Política

El Gobierno impide a las víctimas del franquismo declarar ante la juez argentina

La magistrada suspende las videoconferencias con los represaliados por una llamada del embajador argentino manifestándole el “malestar” del Ejecutivo español

Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. / ALEJANDRO REBOSSIO

Todo estaba preparado. En Madrid y en Buenos Aires. María Servini de Cubría, la juez agentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios de las víctimas. Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos meses de la muerte de Franco, entraron a la hora prevista en el consulado argentino de Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media esperando, les comunicaron este miércoles que las videoconferencias con la juez se habían suspendido. La razón: el Gobierno había manifestado su malestar por el procedimiento y paralizado las declaraciones.

Según explicó la propia juez en un escrito, con el equipo de videoconferencias ya preparado en su despacho para empezar a tomar declaración a las víctimas, recibió una llamada del embajador argentino en España, Carlos Bettini, comunicándole que el Gobierno le había trasladado su “descontento y malestar” por su actuación. En concreto, le dijo que el director de asuntos consulares español le había comunicado que el procedimiento que iban a iniciar estaba "fuera del tratado bilateral suscrito por ambos países", que no cumplía "las formas", que las autoridades españolas harían una "presentación formal de queja ante la embajada" y que de seguir adelante con las actuaciones, esto es, las videoconferencias, podrían ser "nulas y afectar a derechos de los ciudadanos españoles". Por todo esto, según explica la juez, decidió suspender las videoconferencias.

La nota verbal que el director de asuntos consulares español ha hecho llegar a la embajada argentina en Madrid asegura, efectivamente, que "para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional" es de aplicación "el tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987, requiriendo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 41, la solicitud debidamente cursada mediante comisión rogatoria dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, como Autoridad Central, tal y como ha sido el caso respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad". La Dirección de Asuntos Consulares termina su escrito pidiendo a la embajada argentina que, si las autoridades argentinas desean seguir adelante con el procedimiento, remitan "la correspondiente solicitud mediante comisión rogatoria".

“Esto es un maltrato. Otro más”, se lamenta una de las víctimas

“Esto es un maltrato. Otro más”, lamentaba Fausto Canales, una de las víctimas del franquismo que debía contar su historia este miércoles a la juez.

Las víctimas, que acudieron a la justicia argentina después de que el juez Baltasar Garzón fuera procesado –y finalmente absuelto- por abrir una causa contra el franquismo, han solicitado a la juez la imputación de una decena de cargos de la dictadura, entre ellos, José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o Rodolfo Martín Villa. Aunque la suspensión de las declaraciones es un nuevo varapalo, prometen seguir haciendo presión para que su causa avance ahora desde Buenos Aires. Están acostumbrados a esperar.

 

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