CC OO y UGT se apoyan en auditorías externas para desvincularse de los ERE

UGT y CC OO insistieron este viernes en desmarcarse de las acusaciones lanzadas por la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares en Andalucía. La magistrada, en un auto redactado esta semana, sostuvo que las dos centrales se habían financiado irregularmente a través de los expedientes de regulación de empleo. Alaya estima que CC OO y UGT cobraron sobrecomisiones en la tramitación de los ERE. También sospecha Alaya que existe “un entramado empresarial que estaría recibiendo financiación de manera irregular y cuyos responsables nada tendrían que ver con los beneficiarios legales de las subvenciones públicas”. Por esta razón ha ampliado la investigación sobre el dinero de la Junta de Andalucía tramitado por la principal aseguradora implicada, Generali, para los expedientes de regulación de empleo, según un auto entregado este viernes a las partes.

La juez investiga en estos momentos los movimientos de fondos de la Junta a través de “las diferentes aseguradoras y mediadoras partícipes en la formaliza-ción de pólizas de seguros”. El origen de esta línea de la instrucción es que la información aportada por la Junta no coincide con la obtenida de Generali en relación con los diferentes pagos que esta realizaba para cubrir las primas de las pólizas, por lo que la magistrada señala que la Guardia Civil recabará más datos de esta entidad.

La información de Generali fue remitida en febrero de 2012 y contenía un “fichero depurado”, según la juez. La aseguradora sostuvo entonces que los datos que faltaban eran de menor entidad. Ahora los han recuperado y Alaya afirma que esa información podría “modificar sustancialmente los cálculos realizados hasta la fecha sobre las posibles comisiones pagadas por la Junta”.

Sobre la implicación de los sindicatos en el caso, los secretarios generales de CC OO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, respectivamente, defendieron este viernes la “transparencia” de sus cuentas, así como el papel que desarrollan los sindicatos en las negociaciones que se llevan a cabo en las empresas cuando se hay un ERE. Ambos también reclamaron al PP andaluz que “dé ejemplo” y “abra sus puertas y ventanas”.

Los responsables andaluces de las dos organizaciones sindicales salieron así al paso de las acusaciones de los populares andaluces, que han pedido a CC OO y UGT que hagan una auditoría interna para “depurar responsabilidades”.

Carbonero y Fernández insistieron en que los dos sindicatos ya se someten a “auditorías externas”, entre otros motivos porque la Ley de Subvenciones les “obliga” a ello.

Carbonero explicó que CC OO en Andalucía se somete anualmente a auditorías externas realizadas por empresas que son directamente elegidas por la confederación sindical, es decir, no por la federación andaluza, y que “cada subvención que reciben” también está sujeta a dicho proceso para “justificar su legalidad”.

Fernández incidió en que las cuentas de UGT son “transparentes en lo externo y en lo interno”. El responsable andaluz de UGT sostuvo que un órgano de control económico “revisa” sus cuentas “periódicamente” y elabora “un informe que lleva a sus órganos de control”. Esta organización encarga “adicionalmente” auditorías externas, “tanto anualmente como en periodos de fin de mandato”. El líder andaluz de UGT explicó que las cuentas están “a disposición de quien las necesite”, tanto de afiliados como de la Administración, pero “no para dárselas al PP”. “No creo que el PP nos diera las suyas”, añadió.

Carbonero pidió “más decencia” al PP, al que atribuye “un desconocimiento absoluto de la realidad”. Y Fernández animó a los populares a que “empiecen por dar ejemplo si quieren transparencia y den su contabilidad a quienes se la tengan que dar”.

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, también defendieron este viernes viernes a sus compañeros andaluces. Fernández Toxo declaró que es “muy urgente” que concluya la instrucción del caso de los ERE y se pase a la siguiente fase judicial para que la “indefensión” que sufren los sindicatos tenga una “aclaración suficiente”.