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El Gobierno acepta modificar radicalmente la ley de transparencia

Un organismo independiente controlará su grado de cumplimiento

Josep Antoni Duran y Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer, en los pasillos del Congreso

La llamada Ley de Transparencia y del Buen Gobierno superó ayer el primer trámite de totalidad, con el voto en contra de UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto. La norma regula la obligación de facilitar información a los ciudadanos y algunas pautas de funcionamiento contra la corrupción. Es solo un primer paso, el inicio de otras normas a favor del buen gobierno, como subrayó ayer en el pleno del Congreso la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pero sirve para llenar el vacío de ser el único país de Europa sin una ley de estas características.

“Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español que va a obligar a la necesaria rendición de cuentas de la Administración, y de todos los cargos públicos, electos y no electos”, dijo la vicepresidenta.

Quedan aún muchos detalles por cerrar, y también que se concreten en un texto público las rectificaciones anunciadas por el Gobierno con las enmiendas parciales que se presenten. Por el momento, el pleno rechazó ayer las seis enmiendas de totalidad presentadas. Los socialistas, al final, se abstuvieron a la espera de las prometidas correcciones del Gobierno. Los nacionalistas (CiU y PNV) retiraron sus enmiendas de totalidad en el último momento por la misma razón.

Esos movimientos del PSOE, CiU y PNV se produjeron porque el Ejecutivo aceptó que la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios no sea al final un organismo que dependa jerárquicamente del Ministerio de Hacienda y porque se revisará su poder sancionador de las Administraciones autonómicas y locales que, en el proyecto inicial del Gobierno, podía terminar con la destitución de alcaldes y concejales desde Madrid. Ya no será Hacienda el que aplique esas sanciones sino las propias autonomías.

Ese organismo tendrá un carácter independiente, con un nombramiento que, a falta de concretarse, podría tener origen en el Ejecutivo, pero ratificado en el Parlamento. El modelo a seguir podría ser el de la Agencia de Protección de Datos u otro organismo regulador.

El Ejecutivo ha aceptado la petición del PSOE para que su mandato no coincida con las legislaturas (previsiblemente será de cinco años) y para que solo pueda ser removido por causas objetivas y tasadas. La ley creará un portal de transparencia en el que se harán públicos los datos previstos en la norma y la agencia recogerá las quejas de los ciudadanos que no sean atendidos. En caso de que no haya respuesta, será el propio Consejo de Ministros el que sancione a la institución que no cumpla. En este punto puede producirse un cierto bucle porque, por ejemplo, sería el Consejo de Ministros el que sancionaría a la Vicepresidencia si esta se negara a contestar un requerimiento ciudadano.

En el debate de ayer, rechazaron la norma con especial virulencia UPyD e Izquierda Plural. Carlos Martínez Gorriarrán (UPyD) habló de “cambalache”.

La futura ley de transparencia será la única en Europa en la que la Monarquía quede dentro de su ámbito de aplicación. En otros países europeos se facilita información de las casas reales, pero por costumbre, no por obligación legal. Inicialmente el Gobierno rechazó la posibilidad de incluir a la Casa del Rey, pero luego rectificó y negoció con La Zarzuela esta fórmula. A falta de la concreción en las enmiendas parciales, se hará poniéndolo a la misma altura de transparencia que el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional. Es decir, la Casa del Rey deberá informar de su agenda y de sus presupuestos. Alfred Bosch (ERC) y Joan Josep Nuet (EUiA) reclamaron que se incluya el patrimonio y los ingresos detallados de todos sus miembros. En ese ámbito se incluirán también entidades privadas que reciban dinero público.

El Gobierno trabaja en una fórmula que establezca un porcentaje de dinero público que se reciba para obligar a someterse a la ley, con un mínimo exento. De esta forma, quedarían libres, por ejemplo, comunidades de vecinos o pequeños ayuntamientos que reciben subvenciones o manejan dinero público pero carecen de infraestructura y medios para publicar en páginas web todos sus datos. Por esta vía entrará la Iglesia Católica, aunque no sea mencionada expresamente en la futura ley.

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