Los desahucios desatan una batalla política entre el Gobierno y el PSOE
El Ejecutivo ataca las expropiaciones a bancos legalizadas por Andalucía Santamaría apunta a un recurso al Constitucional que incomoda al PP andaluz
Los desahucios —y en parte también las preferentes— se han convertido en el centro de una gran batalla política. Tanto el PP como el PSOE han visto el enorme interés que ha despertado esta batalla en la sociedad. Las encuestas detectan una gran simpatía hacia las movilizaciones de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), hasta el punto de que incluso es muy amplio el apoyo a los escraches. En ese contexto, cualquier medida para combatir los desahucios se convierte en material político inflamable y moviliza todos los recursos de los grandes partidos.
PP y PSOE han centrado en este asunto su combate político y rivalizan en fórmulas para darle solución. El PP tiene el Gobierno central, y el PSOE la Junta de Andalucía como gran puntal. Y esa batalla quedó ayer en evidencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta y portavoz, atacó desde la primera pregunta, con una respuesta muy preparada ayudada de documentación, la medida andaluza de expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un desahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión social.
El límite de renta de la norma central es “más amplio” que en el caso andaluz
Sáenz de Santamaría analizó el decreto andaluz para concluir que el decreto del Gobierno, que ha optado por paralizar los desahucios de las personas con problemas durante dos años en vez de expropiar a los bancos, es “más amplio” que el de la Junta.
“Gracias a la ley del Gobierno, esas personas en riesgo de exclusión social no van a ser desahuciadas durante dos años. La Junta plantea expropiaciones. Yo digo que esas personas no van a ser lanzadas [desahuciadas] porque la ley lo impide. Además, el límite de renta que plantea el decreto del Gobierno es más amplio que el de la norma andaluza. La Junta tendrá que explicar qué añade a mayores esta reforma. Los Gobiernos no estamos para el titular, estamos para hacer medidas que sean efectivas”, sentenció Sáenz de Santamaría en un ataque de fondo a la decisión estratégica clave del PSOE —impulsada además en Andalucía por su socio de IU— en las últimas semanas.
El PP de Rajoy siempre ha querido evitar la imagen de que es el partido más cercano a los ciudadanos de rentas altas frente a un PSOE más apoyado por los de rentas bajas. Dolores de Cospedal llegó incluso a decir que el PP es “el partido de los trabajadores”. Sin embargo, los durísimos recortes sociales del primer año de Rajoy en La Moncloa han hundido al PP en las encuestas y los populares se esmeran por evitar que el PSOE, también hundido, se pueda hacer con esa bandera. El Gobierno ha promovido el decreto de desahucios y la ley sobre las preferentes, aunque todos los colectivos afectados lo consideran muy insuficiente.
Zoido y Arenas no quieren regalar esa baza a los socialistas de Griñán
La batalla política se produce también dentro del propio partido del Gobierno. En su afán por desacreditar la medida de la Junta, el mensaje político más claro que lanzó en la rueda de prensa Sáenz de Santamaría apuntó la posibilidad de que el Gobierno plantee un recurso de inconstitucionalidad, como ha hecho contra otras medidas como el euro por receta catalán y madrileño. “Hay serias dudas de constitucionalidad entre los expertos, porque afecta a un derecho como el de la propiedad privada. Esto afecta a varios ministerios, Fomento por la materia, y Justicia, con carácter general, analizarán exhaustivamente la constitucionalidad de esa medida”, planteó la vicepresidenta.
Fuentes del Ejecutivo señalaban que es muy probable que finalmente se presente el recurso. Sin embargo, el PP andaluz tiene una idea bien distinta. No quiere que se plantee esa medida, que paralizaría la norma, porque eso supondría dar una baza política a los socialistas andaluces, que harían de ello una bandera política.
El recurso daría al Ejecutivo de coalición de PSOE e Izquierda Unida potentes argumentos políticos sobre que Rajoy maltrata a la comunidad y cercena sus competencias en un tema de amplia repercusión social que genera mucho rechazo, como los procesos de lanzamiento. Ese es el análisis del PP andaluz. De hecho, el PSOE e IU casi están retando al Gobierno a que recurra.
Desde el mismo día en que el decreto fue aprobado, el pasado martes, el PP de Andalucía ha evitado en todo momento hablar de recursos judiciales. Su posición ha sido ningunear la propuesta y considerarla innecesaria.
El PP andaluz no está a favor de acudir a la vía judicial. De hecho, su líder regional, Juan Ignacio Zoido, dijo ayer que el recurso no está en su hoja de ruta: “No hemos contemplado ese escenario ni hemos debatido sobre él”. El objetivo del PP andaluz es “intentar mejorar” con enmiendas el decreto del Gobierno de coalición cuando se tramite como proyecto de ley en el Parlamento autónomo, para “dar solución” a las familias que puedan ser desalojadas de sus viviendas. Si a esa oposición del PP andaluz se suma la del que fuera su líder durante muchos años, Javier Arenas, una persona muy cercana a Rajoy, es muy posible que el recurso finalmente no se presente porque políticamente no le interese al PP.
Santamaría: “Mi casa es el terreno de mi vida personal y de mi familia”
No tenía intenciones de hablar del escrache que sufrió en su casa la semana pasada, pero finalmente lo hizo. Con un tono de voz muy serio, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó lo sucedido. “Le agradezco que me pregunte aquí, en esta sala. Aquí estamos para esto, para responder preguntas y para explicar lo que aprobamos. También en el Parlamento, en las sesiones de control. O también en el complejo de La Moncloa, donde trabajo. Aquí o en el Congreso se me trasladan las preguntas o los malestares de los ciudadanos. Mi casa es otro terreno, el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia”, contestó en tono firme aunque visiblemente molesta.
De hecho, en una pregunta anterior le dejó la respuesta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue mucho más duro y pronunció hasta el nombre del hijo de Sáenz de Santamaría. “La vicepresidenta padeció un acto radicalmente antidemocrático de hostigamiento. Yo estuve en contacto con ella y lamenté de manera muy especial que eso lo viviera su hijo pequeño, Iván”, dijo el ministro mientras ella miraba muy seria.
Fernández Díaz explicó que el Gobierno se limita a cumplir la ley con los escraches y que el trato es el mismo en todos los casos, incluida la protesta frente al domicilio de la vicepresidenta. En todos estos escraches, mantuvo, “se está atentando contra el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho de los vecinos, y se está violando la ley orgánica de reunión y la ley de seguridad ciudadana”, que obliga a comunicar previamente las manifestaciones al Gobierno.
