El sindicato de funcionarios se someterá “sin matices” a ley de Transparencia

Abrir las puertas y las ventanas y tener las paredes de cristal resulta imprescindible para que los sindicatos “tengan credibilidad y el respaldo de los ciudadanos”. Por eso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se someterá “sin ningún tipo de matices” a los dictados de la futura Ley de Transparencia. Esa disposición la ha mostrado su presidente, Miguel Borra, al considerar que los sindicatos son entidades al servicio de la ciudadanía y deben, por tanto "rendir cuentas como el resto de las instituciones que reciben fondos públicos”. Así se ha expresado Borra tras una reunión con los representantes de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), que ha mostrado su disposición a “colaborar” con los grupos parlamentarios para la redacción de la ley.

También CC OO y UGT han pedido entrar en el ámbito de la ley aunque han recordado en su comparecencia parlamentaria la garantía de autonomía que les otorga la Constitución y las leyes internacionales contempladas por la Organización Internacional del Trabajo, que habla expresamente de “la no injerencia” de los poderes públicos en la libertad sindical.

Si de cuentas se trata, la CSI-F afirma que se ha sometido a una auditoría independiente y cuando concluya sus trabajos, hará públicos sus resultados. Aún así, este sindicato, mayoritario en la función pública, coincide con CC OO y UGT en que su financiación se nutre fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados.

Aunque este asunto es relevante para este sindicato lo es más la batalla y la presión que mantienen para que el Gobierno se avenga a pagar a los funcionarios la parte de la paga extraordinaria devengada. Las sentencias a favor de esta devolución de distintos tribunales, referidos a demandas de colectivos de empleados públicos, lleva a la CSI-F a pedir al Gobierno que reconsidere su posición y abone la paga. “El Gobierno debe negociar la devolución de la paga para evitar el coste de las numerosas demandas que están presentadas en los juzgados de toda España y que previsiblemente se pronunciarán en el mismo sentido, así como el deterioro que puede suponer para la imagen de España que haya, un día sí y otro también, sentencias contrarias al Gobierno”, ha reflexionado Borra, que espera ser escuchado por el Gobierno. De momento, el Ejecutivo, guarda silencio.