Arranca la privatización de la seguridad exterior en las cárceles

La presencia de vigilantes privados en las cárceles españolas es ya un hecho. Ayer, 250 trabajadores se incorporaron a 21 centros, donde se encargarán de "labores secundarias", según fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que se trata de un proyecto piloto que durará nueve meses y que en ningún caso supondrá la sustitución de policías y guardias civiles, que ahora están encargados de la protección en las prisiones. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha cambiado, por tanto, de criterio, ya que el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, había anunciado el pasado verano que el plan permitiría reemplazar a 1.000 uniformados —en ningún caso funcionarios de Prisiones—, que pasarían a desempeñar funciones de seguridad ciudadana. Los sindicatos del sector, desconcertados, critican "el oscurantismo" con el que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha llevado el proceso y temen que este sea el primer paso para la privatización de la seguridad en las cárceles.

Ni llevarán pistola ni tendrán trato directo con los internos. Así explica un portavoz del ministerio la labor de los vigilantes de seguridad privada: se encargarán de la visualización de monitores y de controlar el perímetro de los centros penitenciarios, tarea que ya desempeñan agentes de la policía y la Guardia Civil. La intención del Gobierno es comprobar si funciona el plan y si los nuevos trabajadores son capaces de desempeñar estas tareas que no exigen una especialización. De ser así, el Ejecutivo se plantea, a largo plazo, liberar a uniformados de sus tareas en las cárceles.

Interior garantiza que su compromiso de reubicar a los guardaespaldas privados  —que perdieron su empleo después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada— sigue intacto porque la seguridad exterior de estos 21 centros penitenciarios ha sido adjudicada a las mismas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra y que estas les han dado prioridad. Fuentes del ministerio puntualizan, sin embargo, que no a todos los exescoltas les interesa ejercer funciones de vigilantes privados en las cárceles, pues las condiciones laborales son peores. Tampoco saben cuántos de esos 250 vigilantes incorporados a los penales proceden del sector que escoltaba a los amenazados por la banda terrorista. Ni los sindicatos de Instituciones Penitenciarias ni la Asociación Española de Escoltas, mayoritaria en el sector, tienen constancia de que estos trabajadores tengan preferencia para ser contratados en el nuevo cometido.

Jesús Otín, responsable de prisiones de UGT, está convencido de que Interior pretende impulsar un cambio en el modelo de seguridad de las cárceles, con la excusa de recolocar a los antiguos escoltas y de la creciente demanda colectiva de seguridad. "Dos mentiras", explica Otín. "Primero fueron la educación y la sanidad, y el tercer sector es este, que ha experimentado un auge en los últimos tiempos. ¿Quién nos dice que en un futuro no van a traspasar este modelo al interior de los centros?", reflexiona Adolfo Fernández, responsable del ramo del CSIF, algo que también temen los responsables de CC OO y de ACAIP —asociación que representa a funcionarios de prisiones—. Portavoces del SUP y de la AUGC, sindicatos mayoritarios de la policía y la Guardia Civil —cuerpos que se encargan de la seguridad exterior en las cárceles—, critican que la oferta de empleo público en los centros penitenciarios lleve dos años congelada y que ahora se apueste por esta vía.

Todos los representantes sindicales consultados tienen versiones diferentes sobre el plan de Interior, debido, según ellos, a la escasa información que les ha facilitado Instituciones Penitenciarias. Y todos se han comprometido a controlar este proyecto piloto. No están dispuestos a tolerar la privatización de la seguridad en las cárceles. Prometen movilizaciones.