Política

La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el Partido Popular

“Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez

“Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. Esta es la principal conclusión del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años, entre 1990 y 2008) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido.

El documento, de 131 folios y cinco anexos, confirma que el PP, a través de su extesorero Luis Bárcenas, vulneró supuestamente la Ley de Financiación de Partidos Políticos al ingresar en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en pequeñas cantidades” para evitar que superasen el tope legal de los 60.000 euros, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, y esquivar así la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

La UDEF señala, además, que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año (60.000 euros)”. Y añadía que también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.

El informe abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico). Y destaca que existen numerosas coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del Banco de Vitoria en la que, por imperativo legal, debían ingresarse esas donaciones en aras de la transparencia.

Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a su cúpula dirigente. Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la fiscalía anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y tenían prohibida cualquier otra retribución.

La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica.

La UDEF concluye sobre las adjudicaciones a estas empresas: “Las fórmulas de entregas [de donaciones] varían de unas cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros casos [de empresas analizadas] existe una concentración [de adjudicaciones] en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004”.

Es decir, que en algunos casos coincide la entrega de donaciones con un mayor volumen de adjudicaciones por parte de administraciones públicas.

Ruz ha citado para fines de este mes a ocho de los empresarios relacionados como donantes en los cuadernos manuscritos del extesorero que publicó EL PAÍS. Pero no están todos: en los papeles de Bárcenas constan otros grandes empresarios donantes que, de momento, no han sido citados, entre ellos Ramón Aigé, de Sorigé, o Adolfo Sánchez, de Asphalt Road.

Al término del informe, la policía propone al juez que indague las adjudicaciones de obras recibidas por empresas vinculadas a estos dos empresarios y a José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y Desprosa) o Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y Constructora Continental). López de Hierro es el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes próximas al juez Ruz otorgan gran valor a este “informe preliminar” de la policía. Lo califican de “concienzudo” y “exhaustivo”, informa F. J. Pérez.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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