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La guerra del reparto del déficit se extiende a más barones y al PSOE

José Antonio Griñán advierte de un “desastre” si la confrontación se lleva a los territorios Castilla y León: "No vamos a pagar la televisión pública catalana” Permitir más déficit supone parchear el sistema de financiación

Con el reparto del déficit ocurre lo mismo que con los acuerdos de financiación autonómica: los carga el diablo. La guerra ha prendido entre las economías cumplidoras y las que no lo fueron en 2012 y se extiende por las consejerías de Hacienda sin distinción de color político. Ayer era difícil encontrar alguna que no protestara a cuento del reparto que prepara el Ministerio de Hacienda teóricamente para favorecer a Cataluña.

Desde el PSOE José Antonio Griñán hizo equilibrios para apoyar la propuesta de Rajoy, que supuestamente beneficiaría a Andalucía, al tiempo que puso de manifiesto lo perverso de la situación: “No es cuestión de si es un conflicto entre los barones del PP y el Gobierno. Hay que hablar de la realidad en vez de llevar el debate al enfrentamiento entre territorios que siempre lleva al desastre”. Un desastre cada vez más cercano a juzgar por el nivel de confrontación.

Los barones del PP ya no se muerden la lengua y el Gobierno se ha visto desbordado por el río de peticiones que amenazan con herir al secretario de Estado de Hacienda en el papel de poli malo, Antonio Beteta. El vicesecretario de Estudios del PP, Esteban González Pons, intentó reprimir la revuelta pidiendo “serenidad, sentido común y responsabilidad” en el debate. “Pese a que todas las comunidades se han esforzado, quienes han hecho un mayor esfuerzo son los ciudadanos y por eso deseamos que los políticos no den el espectáculo que ellos no han dado”. No es el primer aviso a navegantes que hace la dirección del partido, ni será el último.

Castilla y León: “No vamos a pagar la televisión pública catalana”

Comunidades normalmente discretas gobernadas por el PP muestran a los cuatro vientos su irritación. El portavoz de la junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, criticó ayer que el ministro Montoro se reúna “primero con los díscolos [en referencia a Cataluña] y luego pida solidaridad al resto”. Advirtió además que no permitirá que los castellanoleoneses paguen “la televisión pública catalana, sus delirios independentistas o las embajadas”. Por razones opuestas, el presidente valenciano Alberto Fabra, impermeable hasta ahora a la polémica, terció en el debate introduciendo otro elemento: la revisión completa y cuanto antes de la financiación autonómica.

Su comunidad, que cerró 2012 con el peor déficit de España, el 3,45%, más del doble del objetivo del 1,5% impuesto por el Gobierno, está muy interesada en el déficit asimétrico. Para justificarlo recordó que el sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 no cumple “ni el 85% del gasto en sanidad y educación en Valencia cuando otras autonomías se financian de forma generosa”. Ese reparto desigual ha provocado, según Fabra, un punto de partida distinto entre unas y otras. Y por eso ha exigido que se empiece a negociar el nuevo modelo con un año de adelanto (2014) sobre el calendario previsto (2015) por el Ministerio, informa Joaquín Ferrandis.

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Hacienda admite esa división entre las comunidades autónomas: las que defienden un déficit a la carta que permita a Cataluña y la Comunidad Valenciana acometer menos recortes, y las que realizaron esfuerzos en 2012 para ajustar sus cuentas y esperan una recompensa y no un castigo a costa de las incumplidoras.

Permitir más déficit supone parchear el sistema de financiación

Fuentes del ministerio creen que los bloques están divididos a la mitad. Por un lado, Valencia, Murcia, Baleares, Cataluña y Andalucía. Por otro Extremadura, Madrid, La Rioja, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla y León y Navarra. Lo único cierto es que Hacienda descarta tajantemente la posibilidad reclamada por Madrid, Andalucía o Cataluña de que el Estado ceda parte de su margen de déficit para flexibilizar el camino a las autonomías más comprometidas.

El arma que tiene en la mano el Gobierno es, según fuentes ministeriales, la amenaza a las comunidades más beligerantes de ambos bandos de revisar a la baja las entregas del sistema de financiación. Argumentan que el Programa de Estabilidad 2013-2016 presentado a Bruselas hace dos semanas contempla una caída de la economía más profunda que la prevista en los Presupuestos (un -1,3% frente al -0,5%). Y eso, justifican, permitiría reducir los recursos que el Estado destina a las comunidades.

En Hacienda insisten en que todas las comunidades tendrán que reducir el déficit que registraron en 2012. También precisan que ninguna podrá tener un objetivo inferior al 0,7% del PIB. Deslizan que el punto de partida para fijar la nueva meta será el “déficit estructural primario” (el que excluye el ciclo económico y los intereses de la deuda). Es decir, que Hacienda recalculará la cifra de 2012 restando el impacto de la crisis de las cuentas regionales: la merma de los ingresos y la subida de gastos por la recesión. Hacienda explica, además, que para fijar los nuevos límites tampoco se tendrán en cuenta las operaciones one-off, —las que se realizan una sola vez, como el impuesto sobre los depósitos bancarios en Extremadura y Andalucía o algunas privatizaciones de Cataluña—, lo que aumentaría unas décimas el déficit de partida de estas comunidades. No obstante, el debate y las negociaciones continuarán hasta el Consejo de Política Fiscal (CPFF) de julio, donde deberán aprobarse los objetivos definitivos. El PP convocará antes a sus barones para pacificar las cosas.

En el fondo de este debate subyace una guerra velada por el sistema de financiación. Permitir más déficit a una comunidad supone parchear el sistema de financiación autonómica para beneficiar a un territorio, explica un consejero regional de Hacienda que se opone a que Cataluña tenga más margen.

Mas suma apoyos en Cataluña

Clara Blanchar

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, logró ayer el apoyo de las patronales y los sindicatos en su exigencia de la relajación del límite de déficit hasta el 2,1%. Las tres partes se sentaron por primera vez en casi tres años para retomar el Acuerdo Estratégico, una hoja de ruta para la reactivación económica que tuvo dos ediciones previas en 2004 y 2008, cuando gobernaba el tripartito.

La introducción del “documento de base” para el tercer acuerdo pone el acento en que la austeridad y la contención del déficit no son efectivas si no se complementan con políticas de estímulo al crecimiento y defiende una mayor relajación del objetivo de déficit para Cataluña.

“El déficit que nos quieren traspasar de Europa a España y de España a Cataluña es hoy imposible de alcanzar en unos presupuestos que el país pueda encajar, es inasumible”, dijo el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, que habló en nombre del ejecutivo. Sobre la actitud de los barones del PP, partidarios de que todas las comunidades tengan el mismo límite, Puig aclaró que su interlocutor es el Estado, que a su juicio debe tener una visión global y no de “intereses parciales”. “Lo interpreto en clave de pugnas internas”, dijo el consejero.

Tras la reunión mantenida ayer, tanto el Gobierno catalán como los sindicatos (CC OO y UGT) y las patronales (Fomento del Trabajo, Pimec y Fepime) celebraron haber sido capaces de aparcar las discrepancias para fijar lo que llamaron “una hoja de ruta” que en tres meses se concretará en objetivos y presupuestos para lograr la reactivación económica, fomentar el empleo e incrementar la cohesión social. Los sindciatos advirtieron, con todo, de que en ningún caso el límite de déficit puede ser la excusa para lo que califican de “austericidio”.

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