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Carlos Fabra se sienta en el banquillo tras casi 10 años de investigación

El expresidente del PP de Castellón se enfrenta a 13 años tras dos lustros de trabas judiciales

Está acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales

 ATLAS

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Castellón que, en mayo de 2012, intentaron anular la acusación de cohecho del caso Fabra son los mismos que, a partir de este miércoles, juzgarán al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, uno de los pesos pesados históricos de los populares valencianos, Carlos Fabra. Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular los han recusado. Y ellos no se han abstenido.

Esa es, de momento, la última anomalía del accidentado proceso que se abrió contra Fabra en diciembre de 2003, hace casi 10 años. Finalmente, el dirigente popular se sienta en el banquillo como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro fraudes fiscales. La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 13 años de cárcel, una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros, cantidad que coincide con la que defraudó a Hacienda entre 1999 y 2003 por unos ingresos injustificados de cerca de dos millones de euros que, además, no declaró.

Por el caso han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. Han cambiado algunos de los abogados y también el número de imputados y delitos. Incluso ha variado el tipo de procedimiento, que empezó siendo el de tribunal con jurado.

Mientras, Carlos Fabra permaneció en el poder, siguió gestionando dinero público desde la Diputación, dictando, con mando en el PP provincial, las directrices del partido que gobernaba la mayoría de los municipios de Castellón, en el Ayuntamiento de la capital y en la comunidad autónoma. Con el respaldo y el consentimiento de todos sus superiores orgánicos y del partido, sin que nadie exigiera, nunca, una explicación a las acusaciones y la investigación judicial. Incluso, trató de secuestrar las ediciones de los medios de comunicación que informaban del caso.

Los ‘favores’ fitosanitarios tienen la culpa

El 18 de diciembre de 2003 el empresario Vicente Vilar presentó una denuncia contra Carlos Fabra en el juzgado de Nules, una pequeña población a 30 kilómetros de Castellón. Le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los favores se centraban en el ejercicio de su influencia ante los ministerios de Sanidad y Agricultura y el despliegue de gestiones para tratar de agilizar las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

Vilar (que ahora está en prisión por agresión sexual) era, hasta entonces, amigo de Fabra. La exesposa del dirigente del PP incluso fue madrina de uno de los hijos del industrial.

La operativa consistía en visitar y tratar de presionar en los departamentos que dirigían entonces los ministros Celia Villalobos, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, que declararán como testigos. También declarará, dada su participación, el exministro Juan Costa, y otros diputados y senadores que, según las acusaciones, ejecutaban las directrices de Fabra.

Las “cantidades millonarias” se pagaron en bolsas en efectivo, según el denunciante, en joyas y, posteriormente, por “genéricos informes” que el dirigente del PP presuntamente cobraba a través de una sociedad, Carmacas, de la que “utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vilar”, según Anticorrupción.

“Su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas” pasó de tener a Vilar como único beneficiario a tener también a la que era la de esposa de Carlos Fabra que, junto a la del empresario, constituyó otra sociedad, Artemis 2000, para comercializar los productos que se autorizaban. El industrial fabricaba y las esposas vendían. La denuncia de Vicente Vilar y su autoinculpación como pagador le han llevado al final tras muchas trabas al mismo banquillo de los acusados, donde también se sentará hoy, por la comisión de un presunto delito contra la Hacienda pública.

La primera titular del juzgado fue Isabel Belinchón, que ordenó, de oficio, la apertura de la investigación a Fabra. Poco después dejó su destino al ser ascendida a magistrada y trasladada a Teruel. Fue reemplazada por una juez sustituta. La tercera juez que se hizo cargo del sumario también fue ascendida y trasladada. La vacante fue cubierta por una sustituta hasta que llegó la quinta juez, que apenas permaneció unos meses en el juzgado número 1 de Nules, donde se instruía el caso, del que pidió un traslado por motivos personales. Después de otro sustituto, la séptima fue la que más tiempo permaneció en el juzgado, tres años, hasta que en 2008 pidió el traslado al juzgado de al lado, en la misma localidad. La plaza quedó desierta por falta de peticionarios y llego la octava, otra juez sustituta que permaneció algo más de un año.

Jacobo Pin, el actual titular del juzgado de Nules, fue el que acabó la instrucción y dictó la apertura de juicio oral, no sin sufrir por ello. Tanto que en junio de 2012 pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial. “Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, denunció el juez señalando a la sección Primera de la Audiencia Provincial como origen de las presiones. La sección y los magistrados que ahora han de juzgar y sentenciar a Fabra. “Está tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho”, afirmó. Esa sección primera, un mes antes, había decidido que Fabra no tenía que ser juzgado por cohecho, una acusación que nunca se levantó. La cuestión llegó hasta el Tribunal Supremo que ordenó seguir las instrucciones de Pin, al que se dio “total libertad”, como juez instructor, para señalar los delitos por los que Carlos Fabra debía sentarse en el banquillo.

“¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?”, fue una de las preguntas que el primer fiscal del caso, Javier Arias, hizo a Carlos Fabra. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004, Anticorrupción se hizo cargo de la acusación pública, aunque dos de sus fiscales también dejaron el procedimiento para pasar al ámbito privado.

Tampoco la Abogacía del Estado ha estado exenta de polémica. Después de que la Agencia Tributaria presentara la primera denuncia por fraude fiscal, por el ejercicio de 1999, la representación del Estado se personó en la causa para reclamar la devolución de las cuotas supuestamente defraudadas y las posibles multas. En 2010, la controvertida Audiencia Provincial decidió que cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaba al dirigente del PP estaban prescritos. Tanto Anticorrupción como la acusación popular recurrieron el archivo de esos delitos pero a la Abogacía del Estado se le pasó el plazo y, finalmente, tuvo que acogerse a la petición de revisión que hizo la fiscalía. Tuvo que ser el Tribunal Supremo el que determinara que los delitos no habían prescrito, ya que se encontraban en investigación.

Carlos Fabra no ha sido el único investigado en el proceso. En 2006, la justicia decidió que las pesquisas se extendieran a su familia, ante la posibilidad de que los mecanismos delictivos se hubieran extendido. Hoy solo su exesposa, María Amparo Fernández, se sentará también en el banquillo de los acusados tras las conclusiones de un vasto informe pericial que determinó que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco años y que la señaló como autora de otros tres delitos fiscales por un fraude de 400.000 euros derivados de ingresos no justificados por valor de 1,4 millones de euros.

“Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial”, ha sido todo este tiempo la defensa tras la que se parapetó Fabra.

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