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Daniel de Alfonso | Director de la Oficina Antifraude de Cataluña

“El líder de un país no genera confianza cuando está preso de las sospechas”

Daniel de Alfonso cree que los ciudadanos pasarán factura en las urnas a los grandes partidos

"Es probable que se note en las próximas elecciones", opina

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Daniel de Alfonso, responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Nacido en Madrid en 1964, es licenciado en Derecho y, tras ser magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña el 21 de julio de 2011. Esta institución, dependiente del Parlamento autonómico, tiene la misión de velar para que la actuación de los poderes públicos sea transparente y honrada. Desde este puesto, Daniel de Alfonso goza de una privilegiada atalaya sobre la corrupción que emponzoña la vida política española. "La sociedad ha dejado de ser tolerante con la corrupción y eso casi seguro que se hará notar en las próximas elecciones", dice.

Pregunta. A la vista de la situación, ¿es España el paraíso de los corruptos?

Respuesta. La corrupción es inmensa, pero no más que en otros países. Lo bueno es que en España se ha destapado y que hay mecanismos para prevenir estos hechos. Y otra cosa: los casos que hay ahora, no son de ahora. Hoy los hemos conocido, pero ocurrieron hace 20 años. Basta ver los apuntes contables de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. La sociedad española ha dejado de ser tolerante con la corrupción.

P. La sociedad ha dejado de ser tolerante con la corrupción, según afirma usted. Sin embargo, la sociedad todavía no ha castigado electoralmente a los corruptos, que en muchos casos siguen en el poder...

R. Es probable que se note en las próximas elecciones. Se va a pasar del bipartidismo a una multitud de partidos. Los ciudadanos van a pasar factura en las urnas a los grandes partidos. Tienen que ser los partidos quienes ejerzan el control contra la corrupción. Y cuando hay bipartidismo, eso es difícil.

P. ¿Pero no ha sido la sociedad demasiado tolerante hasta ahora con la corrupción?

R. Era tolerante. Mire usted, el corrupto es un mentiroso. Esa mentira es el traje que viste a la corrupción. La sociedad, hasta ahora, solo se había fijado en ese traje, que reflejaba el triunfo y el poder.

Yo propongo la inclusión del delito de aumento injustificado del patrimonio. Así iría a prisión gente que hoy campa por la calle

P. Ya que habla de trajes, en Valencia no se ha reflejado hasta ahora el reproche social hacia los corruptos...

R. Seguro que eso variará.

P. ¿Y qué me dice de Cataluña? Ahí también hay una ristra de casos de corrupción.

R. Cataluña no se escapa del sentimiento que hay en el país, no hay distingos. Yo instruí en su día, como juez, el caso Pallerols. Lo bueno de Cataluña es que se ha dotado de una Oficina Antifraude que inyecta confianza a los ciudadanos. Y le aseguro una cosa: la oficina no recibe ninguna presión de nadie. De nadie. Los casos de Cataluña también son antiguos. En la actualidad, hay muchísimos menos.

P. ¿Hace falta que los Gobiernos y las instituciones actúen de forma más decidida?

R. Haría falta un líder que estuviera tranquilo porque no tiene miedo de nada. En la lucha contra la corrupción, yo le daría un 7 a Cataluña y un 4,5 al Gobierno central.

P. ¿Se refiere al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando habla de ese líder que estuviera tranquilo? ¿Cómo habría actuado usted si fuera Rajoy?

R. Habría puesto la contabilidad del partido a disposición de la sociedad para que esta viera si hubo sobresueldos o no. Ante las sospechas, habría dicho: aquí están las cuentas. Así habría disipado las dudas en 10 días. No se puede gobernar con esa espada de Damocles encima. El líder de un país no puede generar confianza cuando está preso de las sospechas.

P. ¿Qué más se puede hacer a través de la ley en contra de los corruptos?

R. Yo le he propuesto al presidente de la Generalitat la inclusión del delito de aumento injustificado del patrimonio. Sería algo así como decirle a un señor: usted cobra del dinero público, usted ha aumentado su patrimonio injustificadamente, y usted debe demostrarme cómo ha ganado ese dinero. Esa es una modificación legal que debería hacer el Parlamento español. Si esto se castigara, entraría en prisión la gente que ahora campa por la calle. Así se haría un juicio rápido.

P. Esa medida sería similar a como ahora se actúa ya con los narcotraficantes: que se les incautan los bienes y deben ser ellos quienes prueben luego que los obtuvieron de forma lícita.

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Alonso, en otro momento de la entrevista.

R. Sí, algo así. Eso permitiría recuperar el dinero sustraído. Las denuncias recibidas en la Oficina Antifraude, por ejemplo, dan pie a investigaciones por un montante total de 85 millones de euros en el primer semestre de 2013.

P. ¿Hacen falta más reformas legislativas en la lucha contra la corrupción?

R. Yo abogo por una reforma procesal para crear la figura del wistleblower (denunciante), de forma que a este se le ofreciera una recompensa por denunciar a los corruptos, que se le diera un porcentaje del dinero que se consiguiera recuperar. La corrupción tiene que destaparse desde dentro.

P. ¿Hay que endurecer la ley para castigar más severamente a los políticos sin escrúpulos?

R. No es necesario endurecer la ley. Pero, por ejemplo, a nivel educativo se podría poner una asignatura de ética y moral. Una asignatura seria, no una maría. Creo que es necesario que pase una generación, unos 20 años, para que los jóvenes de hoy tengan una clara ética de lo público.

P. ¿Se puede hacer algo más?

R. Puede que fuera una buena idea crear un impuesto a la repatriación de capitales. A los que tienen dinero en el extranjero, les daría un plazo y si no lo traen a tiempo, se les pondría un impuesto elevadísimo.

P. ¿Está relacionada la gran corrupción política con la burbuja inmobiliaria?

R. Sin duda. Por la recalificación de terrenos, la construcción...

P. ¿Y no son sospechosas las donaciones de este tipo de empresas al PP u otros partidos?

La infanta Cristina podría ser responsable civil a título lucrativo de los delitos de corrupción que se le imputan a su marido

R. No creo que esas donaciones sean gratis, ni que sean a cambio de nada. Y si hay un político que lo crea, es que es tonto o se lo hace.

P. El PP se queja de la lentitud de la justicia en la instrucción de los casos de corrupción. ¿Cómo se podrían acelerar?

R. La rapidez no es cosa de los juzgados, sino del Parlamento, que es el que hace las leyes. No se puede culpar a los jueces.

P. ¿Lo está haciendo bien el juez José Castro en el caso Urdangarín?

R. El juez Castro lo está haciendo bien. Es verdad que la Infanta pudiera no ser autora de nada, pero sí podría ser responsable civil a título lucrativo de los delitos de corrupción que se le imputan a su marido.

P. ¿Qué sabe del espionaje que dice haber sufrido la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho?

R. Eso está bajo secreto sumarial. Pero estoy seguro de que hay más de lo que parece. No es solo la grabación de una conversación entre dos mujeres.

P. Hay otro asunto que la ciudadanía no acaba de entender: los indultos a banqueros, a políticos condenados, a evasores, etcétera. ¿No debería el Gobierno explicar las razones que le llevan a perdonar a estas personas?

R. Por supuesto. La ley obliga a los jueces a dictar sentencias fundamentadas. ¿Por qué no ocurre lo mismo con los indultos? Después del trabajo que supone para jueces, fiscales y abogados hacer la instrucción y juzgar a una persona, hay indultos que suponen un fraude a la Administración de Justicia. La ley del indulto necesita una reforma urgente.