Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

El Gobierno recurre en el Constitucional el decreto antidesahucios andaluz

El Consejo de Ministros acuerda recurrir la norma al creer que invade competencias

 EL PAÍS - LIVE!

El Gobierno central ha hecho lo que el PP andaluz quería evitar que hiciera: recurrir el decreto de la Junta contra los desahucios. Lo ha acordado este viernes el Consejo de Ministros y lo defendió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con tres argumentos jurídicos: “Afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad”.

La decisión está tomada, diga lo que diga el Consejo de Estado, al que el Ejecutivo ha pedido que, con urgencia (tres días), presente un informe sobre la constitucional de la norma andaluza. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Santamaría se amparó también en las dudas mostradas por la UE hacia el decreto andaluz y, sobre todo, en una supuesta invasión de competencias por parte de la Junta que generaría, según la vicepresidenta, desigualdad entre los ciudadanos andaluces y el resto. El pleno del Parlamento de Navarra también aprobó esta semana, con el voto en contra de UPN y PPN, una norma similar para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, presentada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai.

El recurso se presentará con dos partes del articulado del decreto: el artículo uno, que modifica la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda, que hace referencia al Estatuto de Autonomía y la competencia del Consejo de Gobierno para la elaboración de reglamentos generales de su leyes autonómicas.

El recurso ha cogido más a contrapié al PP andaluz que a PSOE e IU. Los populares, que se abstuvieron en la convalidación del decreto en el Parlamento, no querían que se recurriera porque supone entregar a la Junta el argumento de que el PP solo defiende a la banca.

Todo indica que los populares andaluces no sabían que el Gobierno había decidio llevar la norma al Constitucional. Este viernes, a la vez que se celebraba el Consejo de Ministros, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, minimizaba el impacto que ha tenido hasta ahora el decreto e instaba a la Junta a desarrollar “las otras medidas” de la norma, como las de fomento del alquiler, que contempla multas para los bancos que mantengan casas desocupadas. Horas después, la misma Martínez consideró “lógica” la postura del Gobierno y la achacó a que PSOE e IU han rechazado las enmiendas presentadas por el PP.

Desde que se presentó la norma, en las ocasiones en las que se les ha preguntado si el Gobierno debía recurrirlo, el PP regional nunca ha dicho que sí. Juan Ignacio Zoido aseguró en abril que la posibilidad de llevarlo al Constitucional no se había “contemplado”, mientras que su número dos, José Luis Sanz, consideró que sería “una pérdida de tiempo” que el Gobierno se dedicara a estudiar un recurso al Constitucional del decreto andaluz. Según Sanz, el único objetivo de la Junta era “provocar” al Ejecutivo para que la recurriera y pareciera así que daba la espalda a los ciudadanos, por lo que, en su opinión, Rajoy no debía entrar en el juego.

Pero, en el supuesto de que eso fuera lo que querían PSOE e IU, el Gobierno central ha dado el paso. El gobierno andaluz niega que esperara el recurso, pero sí que ha retado al Gobierno a presentarlo para obligarle así a definirse. La última vez, el pasado martes, después de que el Ministerio de Economía le enviara una carta de los servicios del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en la que Bruselas advertía de los posibles efectos negativos del decreto en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad de la banca.

La Junta advirtió que el desarrollo del decreto iba a seguir según lo previsto y recordó que la Unión Europea no tiene competencias para frenarlo. “La única manera de retirar el decreto ley es que fuera inconstitucional”, señaló la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). Ya hace unas semanas el Ejecutivo de Rajoy difundió un correo electrónico en el que Bruselas, supuestamente, cuestionaba la norma andaluza, aunque luego se vio que ese cuestionamiento no era tal y la Junta lo interpretó como un intento del Gobierno de criticar el decreto sin mancharse las manos. Cuando esta semana Madrid hizo pública la carta de los servicios de Rehn, la Junta aseguró que estaba buscando una “coartada” para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Tras conocer ayer el acuerdo del Consejo de Ministros, la Junta vio cumplida su sospecha. Según la Consejería de la Presidencia, la decisión es una prueba de que el Gobierno “da la espalda a los ciudadanos” y “se pone del lado de los mercados y de la banca”. “Llama poderosamente la atención la falta de sensibilidad del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ante el drama de los desahucios”, señaló la consejera Susana Díaz. “¿Cómo van a poder mirar a la cara a la gente que está pagando las consecuencias más dañinas de esta crisis recurriendo esta medida mientras al mismo tiempo le inyecta 41.000 millones de euros a los bancos?”, se cuestionó.

Los pasos de la norma

La Junta presentó el nueve de abril su decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
La primera valoración del PP fue criticar el decreto por considerarlo una “copia” de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy contra los desahucios. Después pasó a infravalorarlo al advertir que “solo arregla el problema de 200 personas”, la cifra dada por el Ejecutivo andaluz de familias que podrían librarse del desalojo gracias a la nueva norma.
El 9 de mayo, el Gobierno difundió que Bruselas había remitido un escrito en el que cuestionaba el decreto andaluz por su impacto en la banca. Días después, la Comisión Europea rebajó el tono que el Gobierno español otorgó a esas dudas y precisó que lo que había hecho Bruselas era enviar una comunicación al ministerio para pedir más información sobre ese decreto y su impacto en la banca española.
La norma siguió su curso y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el 23 de mayo a primera expropiación, a favor d euna familia de Huelva. Desde entonces, ya se han producido otras seis.
E Esta semana, los servicios del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, han enviado una carta al Gobierno para advertir de los efectos negativos del decreto andaluz por su impacto sobre el ajuste en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad del sistema financiero. La Junta lo interpretó como una “coartada”· del ejecutivo para recurrir el decreto al Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acordó ayer presentar el recurso.