El juez Ruz amplía la investigación a otras 22 empresas donantes del PP

El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quiere abundar en todas las anotaciones que aparecen en los papeles de Bárcenas y ha ampliado de ocho a 30 el número de sociedades a investigar. Hasta ahora, Ruz ha llamado a declarar, como imputados, a ocho empresarios. Ahora pide a la Agencia Tributaria que remita las declaraciones de operaciones con terceros de un total de 30 empresas que, de forma nominal o con menciones a sus responsables, aparecen como donantes del PP en la contabilidad manuscrita que recoge los movimientos entre 1990 y 2008.

Además, el perímetro de la investigación se agrandará con otra solicitud del juez: Hacienda deberá remitir a la Audiencia Nacional “las imputaciones de cobros y pagos realizados por terceros al Partido Popular en los ejercicios 1990 a 2005”, ambos incluidos. Eso se traducirá en un volumen de información de decenas de miles de apuntes contables.

Ruz ha formalizado su petición en un auto en el que hace suyas hasta seis solicitudes de información formuladas por la fiscalía tanto a la Agencia Tributaria como al PP. Pero también atiende a la línea que ya apuntó la policía en uno de sus informes en el que, además de desgranar la práctica que el PP desarrollaba para trocear las donaciones, señalaba que las empresas que aparecen en las anotaciones eran adjudicatarias de obra pública, cuando la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos prohibía las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”. La práctica totalidad de las sociedades que el juez va a investigar son grandes contratistas con la Administración.

Grandes constructoras. En el listado que amplía la investigación de las relaciones de 30 empresas con el partido figuran tres de los mayores grupos constructores y de servicios de España: Sacyr, OHL y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La Agencia Tributaria deberá informar sobre las “operaciones con terceros”, de estos grupos sin que el juez haya acotado ninguna fecha para limitar la información. En el caso de FCC se solicitan documentos de tres firmas del grupo presidido por Esther Alcocer Koplowitz. En un segundo nivel estarían otras importantes constructoras de implantación más localizada. Es el caso de la gallega Copasa, presidida por José Luis Suárez, o la catalana Construcciones Rubau, fundada a principios del siglo pasado por el empresario Joan Rubau. También está el grupo Aldesa, de Madrid, firmas de ingeniería, servicios de medio ambiente y la distribuidora Mercadona. Todas las empresas figuraban en los papeles de Bárcenas.

Rastro de posible cohecho. En el auto, el magistrado solicita a todos los niveles de la administración (Gobierno central, comunidades autónomas, administración local y organismos autónomos y entidades de derecho público) información sobre adjudicaciones públicas y contratos con ocho empresas constructoras, algunas de ellas filiales entre sí (Sorigue, Sorigue-ACSA, José Antonio Romero Polo, Licuas, Desprosa, Bruesa, Bruesa Construcción y Cyopsa). Al menos dos de ellas —Licuas y Desprosa— figuran en la causa de Gürtel que investiga la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. Ruz quiere saber todos los detalles de posibles contrataciones públicas (fecha de licitación, importes, tipos de contrato, valor de la adjudicación, publicaciones oficiales, órganos de contratación), de estas firmas, por separado o a través de uniones temporales con otras sociedades.

Contabilidad regional. El detalle al que quiere llegar Ruz respecto a los papeles se desvela además en otra de las peticiones de documentación, en el que se dirige a seis sedes territoriales del PP. A estas —Galicia, Málaga, Cantabria, Sevilla y La Rioja— les requiere para que presenten sus libros mayor y diario, es decir, su contabilidad con detalle y en unos años determinados, todo ellos fijados entre 1997 y 2007. Todas ellas son sedes que aparecen como "conceptos" y como donantes en las anotaciones del extesorero. Galicia, en los años 1997, 1998 y 1999, aportó, según la contabilidad manuscrita, 19 millones de pesetas (cerca de 115.000 euros). En el caso de Málaga, los papeles señalan a esta agrupación como donante de 27 millones de pesetas (más de 162.000 euros) y receptor de 20.000 euros en 2004, mientras que Cantabria aparece siempre como receptora de fondos de la dirección nacional. A Sevilla, el juez reclama todo el detalle de sus cuentas de 2004 y 2008, años en los que, en los papeles de Bárcenas, aparece la sede territorial como receptora de dinero procedente de la sede nacional. De la misma manera, La Rioja aparece en mayo de 2009 como donante de 200.000 euros, por lo que el juez ahora exige todas sus cuentas. Además de estas, Ruz ha reclamado también los libros de contabilidad y los detalles de pagos y cobros de Cataluña en el ejercicio 2007.

La información con la que de momento cuenta Pablo Ruz se refiere a partidas generales remitidas por la dirección nacional. Así, por ejemplo, en el sumario de la Audiencia figura ya parte de la contabilidad de Málaga pero en esta se indican gastos de personal de forma general y no detallada por lo que no figura si parte de esta consignación fue destinada, por ejemplo, a gastos de representación.