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La Comisión de Competencia ataca el elemento principal de la reforma local

La CNC recomienda al Gobierno que desista de establecer costes por cada servicio

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha emitido un duro informe que pretende desbaratar uno de los elementos fundamentales del anteproyecto de ley de reforma de la administración local que tramita el Gobierno: el coste estándar de los servicios. El Ejecutivo quiere fijar un precio máximo de gestión (en materia de basuras, agua o limpieza) sin contar con los Ayuntamientos. Los que no sean capaces de ejercer sus competencias por debajo de esos costes podrían tener que cederlas a las Diputaciones.

La CNC, cuyo informe no es vinculante, cree que la medida conlleva “graves riesgos para la competencia” porque entiende que si la administración fija unilateralmente unos precios máximos para cada servicio estará promoviendo que las empresas tiendan a ajustarse a ellos “sin potenciarse rebajas”. “El conocimiento público de dichos costes aumenta el riesgo de una convergencia al alza de precios y tarifas a cobrar por dichos servicios”. Y quien termina pagando el pato son “los usuarios finales o los contribuyentes”. La CNC recomienda al Gobierno que analice “cuidadosamente” los efectos de esta medida y que la replantee. Incluso da una alternativa “menos peligrosa para la competencia y más favorecedora de la eficiencia”, y es que solo se apliquen costes prefijados en los casos donde la iniciativa privada no llegue.

Hay más: la reforma local establece que los Ayuntamientos que no cumplan con lo anterior deberán aprobar “un plan de reducción de costes” o directamente perder el poder de gestión sobre los servicios en favor de las Diputaciones. Para la CNC esta medida es confusa y debería ser replanteada para evaluar “si el objetivo de interés público puede alcanzarse de forma menos restrictiva para la competencia”, incentivando la concurrencia empresarial con menos barreras de entrada a los concursos.

La CNC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía al que el Gobierno debe pedir consulta cuando tramite iniciativas que afecten a la competencia del mercado. El presidente de la CNC se nombra cada seis años (el actual, Joaquín García Bernaldo de Quirós, fue designado en octubre de 2011 por el último Gobierno socialista). Aunque su opinión no es vinculante el Ejecutivo la suele tener en cuenta. En el caso de la reforma local, el departamento que dirige Cristóbal Montoro solicitó a la CNC una valoración el 21 de febrero, seis días después de que el Consejo de Ministros aprobase el informe del anteproyecto de ley.

En su recorrido hasta ahora la reforma local ha recibido duras críticas desde la Federación de Municipios y Provincias y desde varias Comunidades Autónomas. Incluso el informe del Instituto de Estudios Fiscales en el que se basó la reforma contradice las cifras que dio Hacienda sobre el supuesto ahorro que conllevará, cifrado en 7.300 millones de euros.