El fiscal rechaza reclamar los contratos de las empresas donantes del PP

La Fiscalía Anticorrupción sigue oponiéndose a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones del caso Bárcenas. Tres días después de rechazar la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el fiscal encargado de la causa sobre la contabilidad secreta del extesorero del PP se ha opuesto a que se examinen todos los contratos con las administraciones públicas logrados por 12 de los empresarios que figuran como supuestos donantes de dinero negro a la formación conservadora entre 1990 y 2008. Aunque la última palabra sobre estas pruebas corresponderá al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, este suele estimar las peticiones del ministerio público

El fiscal Antonio Romeral presentó ayer un nuevo escrito ante el juez Ruz en el que se opone a ordenar al Ministerio de Fomento que entregue “una copia de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre 1990 y 2012” con las constructoras de los supuestos donantes. Esta diligencia ha sido solicitada por el Observatori Desc y tiene por objeto examinar los contratos para ver si guardan relación con las entregas de dinero que Bárcenas consignó en su contabilidad manuscrita.

La negativa del fiscal ha sido rotunda. Según él, esta diligencia “además de inútil e impertinente, resulta perjudicial para el desarrollo de la instrucción”. Romeral calcula que se trataría de examinar “más de 2.000” expedientes de contratación tanto de las empresas querelladas como de sus filiales y sociedades participadas. “La recopilación, copia y posterior examen de tan ingente documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo (...) desde luego superior a un año en el mejor de los casos”.

El fiscal entiende que la práctica de esta prueba “solo estaría justificada por la existencia de indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos”. Según el representante del ministerio público, lo que busca la acusación popular con esta diligencia es una “investigación prospectiva”, aquella en la que se buscan delitos sin contar con una base objetiva, algo vetado por la ley. Se trata, de acuerdo con Romeral, de “un planteamiento incoherente o al menos formulado sin la necesaria reflexión”.

El representante del ministerio público recuerda que está pendiente de presentarse un informe de la Intervención General del Estado en el que se relacionan las supuestas entregas de dinero de los empresarios con las adjudicaciones de las distintas administraciones gobernadas por el PP. Este informe determinará si los constructores pagaron al partido a cambio de los contratos, lo que supondría un delito de cohecho. También hay solicitado un informe a la Agencia Tributaria sobre las cuotas impositivas dejadas de pagar por el PP por los ingresos en b, que computan como rendimientos empresariales, y la posibilidad de que supongan delito fiscal si superan la cuota anual defraudada de 120.000 euros.

El fiscal ha dejado entrever en sus escritos la idea de que lo investigado hasta ahora en la pieza separada del caso Gürtel —y a falta de los citados informes periciales— no se desprenden hechos delictivos. En realidad, hay un delito que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio magistrado ven muy acreditado en el caso de los papeles de Bárcenas. Se trata del delito contable, del artículo 310 del Código Penal, que castiga con una pena de cinco a siete meses de prisión al encargado de llevar contabilidad mercantil que lleve cuentas que “oculten o simulen la verdadera situación de la empresa”. Este delito, de escasa consecuencias penales, sí tiene una fuerte trascendencia política. De probarse, implicaría que el PP se financió irregularmente durante dos décadas con fondos de origen opaco.