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Desconcierto en el PP por el plan de Gallardón sobre el aborto

Destacados diputados del partido, contrarios a reducir los supuestos

Gallardón (izquierda) y el diputado Rafael Hernando, en el Congreso. EL PAÍS

“Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Bajo esa genérica referencia del último programa electoral del PP caben todas las posibilidades para la futura ley del aborto. Por el momento no hay más pista de lo que piensa hacer el Gobierno que las líneas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que suponen volver al sistema de supuestos, eliminando el de plazos y quitando el de malformación grave del feto. Aún no hay texto definitivo, ni decisión política de hasta dónde llegará la reforma y ya hay desconcierto en el PP.

Tan en el aire está la decisión, que la número dos del PP, Dolores de Cospedal, evitó ayer respaldar públicamente las líneas anunciadas por el ministro. Preguntada tres veces en rueda de prensa, se remitió al texto que elabore Justicia, que, por lo visto ayer, no ha sido aún consensuado ni en el seno del partido. Así, Cospedal aseguró: “Solo le puedo decir que todavía el Gobierno no ha presentado su proyecto y, por lo tanto, el partido va a esperar a que el Gobierno presente su proyecto” y “el PP comentará el proyecto de ley cuando se presente”.

Poco antes, en el Comité Ejecutivo del PP a puerta cerrada, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, expresó su rechazo abierto y radical a los anuncios de Gallardón. En una intervención de apoyo a Rajoy y crítica con la política de comunicación del Gobierno, Villalobos hizo referencia expresa al ministro para decir clara y brevemente que está en contra de sus planes para cambiar la ley. Nadie le contestó.

Al tiempo, el diputado y número tres del Grupo Parlamentario del Congreso, Rafael Hernando, puso voz a los reparos de un sector del PP hacia las líneas adelantadas por Gallardón, y en una entrevista a Europa Press cuestionó la eliminación del supuesto de malformación fetal. El diputado ratificó esa posición a este periódico, e insinuó que habría que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso que el PP y el Gobierno de Navarra plantearon contra la ley de plazos de 2010. Tras hablar por teléfono con Gallardón, el dirigente popular matizó a Europa Press que no contradice al ministro.

Esperar al Constitucional

El debate sobre el aborto volverá hoy al Congreso, porque el pleno votará una moción del PSOE en la que se pide que no se cambie la ley y que, en todo caso, se espere al fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de plazos. El texto de los socialistas será rechazado por los votos de la mayoría absoluta del PP. La moción exige “garantizar legalmente el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de la mujer”. También, “respetar, siguiendo las recomendaciones expertas y el derecho comparado, una legislación de plazos combinada con supuestos de indicación terapéutica, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros”.

La vuelta al sistema de supuestos supone retroceder a la regulación de 1985, pero la eliminación del supuesto de malformación del feto restringe aún más aquella norma. El PP, con José María Aznar como presidente, gobernó entre 1996 y 2004, en parte con mayoría absoluta, sin plantearse la modificación de la norma para eliminar ese supuesto. Los planes de Gallardón satisfacen al sector más conservador del PP, pero provocan reticencias en otros dirigentes populares y miembros del Gobierno. “Una cosa es cambiar lo de las menores; otra ir al sistema de supuestos, pero lo de eliminar uno de ellos no se ha sostenido nunca en el partido”, afirma un destacado dirigente del PP.

Sin embargo, el portavoz de Justicia en el Senado, Ángel Pintado, ratificó a este periódico que la futura ley no solo eliminará ese supuesto, sino que establecerá limitaciones para los que se mantengan. Por ejemplo, para el supuesto de riesgo para la salud de la madre será necesario el informe de dos médicos distintos al que practique la interrupción del embarazo y que los dos sean de la sanidad pública. Será así incluso aunque el aborto se practique en una clínica privada.

Fuentes del Ministerio de Justicia restaron oficialidad a esos avances de la futura ley y explicaron que aún no ha sido concluido el borrador para su estudio en el Consejo de Ministros. Según esas fuentes, no hay aún fecha prevista para su aprobación.