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El PSC diluye el “derecho a decidir” en su propuesta de reforma constitucional

Pere Navarro presenta en Madrid el plan federal de los socialistas catalanes

Carme Chacón saluda a Pere Navarro, ayer en el Congreso.
Carme Chacón saluda a Pere Navarro, ayer en el Congreso.LUIS SEVILLANO

El PSC, partido que representa al PSOE en Cataluña, lleva ocho meses enarbolando la bandera del “derecho a decidir” de los catalanes en una consulta soberanista —aunque subrayando que debería ejercerse de forma pactada con el Gobierno central—. Ese concepto, sin embargo, no figura como tal en la propuesta de reforma federal de la Constitución que los socialistas catalanes presentaron este miércoles formalmente en la sala Ernest Lluch del Congreso, y que seguirán discutiendo con el PSOE en las próximas semanas. Teóricamente, los dos partidos deben pactar una propuesta común para aprobarla en el Consejo Territorial del PSOE en julio.

“En Cataluña somos muchos los que estamos reclamando que los catalanes puedan ser llamados a decidir sobre su futuro”, afirmó el primer secretario del PSC, Pere Navarro. Luego añadió: “Hay muchas maneras de hacerlo: a través de elecciones, consultas, votando Constituciones y estatutos o promoviendo reformas legales que deban ser refrendadas por la ciudadanía”. Los catalanes —como el resto de españoles— ya pueden hacer todo eso, salvo si la consulta que se pretende es de autodeterminación y no está autorizada por las Cortes Generales.

Navarro habló ante un auditorio de diputados socialistas entre los que no estaban los números uno y dos del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano, pero sí dos miembros de la ejecutiva federal —Soraya Rodríguez y Antonio Hernando— y socialistas como Manuel Chaves y Jordi Sevilla. También acudió Carme Chacón, del PSC, pero que se ha desmarcado de esas posiciones.

El documento no lo ha elaborado el PSC sino su fundación, la Rafael Campalans, presidida por Miquel Iceta (del ala menos soberanista). En la página 27 propone una “clarificación de las competencias autonómicas en materia de referéndum y consultas”, para hacer posible la celebración de “consultas de carácter territorializado” pero “manteniendo la actual configuración del artículo 149.1.32ª de la Constitución”. Según fuentes del PSC, ese encaje de bolillos significa que se aboga por la posibilidad de convocar consultas soberanistas pero dejando en manos del Estado central su autorización. Es decir, la “consulta legal y acordada” que defiende el PSC. Pero sin mencionar el supuesto “derecho a decidir”.

Otros elementos de la propuesta del PSC, algunos coincidentes con tesis nacionalistas, son, a día de hoy, rechazados por el PSOE: la idea de España como “nación de naciones”, la inclusión en la Constitución del principio de ordinalidad (que las comunidades con más recursos sigan siéndolo, y en el mismo orden, después del reparto del fondo de solidaridad) o la descentralización del Poder Judicial. El PSC propone una “asimetría competencial” entre comunidades; un Senado no elegido por los ciudadanos sino por las autonomías y con capacidad de vetar leyes; y que la política lingüística sea competencia solo autonómica en las comunidades bilingües.

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