de veto.

La existencia de estos contactos explica la aparente tibieza de la reacción de Exteriores. No se obligó al embajador británico a acudir al Ministerio para entregarle la queja y no se planteó, al menos por ahora, llevar a Picardo a los tribunales. Tampoco era fácil, pues éste se cuidó de acusar a nadie en concreto (habló de “amplios sectores del Gobierno y los medios españoles”) y su frase más dura (la alusión a los “delitos terroristas”) no figuraba en el discurso oficial.