La izquierda exhibe el decreto de la vivienda como ejemplo de su política

“Si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea”. Esta frase, escrita por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en su perfil de Facebook, resume la bienvenida con la que ha acogido la alicaída oposición a Mariano Rajoy el decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Gobierno andaluz el pasado martes.

La medida, que se publica hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), permite expropiar a los bancos el uso de una vivienda para frenar los desahucios y obliga a las entidades financieras a poner en alquiler sus inmuebles vacíos si no quieren pagar una multa de 9.000 euros.

Esta iniciativa, que el Gobierno andaluz de PSOE e IU ha negociado durante cinco meses, fue acogida como una especie de aparición milagrosa, como una decisión que demuestra que “los Gobiernos pueden y deben actuar” y también “pueden cambiar la situación de la gente”, dijo la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.

Rubalcaba insta al Gobierno

“Orgulloso” se confesó el diputado de IU y secretario general del PCE, José Luis Centella, del decreto salido de la Consejería andaluza de Fomento y Vivienda, que dirige su compañera Elena Cortés (IU). La Junta, dijo, “se pone del lado de los afectados e intenta hacer algo”, mientras el Gobierno central “mira hacia otro lado”.

La medida aprobada en Andalucía, que se tramitará como proyecto de ley, también fue puesta como ejemplo por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que en la lucha contra los desahucios el Ejecutivo central puede hacer “muchas más cosas de las que está haciendo”.

Sorprendentemente, el PP andaluz prefirió ningunear el impacto de la medida antes que incidir en las aristas jurídicas del decreto ley. El argumentario de los populares dice que la iniciativa es “una copia mala” de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy, “no supone una aportación” y solo persigue “un titular”. Eso dijo en una entrevista a Canal Sur Televisión el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, quien subrayó que el decreto no sale del presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien, según él, “ha sido víctima de las presiones de IU”. El PP mantiene que es “precipitado” hablar de un recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno central contra el decreto de la vivienda.

Pese a que la iniciativa es un empeño de Izquierda Unida desde que entró a formar parte del Gobierno andaluz, los socialistas aseguran que a esta medida seguirán otras para combatir la exclusión social, avanzó ayer el presidente de la Junta. Griñán dijo que su Gobierno tiene la “tranquilidad” de que el decreto de vivienda es “plenamente constitucional”, porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos.

Y ante las dudas sobre la constitucionalidad del decreto ley planteadas por algunos juristas, Griñán invitó a quienes así lo consideran a que “vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan”. El presidente andaluz recordó la sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 relativa a la reforma agraria que “decía que el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad social, es decir, que la propiedad tiene una función social en nuestra Constitución, no se puede hablar de un derecho ilimitado que no se puede tocar”.