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Cobos deja el puesto en la OIT que compatibilizaba con el Constitucional

El presidente del alto tribunal cobró dietas por la asistencia a reuniones que coincidieron con la celebración de plenos. La ley impide simultanear cargos

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Cobos, durante su examen en el Senado en noviembre de 2010 para ser magistrado del Constitucional, en el que omitió su militancia en el PP.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha presentado su dimisión como miembro de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que formaba parte desde marzo de 2012. Cobos —que, además, compatibilizó su militancia oculta en el PP hasta 2012 con su cargo de magistrado en el Constitucional— recibió, según diversas fuentes, una autorización verbal, no escrita, del entonces presidente, Pascual Sala, para mantener su puesto en el alto tribunal y el de asesor en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el cargo de magistrado es incompatible con “el desempeño de actividades profesionales o mercantiles” y no marca ninguna diferencia de incompatibilidad entre los magistrados y el presidente del Constitucional. Sin embargo, Pérez de los Cobos no presentó su dimisión en la OIT hasta días después de ser nombrado presidente, tras compatibilizar ambas actividades durante 15 meses. Fuentes de la organización han señalado que, según su regulación, “la OIT no exige la dimisión”.

Este periódico ha intentado, sin éxito, que el presidente del Constitucional explicara por qué ha decidido abandonar la organización internacional tras 15 meses.

Por su participación en las reuniones de dicha comisión, Francisco Pérez de los Cobos percibió las mismas dietas que el resto de miembros. “Recibió el mismo trato”, han asegurado fuentes de la OIT que, sin embargo, no han querido detallar a cuánto ascendieron las citadas dietas.

Las recusaciones

La Generalitat de Cataluña ha anunciado que pedirá la recusación de Pérez de los Cobos en 24 litigios.

El Parlamento catalán, por su parte, acordó presentar el recurso contra la participación de Cobos en siete causas.

Asturias pretende apartar a Pérez de los Cobos de los cuatro litigios que deberá resolver el alto tribunal sobre el Principado.

La Junta de Andalucía planteó su intención de recusar al presidente en los más de 15 litigios abiertos en el Constitucional.

El exmagistrado Baltasar Garzón y Rafael Vera presentarán la petición de nulidad de la negativa de amparo del Constitucional, una resolución en la que participó Cobos.

La presencia en las reuniones —Francisco Pérez de los Cobos asistió, al menos, a dos convocatorias que se prolongan a lo largo de, aproximadamente, 15 días— le impidió, antes de ser elegido presidente y tal como recogen algunas resoluciones del Constitucional, estar presente y participar en dichas resoluciones. Así ocurrió en noviembre de 2012.

La comisión de la que formaba parte Pérez de los Cobos se encarga de la evaluación técnica de la aplicación de las normas internacionales en los Estados miembros de la OIT, entre los que se incluye España. Los expertos analizan y elaboran recomendaciones a los Gobiernos. De hecho, por ejemplo, los sindicatos CC OO y UGT presentaron dos quejas a la OIT sobre la reforma laboral, con lo que Pérez de los Cobos se convertía, por una parte, en juez de la norma de Rajoy ante el Constitucional (por el recurso presentado por el PSOE) y, por otra, en el experto asesor en la sede de la OIT en Ginebra que debía evaluar si la reforma laboral se ajusta a los criterios internacionales.

Todo ello después de que el ahora presidente del Tribunal Constitucional hubiera asesorado al PP, desde 1992, en materia laboral, dada su condición del catedrático de Derecho del Trabajo.

Las dudas sobre la idoneidad de Pérez de los Cobos para ocupar el puesto de presidente (para el que fue designado en junio pasado por unanimidad), incluso dentro del Constitucional, provocaron que él mismo ofreciera la convocatoria de un pleno para tratar el asunto. Para ello, tres magistrados han de firmar la solicitud de convocatoria de pleno, cuyo ejercicio empieza la próxima semana. Será cuando el tribunal se enfrente a la ola de impugnaciones y recusaciones anunciadas después de que EL PAÍS publicara que había ocultado su militancia en el PP.

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