Ada Colau pide al PSOE que “no se apropie” del recurso a la ley de desahucios
El Grupo Socialista ha decidido “asumir” los fundamentos de la PAH e impugnar la ley Los activistas mantienen su llamamiento “individual” a todos los diputados para ir al alto tribunal Solo el PSOE reúne entre los partidos de la oposición las 50 firmas necesarias
Un nuevo éxito de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su presión para que los diputados recurran ante el Tribunal Constitucional la llamada ley antidesahucios ha surtido efecto. El Grupo Parlamentario Socialista lo va a hacer con los fundamentos jurídicos que ha elaborado la comisión de especialistas en derecho de la plataforma y, para ello, utilizará el texto elaborado por la PAH. Aun así no es esto lo que formalmente esperaba la PAH, como se ha visto este miércoles en las puertas del Tribunal Constitucional. “El PSOE ha hecho público que se apropia del recurso; esperamos que lo reconsidere y no se lo apropie sino que avale esta iniciativa de la sociedad civil”, ha manifestado la portavoz de la Plataforma, Ada Colau, en las puertas del Tribunal Constitucional, donde ha realizado un encuentro informativo para emplazar a los diputados “individualmente” a que “firmen el recurso elaborado por el equipo jurídico de la plataforma”.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado en Asturias que el "problema no es quién lleva el recurso al Tribunal Constitucional, sino ganarlo, que se rehaga la ley y que las personas tengan el máximo de garantías constitucionales". Por eso, ha asegurado, el PSOE utilizará "los mejores argumentos de la PAH", pero también otros de elaboración propia. Por eso, ha puntualizado: "El problema no es quién estampa la firma; el problema es ganar el recurso".
El encontronazo al menos dialéctico y formal se ha producido porque la plataforma de momento no ha tenido en cuenta que el grupo socialista tiene ya la decisión firme de recurrir la ley y, además, reconoce que los argumentos jurídicos se los brinda la PAH. Esta ha actuado como si este hecho no hubiera ocurrido y mantiene el llamamiento a los diputados y al Defensor del Pueblo para que “avalen” su documento y lo puedan presentar antes del día 16 de agosto, que es la fecha límite para recurrir la norma. Eso sí, Ada Colau y el representante jurídico que ha coordinado el recurso, Rafael Mayoral, han reconocido, y criticado, que la ley orgánica del Tribunal Constitucional solo autoriza a los parlamentarios y al Defensor del Pueblo a recurrir leyes y no a la sociedad civil.
Lo cierto es que la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, había comunicado a Ada Colau anoche su intención de presentar el recurso, así como la entera disposición de su grupo a abrir a la firma a todos los grupos parlamentarios que lo estimen. La diferencia conceptual está en que la plataforma puede asumir con razón el protagonismo de haber forzado al PSOE a que presente el recurso, pero está en manos de este grupo para que pueda hacerse realidad.
Aun así los activistas hoy mismo se han dirigido al Defensor del Pueblo para que “avale” su recurso y así como intensifica los contactos con otros grupos parlamentarios, no con el PSOE, para que suscriban la impugnación. “Izquierda Plural, ERC y Compromís-EQUO han respondido afirmativamente”, ha informado Colau. Estos grupos no reúnen el número suficiente como para presentar un recurso. Los socialistas lo van a presentar con todos los fundamentos jurídicos de la plataforma, aunque añadirán alguno más, al igual que hicieron con la Iniciativa Legislativa Popular, (ILP), que presentó la plataforma y que el PSOE y el resto de la oposición hizo suya y que fue el embrión de la ley. No obstante, las modificaciones que introdujo el PP provocaron que todos los grupos votaran en contra y esta saliera adelante solo con los votos del PP.
Los argumentos para considerar la ley inconstitucional se basan en la vulneración de derechos humanos, al propiciar desalojos forzosos “sin alternativa habitacional”, por discriminar a los ciudadanos en razón de edad como ocurre con los niños a los que superados los tres años quedan fuera de las causas para demorar la expulsión de su vivienda. La violación de la tutela judicial efectiva es otra de las razones así como la vulneración de la inviolabilidad del domicilio.
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