El PP aprueba solo la ley de desahucios tras intentar atraer a algún grupo

La ley entrará en vigor dentro de dos meses y permitirá una limitada dación en pago

Concentración de la PAH ante el Congreso de los Diputados. Foto: Juan Carlos Hidalgo (EFE) atlas

No es una ley para solucionar la insolvencia personal ni para aliviar de la carga hipotecaria a personas que han visto disminuidos sus ingresos. La Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, que este jueves fue aprobada por el Congreso con los únicos votos del Partido Popular, trata de dar solución a personas que han perdido su puesto de trabajo y no pueden pagar la hipoteca. Con esta claridad se expresa un dirigente del PP para aclarar quiénes son los destinatarios fundamentales del texto.

El Gobierno asegura que la ley beneficiará a 120.000 familias

La norma empieza ahora su tramitación en el Senado y entrará en vigor en poco menos de dos meses. Así ha terminado en la Cámara baja el periplo de un texto que trataba de poner fin a una legislación durísima para las situaciones de impago de hipoteca; que se ha cruzado con una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha declarado abusivas muchas de sus cláusulas y obliga a cambiarlas; y con una movilización social de enorme intensidad que ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos de oposición.

El Congreso votó este jueves un texto del Gobierno que fusionaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), avalada por millón y medio de firmas; un decreto ley del Ministerio de Economía, y algunas enmiendas de la oposición. Pero esta no se reconoce en el texto aprobado y no ve nada de la ILP. El broche a las discrepancias lo ha puesto la forma de aprobarse la ley: en comisión en vez de en el pleno, algo perfectamente reglamentario, pero que resta solemnidad.

La votación ha arrojado 23 votos a favor y 21 en contra. Los primeros corresponden al PP y el resto al PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, Amaiur y BNG. Estos son los partidos representados en la Comisión de Economía, donde se ha aprobado la ley, aunque si el debate y la votación hubieran sido en pleno los noes habrían venido también de ERC y Coalición Canaria-Nueva Canaria y Geroa Bai.

El clima este jueves era de enfrentamiento total. Por eso no hubo lugar para que la oposición reconociera ni la menor virtud a la futura ley, que ha sido hecha “mirando a los ojos de los ciudadanos”, según expresión del portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, y con la previsión gubernamental de que puede beneficiar a 120.000 familias.

De los avances de la ley, si se compara con lo que hay, ha tratado el PP de convencer a los grupos de la oposición para estar hoy más acompañado en una ley diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad, que dirige Luis de Guindos, y a la que ha dedicado muchas horas el jurista Miguel Temboury, abogado del Estado y ahora subsecretario de ese ministerio.

Pero ha sido inútil convencer a nadie, porque en Economía han llegado al máximo que podían, desde su perspectiva, después de aumentar los umbrales y los límites para que la ley abarcara a más población. Los grupos de la oposición atendieron la llamada del PP, pero se encontraron con que este les decía que no a todas sus demandas. Se llamó a CiU, al PNV y a UPyD. No al PSOE, porque “está en las posiciones de Andalucía y no hay nada que hacer”, explican en el PP, aunque sí ha habido conversaciones discretas entre la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, y el portavoz de Economía, Vicente Martínez Pujalte. Sin resultado. En efecto, el PSOE e Izquierda Plural han incorporado a sus enmiendas el decreto del gobierno andaluz por el que se expropian temporalmente viviendas de los bancos que a su vez han obtenido mediante desahucios.

Estos grupos, incluidos CiU y PNV, apoyan la iniciativa popular y sus puntos básicos sobre dación en pago, paralización de los desahucios y alquileres sociales. UPyD siempre ha dicho que la dación en pago no debía ser el objetivo a perseguir, ya que había muchos otros asuntos relevantes. No les ha satisfecho el resultado final, en absoluto, como ha señalado el portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán.

Los socialistas defienden que la dación en pago “no supone la quiebra de ningún país”

Hay dación en pago en esta ley, pero mínima y en casos extremos, cuando sea evidente que de ninguna manera el deudor podrá acogerse a las medidas que llevan a posponer dos años el desahucio porque no ve posibilidad de recuperarse económicamente. Lo dicen abiertamente los ponentes del PP, Teodoro García Egea, Pablo Matos y Matilde Asián: no hay dación en pago porque se trata de que el deudor no pierda la casa. Aquí chocan con el criterio de la oposición, ya que Iglesias, del PSOE; Joan Coscubiela, de ICV; Lourdes Ciuró, de CiU; Pedro Azpiazu, del PNV; Olaia Fernández Dávila, del BNG; y Rafael Larreina, de Amaiur la defienden con énfasis y no ven el menor peligro de que se ponga en riesgo la concesión de hipotecas. Por su parte, UPyD nunca ha puesto toda la carga de su argumentación en la dación en pago, según ha expresado siempre su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán. La litigiosidad en los tribunales va a ser muy notable, advirtió Martínez Gorriarán. La oposición da por seguro que lo que no hace la ley lo harán los jueces, porque están dando muestras de “especial sensibilidad”, según han señalado distintos portavoces. Por su parte, Gorriarán reprocha no tocar el problema de fondo: el sobreendeudamiento.

Tampoco es ese el objeto de la ley —habrá una próxima sobre el endeudamiento— como no lo es la dación en pago, dice el PP. El principal punto de la ley es la suspensión de los desahucios durante dos años para quienes cumplan supuestos de vulnerabilidad, como que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, que se traduce en 19.000 euros anuales. Otra medida es la obligación de los bancos de reestructurar (negociar) la deuda hipotecaria y de aceptar quitas del 35% si se paga la deuda en cinco años y del 20% si se tardan 10.

Insuficiente por “timorata y corta”, y desbordada por la realidad social y que deja fuera a miles de personas. Mucho hablaba la oposición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras que una representación de la misma estaba a la misma hora en las calles adyacentes. “Ustedes quedarán como quienes han ninguneado una norma trascendente para muchos ciudadanos”, auguraba el popular García Egea. “Ustedes han perdido una oportunidad de atender un drama social”, respondió la oposición.