Montoro niega a Mas un objetivo de déficit superior al 2%

Fiel a su estrategia de marcar perfil propio, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, alardeó el viernes de que estaba presionando a Hacienda para que permitiera a la Generalitat catalana endeudarse este año hasta el 1,8% del PIB. Sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro la desbordó ayer en Barcelona, y anunció que permitiría un endeudamiento de hasta el 2%.

Es más de lo que reclama la líder popular catalana y que tanto irrita a algunos barones del PP, como José Antonio Monago y Alberto Núñez Feijóo, que esta semana han estado en Barcelona y también se han mostrado contrarios a la financiación singular que plantea Camacho para Cataluña.

De aliada política de Artur Mas en la pasada legislatura y de actuar en ocasiones de portavoz del Gobierno de Rajoy y anunciar acuerdos pactados con la Generalitat, la líder del PP catalán ha pasado a ejercer un papel muy secundario en la política de esa comunidad. Con ella el PP ha logrado sus mejores resultados y ha pacificado un partido que se ha debatido durante años en liderazgos tan dispares como el de Aleix Vidal-Quadras y Josep Piqué, pero lo cierto es que el PP es la cuarta fuerza política en Cataluña y la influencia que tiene en la aritmética parlamentaria es muy ocasional.

Hace unos meses, Hacienda cuantificó en  el 1,96% el déficit de Cataluña de 2012. Al término de una reunión de la junta directiva del Partido Popular de Cataluña, Montoro ha recordado en diversas ocasiones que la Generalitat catalana no tienen acceso a los mercados y que por ello la prioridad política debe ser reducir el déficit público "para ganar credibilidad". Sentada esa premisa, "luego ya hablaremos de las décimas de objetivo para este año", ha añadido, en alusión a la constante reclamación de la Generalitat.

El ministro de Hacienda ha recordado también que el Gobierno está cubriendo la "insuficiencia económica" de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez y ha anunciado que a finales de este año se aplicarán otros mecanismos para que ninguna administración pública pague a sus proveedores por encima de 30 días, tal y como marca una directiva comunitaria.

"El verano pasado estábamos al borde del colapso financiero y hoy estamos encarando el final de la crisis económica, pero para ello las comunidades autónomas tienen que seguir reduciendo su déficit público", ha insistido Montoro.