El PNV se queja ante Santamaría de la involución del Estado
La vicepresidenta acudió a un almuerzo discreto con la cúpula nacionalista
El PNV trasladó el pasado martes a la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Saénz de Santamaría, su preocupación por la involución del sistema del Estado español, que identificó con la tramitación de cinco proyectos de ley que considera “altamente perjudiciales para la autonomía de Euskadi”. Fue un encuentro distendido que duró algo más de dos horas, que había sido solicitado por los nacionalistas y que Santamaría intentó distraer de la agenda oficial al organizar un encuentro con la dirección del PP vasco, en Bilbao, celebrado minutos antes.
En el almuerzo mantenido fuera de la capital vizcaína, la vicepresidenta estuvo acompañada por Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, y José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; mientras la delegación del PNV estuvo formada por Josu Erkoreka, portavoz y consejero del Gobierno vasco; Aitor Esteban, portavoz del grupo nacionalista en la Cámara baja, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.
Rechazo al plan de paz
Los populares vascos solemnizaron ayer su rechazo al Plan de Paz y Convivencia que abandera el lehendakari Urkullu, mediante una batería de argumentos que se resumen en uno: la propuesta deslegitima a las instituciones de Euskadi y al propio Estado de Derecho al obviarlos. A lo largo de 24 folios elaborados por el Grupo Parlamentario del PP y presentados ayer en Bilbao por su portavoz, Borja Sémper, la formación deja claras las serias dificultades que Urkullu va a tener para atraerles a un consenso en esta materia si el plan no vive profundos cambios.
Para el PP, la propuesta gubernamental es un documento de parte que solo busca contentar a una sensibilidad social: la nacionalista. Los presos y su situación “pretenden situarse en el eje del debate político” y adquieren un papel protagonista en un plan que, además, no incide de forma suficiente en la exigencia a la izquierda abertzale de que condene toda la historia de ETA, critican los populares.
Frente a este “retroceso”, en palabras de Sémper, la formación propone rescatar el acuerdo de suelo ético que populares, PNV, PSE y los tres parlamentarios expulsados de Aralar alcanzaron la pasada legislatura.
El PNV, consciente de la pérdida de influencia en el Congreso ante la mayoría absoluta del PP, se venía lamentando esta legislatura de la ausencia de una interrelación más fluida con el Gobierno central, más allá de los encuentros, la mayoría privados, entre Mariano Rajoy y el lehendakari, Iñigo Urkullu. Como gesto de mano tendida, Rajoy señaló a la vicepresidenta como la persona responsable de encauzar estas relaciones, que ambas partes coincidieron ayer en calificar de “cordiales”.
Santamaría, que suspendió una visita a una empresa vizcaína para así atender al PNV en esta cita de urgencia a Bilbao, recibió una amplia documentación sobre las alegaciones nacionalistas a las iniciativas en materia de educación, reforma de Administración local, acción exterior, cajas y mercado único.
El PNV entiende que estas leyes “golpean” la razón de ser de la autonomía vasca en cuestiones tan esenciales como la económica, el funcionamiento del entramado local y foral y la educación. Además, en el almuerzo también afloró el malestar nacionalista sobre los nuevos impuestos, entre ellos el del carburante.
A su vez, Santamaría se interesó por el alcance del proyecto de nuevo estatus político planteado en el Parlamento autónomo por el lehendakari y que tomará cuerpo mediante la constitución de una ponencia a finales de la actual legislatura.
El PNV precisó la “distinta velocidad” de esta propuesta con relación a la vía catalana, circunstancia que la vicepresidenta subrayó en comentarios posteriores. Desde la representación nacionalista, además, se trasladó el posible calendario que culminará, bajo el preceptivo consenso, con la convocatoria de una consulta ciudadana. En el intercambio de opiniones, el PNV siempre hizo hincapié en la superación del modelo actual de Estado.
