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PSOE e IU denuncian “la paralización” de la Ley de Memoria Histórica

Los portavoces se comprometen a reavivar las demandas de exhumaciones y desapariciones

Anabel Díez
Llamazares, en el pleno del Congreso del pasado jueves.
Llamazares, en el pleno del Congreso del pasado jueves.CHEMA MOYA (EFE)

No cejan en su intento de que los crímenes del franquismo y la represión durante la posguerra no queden sepultados. Esto es lo que han transmitido los representantes de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, formada por más de un centenar de asociaciones de Víctimas y de la Memoria Histórica, a los representantes de los grupos parlamentarios con los que se han reunido, uno a uno, en el Congreso. Con matices, todos se han comprometido a tomar alguna iniciativa. La plataforma pretende que los grupos parlamentarios presenten una proposición no de ley en la que se inste al Gobierno “a constituir una Comisión de la Verdad Histórica”. A esta reivindicación se une la preocupación por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno anterior. Tanto Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, como el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares denuncian “la paralización” de su aplicación.

“Es la manera de operar del Gobierno: no deroga algunas leyes pero no las aplica y eso pasa con la ley de Memoria Histórica”, ha señalado Llamazares a EL PAÍS. El problema se ahonda por el margen de discrecionalidad que dejó esa norma, de modo que las administraciones no tienen el mandato expreso de colaborar activamente en la búsqueda de desaparecidos. “Cada uno hace lo que quiere, por ejemplo, en materia de supresión de símbolos de la dictadura”, señala Llamazares. Por su parte, Soraya Rodríguez, ha afirmado categóricamente que “hay una paralización absoluta en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con obstáculos continuos para llevar a cabo las exhumaciones”.

Los socialistas, al igual que el resto de los grupos de oposición, se han comprometido a elaborar un texto que mostrará a la Plataforma el próximo mes de septiembre. La fecha no es caprichosa sino que coincidirá con la visita a España, y al Congreso de los Diputados, del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. A este respecto, el diputado Gaspar Llamazares ha obtenido el acuerdo del presidente del Congreso, Jesús Posada, de facilitar el encuentro de ese comité con los parlamentarios españoles.

Entre tanto, los portavoces parlamentarios han escuchado de la Plataforma por la Comisión de la Verdad su sentimiento de “desamparo judicial” hacia las víctimas del franquismo “por la inacción de la Justicia”. “Con cordialidad” les ha escuchado el diputado del Grupo Popular Leopoldo Barreda, según han narrado miembros de la plataforma. Como los demás portavoces, se ha comprometido a llevar al ánimo del PP y de su grupo parlamentario las demandas de la Plataforma.

La buena acogida se la han dispensado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y también los de Izquierda Plural, ERC, Coalición Canaria–Nueva Canaria, BNG y Amaiur, además del PSOE.

La Plataforma ha recordado además a los grupos que España ha de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que el establecimiento de una Comisión de la Verdad –mecanismo empleado por más de 40 países en procesos de esta naturaleza- se manifiesta como un instrumento esencial para garantizar el derecho de las víctimas del franquismo a la justicia, la verdad y la reparación.

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En opinión de la plataforma, el texto que elaboren los grupos parlamentarios debe incluir el aval a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la obligación de investigar los todavía 150.000 desaparecidos y 30.000 niños robados, y la exhumación de las fosas. Y no olvidar. Así consideran esencial el conocimiento de las nuevas generaciones del pasado, con su inclusión en los textos escolares, para “garantizar que no se repetirá”.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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