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El Gobierno apoya la militancia de Cobos en el PP y cree que no le inhabilita

“Despolitizar las instituciones consiste en respetar la división de poderes” Fernando de Rosa recomienda que esos cargos se alejen de la política

Carlos E. Cué

Cuando Carlos Dívar, entonces presidente del Tribunal Supremo, se colocó hace un año en una situación políticamente insostenible por el escándalo de sus viajes de fin de semana pagados con cargo al erario público, Alberto Ruiz Gallardón, ya entonces ministro de Justicia, fue quien más claramente salió en su defensa. Era por respeto y defensa de la estabilidad institucional, argumentó entonces. Aunque en privado pudiera maniobrar, en público el Gobierno siempre le apoyó, hasta que dimitió. El ministro de Justicia salió ayer a defender sin matices al presidente de otro órgano clave, el Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Y esta vez con más motivos políticos porque fue este Gobierno quien propició que se hiciera con la presidencia, algo que no sucedió con Dívar.

Ruiz Gallardón fue el encargado defender el asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a pesar de que tenía a su lado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable directa de la negociación con el PSOE y de la composición y presidencia del Constitucional, incluida la presencia en este órgano del polémico Enrique López, también muy cercano al PP aunque no militante.

Gallardón trató primero de esquivar el tiro alegando que la decisión no compete al Gobierno: “Este tribunal es un órgano constitucional y por tanto su regulación corresponde directamente a la Constitución, nada tiene que manifestar el Gobierno”.

Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón.
Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón.Álvaro García

La prensa insistió. “¿Además de legal, es ético que un militante del PP presida el Tribunal Constitucional?”. Gallardón defendió entonces de forma cerrada la compatibilidad de la militancia. “Haber militado en un partido político no inhabilita para ejercer puestos de responsabilidad”, aseguró el ministro, obviando que a Pérez de los Cobos lo que se le reprocha es que seguía siendo militante después de llegar al Tribunal Constitucional y que ocultó ese aspecto en su audiencia ante el Senado. Fue nombrado magistrado en 2010 y al menos hasta finales de 2011 siguió en el PP y además sin comunicar esa condición a los senadores que evaluaron su idoneidad. Gallardón apeló a su pasado: “Yo militaba en un partido y me tuve que dar de baja cuando entré en la carrera fiscal. Y después volví a militar en el mismo partido”.

Al ministro también le preguntaron si esto no puede dar origen a recusaciones de todo tipo, y se le recordó que el PP recusó al exmagistrado Pablo Pérez Tremps solo porque había hecho trabajos académicos para la Generalitat de Cataluña. Durante la rueda de prensa no se sabía aún que Baltasar Garzón iba a pedir la “nulidad absoluta” de la decisión del Constitucional sobre su condena. Gallardón se mostró aparentemente tranquilo aunque en privado el Gobierno y el PP admiten el daño de imagen a la institución que está provocando la revelación de EL PAÍS de que De los Cobos pagó sus cuotas de afiliado al menos hasta 2011.

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Gallardón apeló a que en el pasado ha habido casos similares del PSOE para descartar una oleada de recusaciones. “Este es un supuesto que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, con diferentes formaciones, en el Constitucional, en el Consejo de Estado, con vocales del Poder judicial, esa es la realidad. En ningún momento pertenecer a una formación política se ha entendido como causa de recusación”.

El PP prometió en su programa electoral “despolitizar las instituciones”. Cuando se le preguntó a Gallardón si es “despolitizar” que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Constitucional estén dirigidos por conocidos militantes o exmilitantes del PP, contestó: “Nosotros naturalmente que cumplimos y ejercemos nuestro programa electoral. La despolitización no consiste en analizar los curricula para excluir a las personas, sino en el respeto que un poder el Estado debe tener a los otros poderes. Despolitizar significa que las decisiones del Poder Judicial o del Constitucional nacen y se ejecutan allí sin ninguna interferencia del Ejecutivo. Y eso, por indicación del presidente, este Gobierno lo ha ejercido desde el primer día”.

A pesar de esta defensa cerrada del Gobierno, a Pérez de los Cobos le llegaron críticas incluso del entorno del PP. El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, que fue consejero de Justicia en Valencia con Francisco Camps, señaló que la militancia de De los Cobos es una cuestión de “su vida privada” aunque añadió que en cargos como el que ocupa es aconsejable que estén alejados del ámbito político.

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