Política

Gallardón reformará la ley del aborto pero no el matrimonio homosexual

La reforma de la ley de interrupción del embarazo no resulta fácil para el titular de Justicia

Ya la ha retrasado tres veces

Mariano Rajoy, un hombre creyente y que sus más cercanos definen como un conservador clásico, siempre ha estado muy atento a las reclamaciones del ala de su partido más cercana a las posiciones de la Iglesia católica. Fue él quien ordenó a los máximos dirigentes del PP que se manifestaran con los obispos contra el matrimonio homosexual. Sin embargo, él siempre busca una imagen de moderación. De hecho no fue a esas marchas y trató de no mojarse antes de las elecciones en cuestiones clave como las bodas gais o el aborto. Además, la relación de Rajoy con la Conferencia Episcopal, y en especial con Antonio María Rouco, un hombre que no disimula su intento por influir en el PP, nunca ha sido buena. La irrupción, ayer, del cardenal en un día especial para Rajoy, en Roma con el Papa, la complicará aún más.

Una vez llegado al Gobierno, Rajoy ha encargado a Alberto Ruiz-Gallardón estos asuntos delicados. La posición en principio parece clara sobre las dos cuestiones clave que ayer reclamaba Rouco: el matrimonio homosexual no se va a tocar, el Gobierno acata la sentencia del Tribunal Constitucional y el asunto está cerrado. Pese a sus ideas sobre la cuestión —él dijo en la oposición que no creía que los gais debieran poder adoptar y que no debería llamarse matrimonio a su unión— Rajoy ha sido pragmático y ha visto que la mayoría de los españoles y de los votantes del PP apoyan las bodas gais. En el PP y en su propio Gobierno algunos ministros como Gallardón las respaldaban y hasta las llegó a celebrar cuando era alcalde. Así que Rajoy no dará satisfacción a Rouco.

En el aborto, teóricamente también debería estar claro: el PP se ha comprometido a reformar la ley para defender los derechos del nasciturus y para eliminar la posibilidad de que las menores de 18 años puedan abortar sin autorización de sus padres. Pero la reforma está claramente encallada. Gallardón la ha retrasado ya tres veces. Primero prometió que estaría en otoño de 2012. Luego a finales de año. Después se apuntó a la Semana Santa de 2013. Ahora parece que podría estar para el verano. Aquí Rajoy, que ve a los españoles más divididos que con el matrimonio homosexual y sobre todo a su electorado muy escorado hacia un rechazo a la ley socialista, no ha querido esperar a que el Tribunal Constitucional falle. O al menos eso ha prometido, porque la ley sigue retrasándose.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que ya está cercana su aprobación. Tal vez esa inminencia explique el nuevo intento de presión de Rouco, precisamente el día en que Rajoy se ve con el Papa en Roma, para recuperar protagonismo —opacando mediáticamente incluso a Francisco— y garantizar que su contenido le satisface.

Pero no es fácil. La ley será una marcha atrás pero no impedirá el aborto. De hecho, mientras gobernaba Aznar se practicaron 500.000 abortos porque él no tocó la ley. Gallardón sabe que haga lo que haga recibirá el ataque de la derecha o de la izquierda, o de los dos a la vez. El ministro busca ahora un complejo equilibrio. Parece claro que va a eliminar la ley de plazos socialista —similar a la que rige en la mayoría de los países europeos y aceptada por la derecha de esas naciones— para volver a una de supuestos. Pero de la definición de esos supuestos, sobre todo de la laxitud con que se entienda el daño psicológico a la madre, dependerá que en España el aborto sea accesible o una auténtica pesadilla legal.

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