La imputación de 20 cargos provoca un terremoto en la Junta de Andalucía

El terremoto que ha sufrido la Junta de Andalucía esta semana con la imputación de 20 altos y ex altos cargos puede tener nuevas sacudidas para sus dirigentes. Y si los temblores llegan, lo peor para el Gobierno autónomo es que serán probablemente de mayor intensidad. El pronóstico judicial es compartido por todos los alayólogos (expertos en la instrucción de la juez Mercedes Alaya del caso de los ERE) y cualquier conocedor de la gestión a alto nivel de la Administración pública.

Alaya ha puesto en jaque a la Junta con su imputación masiva que afecta al corazón ejecutivo de tres consejerías. Y su tesis está clara: todo cargo en la cúpula de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento del fondo de los ERE y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (2001-2010), tiene responsabilidad penal. Por eso es muy probable que los cargos imputados se multipliquen, también en dirección a la cúpula del Ejecutivo.

Es muy probable que Alaya apunte ahora a la cúpula del Gobierno andaluz

La argumentación de Alaya para las nuevas imputaciones ha sido muy escueta, pero para acusar a la exministra Magdalena Álvarez, esgrime dos motivos. Por un lado sostiene que “corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad”. Por otro, afirma que Álvarez “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación (fórmula para pagar los ERE con menor control de la Intervención que las subvenciones excepcionales, utilizadas antes de 2001)”.

Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, fue consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004. Y su sucesor al frente de dicha consejería fue José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía. Durante el mandato de este en Hacienda (2004-2009) las transferencias de financiación continuaron al igual que los desfases y las ampliaciones presupuestarias. Sin embargo, el factor añadido que la juez considera clave es que su departamento ignorara los informes de la Intervención General que durante cinco años se repitieron con alertas significativas sobre la opacidad del sistema de pagos. Griñán ha negado haber accedido a los informes, pero sí los recibió la actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, a la que supuestamente informó también de manera verbal el ex interventor general Manuel Gómez, según declaró su número dos Teresa Arrieta ante la Guardia Civil.

“Jugamos a la gallina ciega con la juez”, se quejan en el PSOE regional

Tanto Griñán como Martínez Aguayo son aforados, por lo que si Alaya decide imputarles debe enviar esta vía de la gestión política al Tribunal Supremo.

El auto de Alaya trascendió solo cinco días después de que el presidente de la Junta anunciara que no se presentará a las próximas elecciones, iniciara el proceso de su sucesión y el PSOE andaluz convocara primarias. “La coincidencia de los autos con los momentos políticos es obvia... ¿Por qué estas personas sí y otras no?”, interrogan fuentes de la Junta sobre la aparente elección selectiva de imputados.

Oficialmente, el Gobierno andaluz mantiene que no existe ninguna relación entre el auto de Alaya y la decisión de Griñán de precipitar su relevo como candidato a la Junta en un Pleno del Parlamento andaluz hace una semana. Destacan que no es la primera vez que el dedo de la instructora señala al entonces consejero de Economía y Hacienda. Asimismo, hacen hincapié en la incoherencia de la juez de dejar fuera de sus autos a todos los aforados (en tal caso debería enviar la exposición razonada de indicios al Supremo) y apuntar a ex altos cargos que no tienen inmunidad parlamentaria. “Jugamos a la gallina ciega con la juez”, afirma un destacado miembro del PSOE. “Otra cosa es que Griñán en su fuero interno piense que ese momento pueda llegar”, añade esta fuente, que reconoce que no le ha escuchado al presidente esa reflexión.

Ahora bien, el asunto sí ha afectado al Gobierno de coalición PSOE-IU. De hecho, el mismo día en que se conoció el auto, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida, abogó por la dimisión del viceconsejero imputado de la Presidencia, Antonio Lozano. Aunque IU va a esperar a que se presenten los recursos a la Audiencia y confía en que los jueces tumben el auto de Alaya, no quiere que ningún imputado se siente en la mesa del Consejo de Gobierno. De hecho, Lozano, un hombre de confianza de Griñán desde sus tiempos como responsable de Economía, ha decidido no actuar como secretario de actas del Ejecutivo.

El calendario para que declaren los 20 imputados podría acelerarse, y si la primera comparecencia está prevista el 25 de julio, es posible que a principios de otoño ya haya declarado esta tanda de acusados por la rama política, según fuentes del caso. Eso sí, Alaya instruye al mismo tiempo la causa de los suelos y el delito fiscal de Mercasevilla además del caso Betis. La carga de trabajo de las cuatro causas supera de largo el centenar de imputados.