Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Madrid troceó las adjudicaciones a Gürtel en 657 contratos para camuflarlas

La Intervención General certifica que los contratos vulneraron la transparencia y la publicidad

 FOTO: ULY MARTÍN / VÍDEO: ATLAS

Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se encuentra desde el pasado lunes un informe que certifica el supuesto trato de privilegio y las irregularidades cometidas por la Comunidad de Madrid a favor de las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), máximo responsable del control de la gestión económica del sector público, ha analizado por orden del magistrado todos los contratos celebrados por el ejecutivo regional con las sociedades de la red liderada por Francisco Correa. Estos tuvieron como eje a Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que está imputado en la causa por cobrar supuestamente sobornos a cambio de los contratos. El resultado es un cúmulo de sobrecostes, concursos amañados, facturas sin justificar y otras vulneraciones de la Ley de Contratos Públicos.

Las empresas de Correa se dedicaban principalmente al montaje y organización de actos conmemorativos e institucionales de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Los interventores han verificado 686 actos por un importe de 6,48 millones de euros. Del total de eventos —inauguraciones de escuelas, primeras piedras de hospitales, o entregas de premios diversos— 103 pagos carecen de facturas justificativas, y su gasto ha tenido que imputarse genéricamente a la consejería que supuestamente lo contrató.

La Comunidad tramitó seis expedientes de contratación por un importe de 1,14 millones y 657 contratos menores —inferiores a 12.020 euros, y por lo tanto no sujetos a publicidad— por valor total de 5,33 millones. Los auditores de la IGAE consideran que “en al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento”, es decir, que se trocearon los contratos para no superar los 30.050 euros, lo que obligaría a convocar un concurso público. El importe de los expedientes fraccionados suma 3,16 millones de euros, un 69% del total de los contratos menores.

Las supuestas irregularidades también alcanzan a los seis expedientes por importe superior a 30.050 euros. Dos de ellos se celebraron por el procedimiento “negociado sin publicidad”, por el que la Administración invita a una serie de empresas a que presenten sus ofertas, y se escoge a la que resulte más ventajosa. En ambos casos, la Comunidad invitó a licitar a tres empresas, pero con una salvedad: todas ellas eran del mismo grupo de Correa.

Los otros cuatro expedientes mayores —en los que se celebraron concursos públicos que recayeron en las empresas de la trama— presentan llamativos sobrecostes. En el acto de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de 2006, se produjo un “pago indebido” de 15.200 euros por “duplicidad de servicios”. En el contrato para el montaje escenográfico de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a MQM SL en 2007, la sociedad subcontrató servicios a empresas del mismo grupo, lo que supuso una desviación del 80% sobre el presupuesto de ejecución. Los interventores entienden que el contrato con MQM funcionó “como una especie de cuenta corriente en donde de forma arbitraria se han ido incluyendo o no los servicios prestados” por esa sociedad adjudicataria.

Otros actos, como la Cumbre Flamenca de septiembre de 2005, cuya organización costó 21.480 euros, se adjudicó directamente pese a que superaba los 12.020 euros. La factura del acto se emitió en enero de 2007, 16 meses después de la celebración. La visita de Esperanza Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetana, con un importe de 34.700 euros, se adjudicó a una empresa de Gürtel “por razones de urgencia”, que no fueron nunca justificadas.

Además, de las 573 facturas que han examinado los fiscalizadores estatales, 418 carecen de desglose o detalle de las operaciones cobradas, como exige el reglamento que regula las obligaciones de facturación de los gastos públicos. Otras 56 facturas apenas cuentan con un concepto genérico. Solo 96 recibos —un 17% del total— están debidamente cumplimentados. El que en las facturas figuren “cantidades a tanto alzado” no solo vulnera el reglamento, sino que “imposibilita verificar y certificar correctamente” que el servicio prestado por las empresas de la trama se correspondía con lo solicitado por la consejería contratante.

El último bloque de la investigación

El análisis de los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas de la trama Gürtel es previsiblemente el último bloque que se plantea el juez Pablo Ruz de una investigación que se inició en el año 2008. Aunque el magistrado pretendía que las pesquisas del tronco principal del caso estuvieran terminadas antes del verano, fuentes de la Audiencia Nacional calculan que la causa seguirá abierta hasta principios del otoño.

En esta fase, uno de los personajes clave es Alberto López Viejo, uno de los antiguos hombres fuertes de la Comunidad y que fue destituido en febrero de 2009 como consejero de Deportes por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, su gran valedora política, tras destaparse la operación policial contra la corrupción en el entorno del PP.

López Viejo, de 45 años, está acusado de cobrar hasta 563.000 euros en sobornos de la trama corrupta. El pasado 29 de abril, el juez Ruz ordenó el embargo de dos casas y de todas las cuentas bancarias del exconsejero y exdiputado regional del PP. El embargo tiene como objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de 750.000 euros que le impuso el anterior instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

El que fue una de las personas de mayor confianza de Aguirre está imputado por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y asociación ilícita. López Viejo abrió una cuenta en Suiza en 2002 y regularizó su situación con el fisco en 2012.