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PSOE, BNG e IU piden una comisión sobre el accidente de Angrois

Los socialistas abogan por la creación de una agencia estatal para la seguridad ferroviaria

Durante la comparecencia de los representantes de Renfe y de Adif en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el Partido Socialista, los nacionalistas gallegos de BNG e Izquierda Plural han pedido la creación de un organismo parlamentario para investigar sobre el accidente ferroviario del pasado 24 de julio en Santiago.

En nombre del principal grupo de la oposición, el portavoz socialista, Rafael Simancas, ha declarado que esta comisión de estudio, que se crearía dentro de la misma Comisión de Fomento, tendría tres objetivos: atender a las víctimas; obtener todas las explicaciones, “hasta el último extremo”; mejorar la situación del ferrocarril español. “No se utiliza una estructura ferroviaria si un responsable de seguridad no ha acreditado que está debidamente homologada, pero cualquier sistema tiene un margen de error y el accidente se nos ha colado por este margen”, ha afirmado Simancas. “Antes del siniestro, ¿se cumplieron errores en la acreditación del material móvil, se detectaron fallos en el sistema?”, ha preguntado el representante del PSOE, quien, además, ha propuesto la creación de una agencia estatal para la seguridad ferroviaria, como la que ya existe en el ámbito de la aviación.

Por su parte, Gaspar Llamazares, del grupo de Izquierda Plural (IP), ha destacado que “lo que falta es una comisión de investigación parlamentaria” y ha afirmado que las responsabilidades del accidente no pueden ser averiguadas en la comisión técnica recién creada por Fomento. “En estos siniestros tan complejos existen elementos condicionantes, como puede ser que el diseño de la línea Madrid-Galicia es hibrido [alternancia de tramos con alta velocidad y convencionales], lo que supone un riesgo añadido; y factores determinantes, como es la falta de medidas de seguridad eficientes en el tramo del accidente”, ha añadido Llamazares. Y sobre estos asuntos quiere que se investigue. “Para reducir la velocidad en aquel punto, el maquinista contaba solo con una hoja de ruta, un folio A5”, ha denunciado otra representante de IP, Ascensión de la Serna Ladera.

El BNG, a través de su portavoz Rosana Pérez Fernández, ha centrado su intervención en la diferencia entre los sistemas de seguridad instalados en los ferrocarriles españoles. “¿Por qué el sistema ERTMS no estaba operativo en aquel tramo?”, se ha preguntado. “El mismo presidente de Adif, Gonzalo Ferre, dijo que, de haberlo instalado, se hubiera podido evitar un accidente de esta magnitud”, ha afirmado Pérez Fernández, quien ha querido asimismo destacar que la responsabilidad de garantizar la seguridad de un tren no puede depender únicamente del maquinista, pues “siempre es previsible que se vayan a producir fallos humanos”. Tampoco resulta claro, para BNG, por qué las medidas de seguridad que se han implementado ahora en el tramo donde se produjo el siniestro no estaban operativas antes. Para aclarar estos temas y las responsabilidades políticas, los nacionalistas gallegos han propuesto la creación de una comisión de investigación. En palabras de Pérez Fernández, esta ha de ser “plural e independiente”, para evitar cualquier duda sobre sus conclusiones.

Carlos Martínez Gorriarán, de Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha expresado su “desconcierto”: “¿Todo dependía del maquinista? ¿En el tramo del accidente había señales suficientes? ¿El maquinista no sabía que estaba en este tramo porque se despistó o porque le faltó información? Sigo sin entenderlo”. El representante de UPyD ha subrayado también la responsabilidad de este Gobierno y del anterior en “vender aquel tramo como si fuera de alta velocidad, mientras no lo es”.

Convergencia i Unió “no quiere juzgar, ni suplantar la comisión técnica o poner en duda las personas que trabajan por Adif y Renfe”, según Pere Macias i Arau, que destaca que la comparecencia de hoy se pidió sobre todo para “corregir errores en las explicaciones” y para expresar preocupaciones sobre la seguridad de una infraestructura, la del ferrocarril español, que vive y seguirá viviendo durante unos años en un sistema de transición entre la red exclusiva de alta velocidad y la red convencional, y sobre su mantenimiento. Macia ha pedido a la Comisión de Fomento autocrítica e independencia, para dar respuesta a estas inquietudes.

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“Espero volverles a ver para discutir de las medidas de seguridad que se tienen que implementar” en la red de ferrocarriles española, ha dicho al presidente de Adif y al de Renfe la representante de los nacionalistas vascos (PNV), Isabel Sánchez Roble, quien ha pedido que haya presupuestos adecuados “para la gestión racional y el mantenimiento del sistema”.

Por último ha tomado la palabra Andrés José Ayala, del grupo popular para quien, tras la comparecencia de los representantes de Renfe y de Adif, “se puede concluir que las dos sociedades están preparadas para eventualidades” como la que ocurrió en Santiago. “El tren y la vía tenían las medidas de seguridad adecuadas a la velocidad permitida” en el tramo del siniestro. “Siempre hay un margen de error y reducirlo es necesario”, ha añadido. “Pero trasladar a responsabilidades políticas una cuestión eminentemente técnica, no se puede hacer”.

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