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El delito contable atrapa al extesorero

La investigación acredita una infracción castigada con cárcel Anticorrupción decide hoy si declaran Cospedal, Cascos y Arenas

Luis Bárcenas, senador del Partido Popular, durante la comisión de Asuntos Iberoaméricanos en mayo de 2009.
Luis Bárcenas, senador del Partido Popular, durante la comisión de Asuntos Iberoaméricanos en mayo de 2009. Álvaro García

El extesorero del PP Luis Bárcenas abandonará la prisión de Soto del Real (Madrid) el próximo lunes para declarar de nuevo ante el mismo juez que investiga sus 48 millones en Suiza y que ordenó su ingreso en prisión, Pablo Ruz. A juzgar por los últimos movimientos de Bárcenas una vez recluido (ha hecho llegar a El Mundo una hoja original con dos caras que refleja varios años de la caja b del partido, cuyas copias adelantó EL PAÍS hace cinco meses), el extesorero popular parece decidido a avalar la veracidad de esas cuentas y a tirar de la manta.

Los investigadores ya lo tenían acreditado con testimonios y otras pruebas, pero en cuanto Bárcenas abra la boca y admita la veracidad de esas cuentas, se autoinculpará de la comisión de un delito contable del artículo 310 del Código Penal, que castiga con entre cinco y siete meses de cárcel “al gestor” que lleve en su empresa una contabilidad opaca al fisco, una caja b.

En cuanto asuma la veracidad de las cuentas, asumirá el delito

El lunes, Ruz preguntará a Bárcenas si él es autor de la hoja original (cuyo contenido coincide con el de las copias). Si dice que sí (pues ha sido él quien la ha hecho pública supuestamente a través de su esposa, lo que se interpreta como un cambio de estrategia para chantajear al Gobierno), el citado delito contable quedará asumido y consumado, sostienen los citados medios. Y no es el único ilícito penal al que se enfrenta Bárcenas: la justicia le persigue por supuestos delitos de cohecho, fiscales y de blanqueo de capitales en relación con el caso Gürtel. Y los investigadores están convencidos de que parte de su fortuna en Suiza procede, no solo de las comisiones de Gürtel, sino también de las donaciones que supuestamente hicieron llegar al PP algunos empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

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Fuentes de la investigación sostienen que, jurídicamente, la hoja hecha pública por Bárcenas no aporta nada nuevo a la causa, ya que “se habían dado por buenas las copias” de las cuentas, 14 páginas, que aportó EL PAÍS a la Fiscalía Anticorrupción, a petición de esta, el pasado 3 de febrero. Las copias se dieron por buenas, según estos medios, porque se hicieron dictámenes periciales que acreditan que la letra que figura en ellas pertenece a Bárcenas. Al margen de que la policía analizó esas cuentas y determinó que existe plena coincidencia entre ellas y las oficiales que el PP entregó a Ruz. Algunas donaciones excedían el límite legal y fueron fraccionadas por Bárcenas al incorporarlas a la contabilidad oficial para escabullirlas del Tribunal de Cuentas. Y es que en los papeles de Bárcenas figuran aportaciones económicas de empresarios muy superiores al límite máximo de donación (60.000 euros) por persona y año que hasta 2007 establecía la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Para que no rebasasen ese límite, Bárcenas troceó las donaciones en las cuentas oficiales.

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Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción decidirá en la mañana de hoy si deben comparecer como testigos ante Ruz, en relación con esta causa, la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, y el extesorero Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas al frente de las finanzas del PP. Descartada de momento por Ruz la comparecencia del expresidente José María Aznar, la coalición IU, querellante en el caso de los papeles de Bárcenas, quiere que Cospedal explique “el procedimiento seguido” en el PP “para la recepción de las donaciones anónimas” que percibió el partido entre los años 1992 y 2008, e igual pide que hagan Arenas y Álvarez-Cascos cuando ocuparon ese mismo puesto en sus respectivos periodos de 1999 y 2002 y entre 1989 y 1999.

Bárcenas es investigado por cohecho y blanqueo de dinero

También decidirá hoy Anticorrupción si Ruz debe requerir al PP para que oficialmente le relacione “de forma detallada las personas” o empresarios que acudieron al PP entre 1992 y 2008 y qué cantidades entregaron estas en donaciones al partido. Y no solo eso: también que el PP concrete qué se hizo con ese dinero, y si, como han declarado en la causa algunos testigos, fue entregado al partido en efectivo. En las diligencias consta que el dinero llegó en metálico a las manos de los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, y que estos luego lo entregaban a subordinados suyos para su ingreso en la cuenta especial de donaciones que por exigencia legal abrió el PP en el Banco de Vitoria (luego Banesto). Según fuentes de las pesquisas, la decisión final de la fiscalía sobre estas pruebas se adoptará en la mañana de hoy y se traducirá en un informe que se hará llegar a Ruz.

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