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Baleares multará por exhibir la bandera catalana en la fachada de las escuelas

La sanción contra los "símbolos no autorizados por la Administración" alcanza los 10.000 euros

El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP, podrá multar con hasta 10.000 euros a quienes exhiban en edificios públicos “símbolos no permitidos o no autorizados” por su propia Administración. Así lo determina en un proyecto de ley regional de símbolos aprobado hoy, hecho a la carta para prohibir implícitamente la exhibición de grandes lazos con las banderas de las cuatro barras catalanas en las fachadas en cientos de escuelas públicas y concertadas de las islas.

Desde hace meses, en las escuelas de Baleares se mantienen lazos con la enseña cuatribarrada, como una manera de mostrar el rechazo a la política educativa, con recortes y giro lingüístico del Ejecutivo de Bauzá. El PP ha reducido el peso oficial de la lengua catalana, cooficial y lengua propia de Baleares, según el Estatuto de Autonomía, en la enseñanza y en las administraciones públicas.

La derecha denomina su acción “en favor de la libertad y contra las imposiciones”. La izquierda y los sindicatos de la enseñanza reprochan al PP que no priorice la lucha contra el paro y la crisis económica. La bandera catalana es asumida por los nacionalistas y catalanistas insulares como una manifestación de unidad cultural alrededor de la lengua catalana.

El Gobierno de Bauzá, según el hombre de confianza del presidente, el vicepresidente Antonio Gómez, sostiene que "no limita la libertad de expresión", sino que lo que pretende impedir las expresiones ideológicas" y “un uso inadecuado de los símbolos". En las fachadas y dependencias oficiales insulares habrá, pues, la bandera española en puesto preferente y de manera obligatoria, junto a la balear y las de las islas, en segundo plano y la de la UE, acaso. Ninguna más.

"Los ciudadanos tienen el derecho de recibir información con total imparcialidad", recalcó el vicepresidente Gómez. El Gobierno balear acentúa su política de bloqueo a las protestas contra sus recortes y acciones de abierto enfrentamiento con sus proyectos. Además el PP busca frenar la influencia pública y en las aulas que considera “una minoría” nacionalista de educadores que “adoctrina”.

El PP considera que desde el sector de la enseñanza, bajo influencia nacionalista y catalanista, se alienta una oposición pública frontal a su política. Así quiere vetar ese rechazo. El primer borrador de la ley fue objetado por inconstitucional por el Consejo Consultivo de Baleares al entender que se imponía la censura o un veto previo al reclamar autorización para colgar cualquier símbolo.

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Durante meses, la autoridad autonómica no ha logrado imponer la retirada de los lazos que reivindican la lengua propia y recalcan la unidad de la catalanidad cultural y lingüística. Nacionalistas y grupos de izquierdas de Baleares señalan que la ley de símbolos expresa "una actitud represora" de la libertad de expresión, “un recorte de los derechos”.

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