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La Ley de Transparencia destapará parte de las cuentas de la Iglesia

El Gobierno quiere incluir a la institución con un régimen especial

Según Europa Laica, la Iglesia recibe 11.000 millones de euros. EFE

Antes de tener que desdecirse, al igual que ocurrió con la Casa del Rey, el Gobierno ha decidido desvelar por sí mismo su propuesta de que la Iglesia se someta a la Ley de Transparencia, pese a que el anteproyecto de la norma no la incluía. Pero el destape de sus cuentas no será pleno, sino que estará sometido a un régimen especial, al igual que ocurrirá con la Casa del Rey y, previsiblemente, con los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

“La ley está pensada para las Administraciones, con arreglo a normas de derecho administrativo, y aplicar criterios de transparencia a otras entidades requerirá estudiarlo y definirlo muy bien porque son instituciones que están sometidas a derecho civil”, justificó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que admitió que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha mantenido ningún contacto con la Iglesia, al contrario de lo que hizo con la Corona, con la que ha negociado su sometimiento, también parcial, a los criterios de transparencia.

De lo que sí tendrá que dar cuenta la Iglesia será, al menos, de los fondos públicos que reciba, aunque estos son difíciles de precisar, ya que se encuentran dispersos en varias partidas de los Presupuestos Generales del Estado. Que se sepa, el pago de los profesores de religión tuvo un coste público de algo más de 94 millones de euros en 2012, según el Gobierno, mientras que Europa Laica —la mayor organización laicista— eleva el desembolso a 500 millones. También hay discrepancias sobre cuánto se destina a la asistencia religiosa en hospitales y en las Fuerzas Armadas, mientras se desconoce el montante global de, por ejemplo, las partidas dirigidas al mantenimiento del patrimonio de la Iglesia.

"Ya estamos en la transparencia"

"Bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella", ha declarado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

"La transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en las cuestiones económicas de la Iglesia", ha explicado el portavoz de la CEE, que ha indicado que anualmente presentan "a las instituciones competentes" un informe que recoge el destino del dinero procedente de los contribuyentes. 

"Si las leyes quieren algo más preciso, estamos dispuestos, así que bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella", ha destacado.

Según Europa Laica, la institución percibió, de forma directa o indirecta y de las Administraciones central, autonómica y local, hasta 11.000 millones de euros de fondos públicos, en parte por las exenciones fiscales. En el momento en el que se someta a la Ley de Transparencia, deberán ser escrutables.

“La inclusión de la Iglesia en la ley va más allá de lo razonable y de lo que el legislador quiere”, aseguró el miércoles el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, colaborador en la elaboración de la ley, desvelando así el cambio de opinión del Gobierno.

“Bienvenida la transparencia, porque ya estamos en ella”, declaró este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, al ser preguntado por su inclusión en la nueva norma.

“La transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en las cuestiones económicas de la Iglesia”, explicó, para añadir que anualmente presentan “a las instituciones competentes” un informe que recoge el destino del dinero procedente de los contribuyentes. “Si las leyes quieren algo más preciso, estamos dispuestos”, señaló.

La Ley de Transparencia inició su camino en marzo de 2012. El anteproyecto ya sufrió modificaciones antes de iniciar el trámite parlamentario en el que se encuentra actualmente. Tras el debate sobre el estado de la nación, la mayoría de los grupos firmaron un acuerdo para someter a la norma las entidades financiadas “mayoritariamente” con fondos públicos. El PSOE, que no firmó el acuerdo, considera que deben ser incluidas todas las instituciones en las que la aportación pública se sitúe por encima del 40%.