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PULSO DE ESPAÑA / 3

Por qué no se hunde España

En medio de una profunda crisis que la ciudadanía percibe sin control, España se mantiene en pie gracias a instituciones, públicas y privadas, que contribuyen eficazmente al bienestar común

¿Qué mantiene, pese a todo, en pie a la sociedad española, tan intensamente decepcionada con sus instituciones políticas, tan castigada por el desempleo y, por vez primera en decenios, tan desconcertada, tan pesimista y tan carente de liderazgos? La respuesta es clara: España se sustenta en el buen hacer de muchas de las instituciones que integran el aparato estatal y también de las que componen lo que, para abreviar, cabe describir como sociedad civil, según la última oleada (junio-julio 2013) del Barómetro de Confianza Institucional que elabora trimestralmente Metroscopia para este diario.

Por un lado, en la actual coyuntura, las prestaciones de la Administración Pública española son evaluadas, en conjunto, de forma positiva por un 70% de la ciudadanía, cifra superior en 13 puntos a la que en este mismo asunto se registra en Francia y en 52 a la que se da en Italia. Un llamativo grado global de satisfacción con nuestro servicio público que se sustenta fundamentalmente en la espectacular consideración en que tienen los españoles a los médicos de la sanidad pública (evaluados positivamente por un 92%), a los investigadores científicos (92%), a los profesores de la enseñanza pública (85%) y a los cuerpos y fuerzas de seguridad (86% la Guardia Civil, 83% la Policía y 72% las Fuerzas Armadas). Es decir, significativamente, a instituciones y servicios moderada —o incluso modestamente— remunerados y, además, castigados con especial dureza por los recortes presupuestarios. Nada refleja probablemente mejor la actual falta de sintonía entre las prioridades de la ciudadanía y las de sus gobernantes que el hecho de que sean precisamente los tres sectores con un reconocimiento ciudadano prácticamente unánime (la investigación, la sanidad y la docencia) los que se vean más severa —y quizá, en algunos casos, irreparablemente— dañados por las medidas de ajuste. Y por lo que respecta a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, nada dice tanto de la buena salud de una democracia como la existencia de una alta confianza ciudadana en ellas. Las evaluaciones que al respecto expresan hoy los españoles son milimétricamente equivalentes a las que se registran en democracias más que solventes, como Francia, Alemania o Estados Unidos.

Del lado de la sociedad civil, el papel estelar corresponde, sin lugar a dudas, a las pymes, que ocupan el segundo lugar (evaluadas positivamente por un 90%) en la clasificación general de confianza ciudadana. Además de confirmar la nueva mentalidad predominante en nuestra sociedad respecto de la vida económica y empresarial, este dato sin duda expresa el generalizado reconocimiento ciudadano al esfuerzo de tantas empresas pequeñas y medianas por sobrevivir y dar trabajo a más de nueve de cada diez personas que tienen todavía empleo, a pesar de las dificultades que las abruman. No solo siguen, mayoritariamente, sin poder disponer, en condiciones razonables, del crédito que precisan, sino que de hecho, en la práctica cotidiana, son más bien ellas las que se ven forzadas a financiar al propio Estado o a las grandes empresas: a aquel, abonándole puntualmente, y por adelantado, el IVA de facturas aún sin cobrar, y a ambos, soportando su frecuente morosidad en el abono de lo debido. La actual crisis está haciendo, además, que muchas pymes estén aprendiendo a sobrevivir “desbancarizadamente”: habrá que ver con qué consecuencias cuando amaine la crisis. Los bancos, por cierto, siguen ocupando el antepenúltimo lugar en la lista general de confianza, por delante tan solo de políticos y partidos.

En un país crecientemente empobrecido (y que soporta con serena dignidad pagar así, colectivamente, culpas aún mal determinadas pero que con certeza no corresponden a todos por igual) no puede extrañar el también masivo reconocimiento a la labor asistencial de los servicios sociales de los municipios y, sobre todo, de instituciones como Cáritas. Esta, de hecho, se constituye de forma rotunda en la cara mejor evaluada de una Iglesia española juzgada por la ciudadanía con profundas matizaciones: el 74% de reconocimiento ciudadano a Cáritas baja a un todavía apreciable 51% en el caso del clero parroquial, a un moderadamente negativo 41% en el caso de la Iglesia considerada en conjunto, y a tan solo un 21% en el caso de los obispos, relegados así al pelotón de cola junto a bancos, políticos y partidos.

Y una apostilla final: la claramente positiva evaluación ciudadana de la labor informativa de los medios de comunicación (60% para el concreto caso de los periódicos), parecería sugerir un reverdecimiento, en estos nuevos tiempos de desconfianza ciudadana respecto de la “política oficial”, de la condición de “parlamento de papel” que aquellos un día ostentaran.

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