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Rubalcaba al PP: “La responsabilidad ante los ciudadanos no prescribe”

"¿Con qué cara va a pedirle Rajoy a los ciudadanos que paguen sus impuestos?”, se pregunta

Foto: atlas | Vídeo: Pepe Olivares

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refirió esta mañana en su cuenta de Facebook a los informes elaborados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Agencia Tributaria pedidos por el juez Pablo Ruz, que investiga los papeles de Bárcenas.

En un comentario en su perfil, aseguró que dichos informes "evidencian lo que Rajoy negó enfáticamente en Nueva York: que su partido se financió ilegalmente”, mediante la recaudación de dinero negro y la realización de pagos opacos. El líder socialista  le dio la vuelta a las conclusiones del informe sobre los supuestos pagos opacos a los líderes del PP, que asegura que, de ser cierta la contabilidad b del extesorero, los sobresueldos en dinero negro que recibieron la mayoría de la cúpula popular no supondría un delito fiscal porque los pagos anteriores a 2007 están prescritos.

El informe, según Rubalcaba, "confirma también el delito fiscal, ya prescrito, en que habrían incurrido los dirigentes del PP que cobraron sobresueldos de ese dinero negro". En cualquier caso, lamenta que quienes “burlaron la Ley” se vayan ahora a “beneficiar de las garantías legales”, ha advertido al presidente Mariano Rajoy y a los cargos del PP implicados en el escándalo Bárcenas que “la responsabilidad ante los ciudadanos no prescribe, y que un hecho indigno no deja de serlo por muchos años que pasen”. “¿Con qué cara va a pedirle Rajoy a los ciudadanos que paguen sus impuestos?”, se preguntó.

El informe de la Oficina contra el Fraude se elaboró sobre la hipótesis de que las anotaciones de Bárcenas en su contabilidad manuscrita son ciertas, aunque no entra a valorar la veracidad de esos papeles que publicó EL PAÍS el 31 de enero. En cuanto a las cantidades referidas al año 2008, en las que figuran, entre otros, Rajoy con 27.600 euros y María Dolores de Cospedal con 15.000 euros, la ONIF concluye que en ningún caso habrían alcanzado los 120.000 euros, umbral del delito fiscal.

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