Política

Los estatutos del PP dan a Cospedal la dirección de “todos los servicios”

La ‘número dos’ de la formación asegura al juez que estaba liberada de supervisar la tesorería

María Dolores de Cospedal, secretaria del Partido Popular, no supervisa la tesorería de la formación conservadora, según su declaración de ayer ante el juez que investiga el caso Bárcenas. El magistrado Pablo Ruz, que intenta conocer el origen de los fondos y los pagos recogidos en la contabilidad paralela que minuciosamente confeccionó el exgerente y tesorero Luis Bárcenas, interrogó a la actual presidenta de Castilla-La Mancha para saber hasta qué punto estaba informada de estas operaciones. Pero Cospedal, siguiendo su propia interpretación de los estatutos del partido, estaba liberada de esa tarea.

Con estos mimbres, el testimonio de la número dos del partido en el Gobierno estuvo lejos de convertirse en una defensa a ultranza de la legalidad de la contabilidad de su formación para, como hicieron sus antecesores, responsabilizar de cualquier posible irregularidad a los guardianes del dinero: tanto Luis Bárcenas como su antecesor, Álvaro Lapuerta.

El artículo 42 de los estatutos del partido a los que se refirió Cospedal dice literalmente que el secretario, en este caso ella, ostenta “la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal”. Al tesorero le reserva “las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le encomiende el Comité Ejecutivo”. La secretaría general, a su vez, es la responsable de ejecutar los acuerdos del comité.

Hay un documento anterior que también refleja con claridad qué funciones tiene el secretario general del PP, y es el poder que Cospedal firma ante notario en favor de Bárcenas tras su llegada a la cúpula. La mano derecha de Rajoy en el partido fue nombrada en junio de 2008, tras el XVI congreso de Valencia. En octubre de 2008 Cospedal firmó ante el notario Francisco Calderón el citado poder, que en su parte inicial refleja que ella tiene “las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido”. Estos son, entre otros, la facultad de “cobrar cuanto corresponda”, en nombre del PP; “abrir o continuar cuentas corrientes a la vista o de crédito”; “retirar en metálico de estas cuentas por medio de cheques o talones”, así como “ingresar en metálico de estas cuentas por medio de cheques o talones”. También tiene facultades para “personarse en bancos, incluso el de España, y sus sucursales, donde existan alquiladas cajas particulares y abrirlas, extrayendo o ingresando efectivo, valores o documentos, y pudiendo repetir la operación cuantas veces estime oportuno”. La larga lista de atribuciones incluye otras como “firmar la correspondencia bancaria \[...\] y en general, llevar a cabo todos los actos de normal administración y especialmente de disposición de fondos”. Cospedal delegó en Bárcenas estas atribuciones para manejar las cuentas. Javier Arenas en 2002 y Ángel Acebes en 2004 ya firmaron ante notario documentos similares en favor del extesorero.

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la delegación de funciones no elimina automáticamente la responsabilidad de la persona titular de las mismas. Ahí entra la tarea del juez para investigar si el extesorero utilizaba artimañas que pudiesen hurtar a los secretarios generales ese conocimiento o si éstos se colocaban en el terreno de lo que la doctrina del Supremo llama “ignorancia deliberada” (desconocían lo que hacía Bárcenas porque no querían saberlo pero indirectamente se beneficiaban de la situación).

Pese a la delegación de funciones, Bárcenas declaró que su antecesor Lapuerta informaba a sus jefes de las donaciones de dinero al PP cuando se recibían.

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