La fiscalía quiere acusar a Urdangarin por fraude a la seguridad social en Aizoon
Hacienda analiza un posible cuarto delito fiscal por los pagos de Aguas de Valencia en Suiza El fraude se habría cometido en la sociedad que comparte con la infanta Cristina
La Fiscalía Anticorrupción valora la posibilidad de incrementar con una posible nueva carga penal la acusación contra Iñaki Urdangarin. El fiscal Pedro Horrach —tras escuchar al último arrepentido, Mario Sorribas, ex mano derecha del duque— quiere solicitar al juez del caso Nóos, José Castro, que la Seguridad Social filtre y compute todas las fichas de altas, bajas y cuotas de cotización de supuestos trabajadores que tramitó la empresa familiar de los duques de Palma, Aizoon. Horrach cree que existe fraude al Estado y que puede ser delictivo.
Por otra parte, la Agencia Tributaria y la Fiscalía no han cerrado el cupo de posibles delitos fiscales de los que acusar a Urdangarin. Ahora carga con tres supuestos fraudes a la Hacienda Pública, dos por los cuantiosos ingresos de consejero que facturó a través de Aizoon y otro por el impuesto de sociedades. Los técnicos tributarios han de analizar, nuevamente, si los 375.000 euros que el duque de Palma y sus testaferros cobraron de Aguas de Valencia en dos ejercicios, sin sobrepasar la cuota delictiva (de 120.000 al año) han de ser consignados como un ingreso de un solo ejercicio. Ello representaría otro presunto delito contra la Hacienda Pública. Los fondos llegaron a cuentas de Suiza. Hasta ocho personas intervinieron en la operación.
Además, los indicios de un otro posible delito, el de fraude a la Seguridad Social en Aizoon, se anotarían en el caso, también, de que se computen 120.000 euros de defraudación de cuantía anual en la misma sociedad, por la gestión de los contratos laborales de una plantilla que se considera irreal.
En la plantilla laboral de esta sociedad patrimonial de Urdangarin y Cristina de Borbón, Aizoon figuraron, en total, más de veinte supuestos empleados de los que la mitad aparentó ejercer labores concretas de apoyo a Urdangarin en sus tareas de consejero/asesor/consultor de multinacionales y en tareas domésticas. El duque facturó ilegalmente a través de Aizoon, según el fiscal, al dar a entender que se respaldaba en la plantilla de la misma.
Para la acusación la inmensa mayoría fue de trabajadores ficticios cuya contratación ayudaba a restar impuestos y obtener beneficios a su propiedad, devoluciones, deducciones y exenciones de forma indebida. Aizoon no tenía una actividad real económica, solo una ficción laboral, según la acusación.
La Fiscalía pondera esta nueva línea de posible fraude, al final de indagación, tras escuchar el pasado lunes las declaraciones de Mario Sorribas, exapoderado de Iñaki Urdangarin y único empleado real que tuvo Aizoon, según el mismo declaró, hasta su despido laboral en 2012. Sorribas, que actuó en un plan de colaboración con la investigación, señaló al juez y al fiscal que desconocía, una a una a las personas todas que le relacionaron como teóricos empleados y negó que trabajaran para la empresa.
En la correspondencia incluida en el sumario del caso hay comunicaciones de la secretaria de Iñaki Urdangarin, Julia Cuquerella, que pregunta a su interlocutor si se conocía a alguien que quisiera estar de alta y cotizar. La hermana de Cuquerella, Olga, la asistente de Julita, y su nuera fueron incorporadas a la teórica nómina de Aizoon.
Tres sobrinos de Urdangarin, Jan, Lucía y Lucas Gui figuraron en la supuesta plantilla. Se fichó a estudiantes y personal de tareas domésticas que no ejercía labores técnicas especializadas en la compañía. Otros seis empleados del Instituto Nóos pasaron a formar parte, sin ellos saberlo, de la nómina de Aizoon con la misma intención de simulación.
En los informes policiales y de la Agencia Tributaria que obra en la causa se señala que el teórico personal de Aizoon ayudó a la obtención de beneficios de una forma que se considera sospechosa e irregular. En los primeros análisis, que abarcan seis años de actividad de Aizoon se establece que existió una intención defraudatoria. La Audiencia de Palma determinó en su auto que Aizoon era una sociedad pantalla para defraudar, extremo que la Agencia Tributaria no llega a señalar.
