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El PP utilizó empresas tapadera mucho antes del ‘caso Gürtel’ para financiarse

Siete sociedades, creadas entre 1979 y 1993, obtenían el dinero ilegal

La red ya liquidada estuvo constituida por dirigentes y empleados del partido

El PP utilizó supuestamente un sistema de empresas tapadera creadas por sus dirigentes o empleados con un objetivo: facturar a empresarios por falsos servicios cuyo pago derivaban al partido. Lo hizo dos décadas antes de que estallaran como iconos de la presunta financiación ilegal del PP el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, que ahora investiga la Audiencia Nacional.

Estos hechos se produjeron cuando las finanzas del PP no estaban bajo el control de ninguno de los tres extesoreros ahora imputados (Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas). Ninguno de ellos las creó. Por contra, dos de dichos extesoreros las liquidaron tras asumir el cargo (Sanchís en 1982 y Lapuerta en 1990). Bárcenas y personas de su entorno manejan documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en los que se explica esta operativa con los nombres de las siete empresas utilizadas supuestamente por el PP (véase gráfico).

El sistema sería similar al que utilizó el PSOE a través de Filesa, destapado en 1991, que según los tribunales de Justicia permitió a este partido financiarse en la década de los ochenta facturando falsos informes a distintas empresas. El hilo para desenmarañar la trama para financiar al PSOE partió de un ex contable despedido.Igualmente, el extesorero, Luis Bárcenas, tuvo a su alcance un informe con los detalles de esta trama en su día de este supuesto mecanismo de financiación ilegal del PP. EL PAÍS ha comprobado la veracidad del documento en poder del extesorero y de sus allegados. La reconstrucción de los hechos allí denunciados, relatados por algunos de los que constituyeron esas empresas y contrastados con el historial de las distintas sociedades, es la siguiente.

A fines de 1979, Alianza Popular (refundada como PP años después), que preside Manuel Fraga y tiene como secretario general a Jorge Verstrynge, sufre dos acuciantes déficits: dinero y votos. Sus dirigentes ven indisociables ambos elementos. Sin fondos no pueden contratar publicidad ni actos de campaña. Y sin propaganda no captarán votos, escaños ni poder, imprescindible para hacer más tentador pedir y recibir donaciones de empresarios. Un círculo vicioso. Y, sin embargo, los poderes empresariales veían urgente que AP se consolidara como alternativa en la derecha ante el previsible desplome de UCD, presa de divisiones intestinas y a menos de dos años de que su líder, Adolfo Suárez, dimitiese ante la amenaza del golpe de Estado que se perpetraría el 23F.

Verstrynge:

“Era el salvaje oeste.

No había casi legislación”

Cinco ex dirigentes del PP han confirmado a este diario aquella estrategia. Dos de esos dirigentes figuraron en la trama empresarial. “A fines de 1979 o principios de los ochenta, la CEOE nos dijo que teníamos que crear unas sociedades para que las empresas nos pudieran dar dinero. Y así se hizo, se crearon Sipsa (Seguridad, Investigación y Protección SA) y Opisa (Opinión, Publicidad e Imagen SA). El sistema era sencillo: a través de estas empresas pedimos y recibimos dinero de eléctricas y de bancos. Nos lo daban en efectivo o en cheque. Entonces, dado que no había legislación, esas cosas importaban poco. Si pedían factura, entonces les hacíamos unos informes genéricos sobre el sector para justificar el pago. Pero pocas veces pidieron factura. Los bancos nunca la pidieron y las eléctricas solo a veces. Se lograron así unas cantidades modestas para financiar el partido que era muy pobre, con nueve diputados, y nadie pagaba la cuota”, explica uno de los implicados.

¿Cuánto se ganó con cada operación? Un exdirigente lo resume por escrito: “Máximo por cada operación unos cinco o seis millones de pesetas [30.000 o 36.000 euros]. Fueron para financiar autonómicas y municipales. Nunca generales, porque en ese periodo de enero de 1980 a marzo del 1982 no las hubo. Una campaña autonómica costaba entonces entre 15 o 20 millones de pesetas”.

Jorge Verstrynge, secretario general de AP, presidía el consejo de ambas empresas usadas por su partido para facturar supuestos informes, genéricos o inexistentes, a las grandes empresas. Un exdirigente de AP resume la filosofía de esta vía opaca de financiación del partido: “Hay que tener en cuenta que aquella formación política moribunda resucitó cuando se ganaron las elecciones gallegas de 1981. Cuando llegó Sanchís como tesorero en la primavera de 1982 canceló esas sociedades. Antes de llegar Sanchís todo era artesanal, modesto, para sobrevivir, y no se vulneraba ley alguna que se conociese ni había sobres y los sueldos eran ridículos”.

Sanchís liquidó tales empresas, Sipsa y Opisa, en 1982 cuando se hizo cargo de la tesorería del partido. Nunca lo ha dicho públicamente, pero en privado, en el partido, sí mostró sus sospechas sobre tales firmas, según personas de su entorno.

Cuando saltó el caso Filesa, se evidenció que el PSOE se había estado nutriendo en la década de los ochenta con falsos informes que fabricaban y facturaban a empresarios tres mercantiles suyas (Filesa, Malesa y Time Sport). Obtuvo así 7,21 millones de euros.

Bárcenas y Lapuerta cerraron las últimas firmas de la supuesta ‘Filesa’ del PP

En las sociedades que creó AP figuraban dirigentes y empleados de confianza: Jorge Verstrynge, Carlos López Collado, Javier Carabias, Samuel G.S; J.A.V (exgerente fallecido). Verstrynge reconoce aquellos hechos: “Era el salvaje oeste. No había casi legislación sobre financiación de partidos y facturábamos a empresas por informes para financiarnos. No descarto que en algún caso hubiera falsos informes”. Unos y otros confirmaban así el escrito que Bárcenas y su entorno manejaban.

En 1989, Sanchís abandonó la tesorería del PP, que asumió Rosendo Naseiro bajo la presidencia de José María Aznar. Y se crearon nuevas sociedades privadas para, según el citado dossier y confirmado por exdirigentes, financiar al partido: Vídeo Soluciones, Ibérica de Firmes, Ediciones del Cono Sur. En las tres sociedades aparecían tres empleados del PP: Samuel G.S., Félix R.B. y Juan Antonio D.S. Naseiro ha declinado contestar sobre este asunto.

“La mecánica de estas empresas era distinta de Sipsa y Opisa. No hacían falsos informes, sino que simulaban servicios (un vídeo, venta de material...). Las empresas pagadoras justificaban con falsas facturas la salida de fondos que ni siquiera entraban en la contabilidad de cada firma tapadera. El dinero iba directamente en efectivo a la caja del partido”, explican dos exdirigentes del PP.

Esto explica por qué resulta imposible obtener una sola cuenta de ellas, ni de las anteriores, en el registro mercantil. En varios casos porque nunca las presentaron. Las empresas se constituyeron facilitando como sede social la dirección de domicilios particulares de empleados del PP, regidas por esos mismos empleados del PP y que fueron liquidadas bajo el mandato como tesorero de Lapuerta, quien debió ver peligrosa esta trama. Su antecesor (Naseiro) se había librado por los pelos de ser condenado por financiación irregular y ya se había destapado su clon rival, el caso Filesa. Una de las firmas, Ibérica de Firmes, tenía como objeto social “la estabilización de suelos” en obras públicas o privadas.

Alberto Ruiz Gallardón, hoy ministro de Justicia y entonces instructor del informe interno del caso Naseiro, dejó malparado al extesorero: “Se acredita su disposición a solicitar donaciones no condicionadas a empresas que hayan resultado beneficiadas por adjudicaciones (...) Tanto el presidente del PP [Aznar] como su presidente fundador [Fraga] desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe”.

Una prueba más de la manía de los tesoreros del PP de allegar fondos por cualquier vía a su jefe directo, el presidente, sin que él se los pidiera ni los conociera.