Un enredo judicial bloquea una macrocausa por blanqueo de capitales
Las pesquisas de la red del arquitecto Arnáiz llevan nueve meses paradas Descubiertas en Londres 33 sociedades opacas al fisco español y tasadas en 600 millones
Una cuestión burocrática entre la fiscalía y el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid sobre quién debe transcribir las declaraciones grabadas de unos imputados tiene bloqueada, desde hace nueve meses, una causa por supuesto blanqueo de capitales a gran escala. En ella figura como principal imputado Leopoldo Arnáiz, el arquitecto que, durante la época del boom inmobiliario, diseñó total o parcialmente el urbanismo de gran parte de los grandes municipios de la región. Y el hombre cuyos trazos podían multiplicar el valor de un suelo. Arnáiz, exfuncionario en excedencia de la Comunidad de Madrid, estuvo vinculado en su día al tamayazo, la deserción en junio de 2003 de dos diputados socialistas, lo que obligó a convocar nuevas elecciones en Madrid y propiciaron la llegada al Gobierno regional de Esperanza Aguirre.
El inesperado testimonio de una exsocia de Arnáiz, Rosa Llanos, ante un juzgado civil de Madrid (el mercantil 4), ha destapado que Arnáiz posee un entramado de empresas inscritas en Londres y que supuestamente son dueñas de suelo y fincas en municipios en cuyo diseño urbanístico intervino. Su exsocia ha tasado en nada menos que 600 millones de euros el patrimonio de estas sociedades, opacas al fisco.
La causa que tramita el juzgado 35 de Madrid se inició en 2009, y lleva aparcada en sus estanterías desde antes del pasado verano. Por tres motivos: desde junio pasado han desfilado por el juzgado cuatro jueces, dos de ellos sustitutos, y la actual titular también se marcha; además, las diligencias están a la espera de un simple trámite: que la fiscalía de Madrid informe sobre un recurso de reforma presentado por varios imputados contra el auto judicial que les imputa delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Y a esto ahora se ha sumado el problema de la transcripción de las grabaciones. El fiscal dice que se las transcriba el juzgado.
El último avance de esta causa fue antes del pasado verano. Antes de marcharse, el juez dio por concluidas las pesquisas con la imputación de cinco personas, entre ellas Arnáiz y los testaferros. Pero algunos imputados recurrieron la decisión y el juez dio traslado al fiscal para que informase. Pasaron meses y meses y el fiscal aun no ha informado. Y ahora quiere que el juzgado le facilite, pero transcritas, las declaraciones de los imputados.
Mientras ha estado parada la causa, se personó en las diligencias, como acusación, que ha sido admitida, la formación Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares. IU no quiere que este asunto, donde se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, se cierre en falso. Y es que, de momento, el juzgado 35 solo ha indagado a tres de las 33 sociedades, ignorante de que en otro juzgado de Madrid, el mercantil 4, hay pruebas de que no son tres sino 33 las sociedades opacas de Arnáiz. Y eso es lo que, de momento, ha pedido IU al juez, que reclame al Juzgado Mercantil 4 de Madrid el testimonio y los documentos aflorados por la exsocia que acreditan el volumen real del entramado empresarial urdido por Arnáiz y registrado en el Reino Unido.
Arnáiz, dueño de uno de los despachos de arquitectura más importantes de España, ha trabajado como urbanista para Ayuntamientos socialistas, aunque está considerado como el arquitecto de cámara del PP madrileño. Su despacho ha intervenido en gran parte de los desarrollos urbanístico, totales o parciales, de municipios como Alcorcón, Boadilla del Monte o Pinto, entre otras poblaciones. También ha desarrollado parte de su actividad urbanística en grandes municipios de Castilla -La Mancha y Castilla y León.
La sospecha es que Arnáiz pudo comprar terrenos baratos que luego él, como diseñador encargado por el Ayuntamiento, propuso para recalificar. Pero, supuestamente, tras ponerlos a nombre de sociedades suyas con testaferros.
En la causa del Juzgado de Instrucción 35 están presentes la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y la Abogacía del Estado. Esta empezó a investigarse por delito fiscal en 2009. Pero centró las pesquisas en solo dos de las sociedades, en las que Arnaíz tenía a testaferros. Estos dijeron que ellos no eran los dueños y apuntaron a Rosa Llano, quien, a su vez, destapó como dueño real a Arnáiz. Y es que, al margen de la causa del Juzgado 35, surgieron desavenencias entre ambos exsocios y Llano acudió al Juzgado Mercantil 4 y le exigió 60 millones de euros. En ese juzgado señaló que Arnáiz, con un 90%, y ella, con el 10% restante, eran dueños de 33 sociedades inscritas en Londres cuyo patrimonio global ella tasó en 600 millones de euros. Y para acreditarlo pidió al juzgado mercantil que reclamase la documentación de todas ellas en las notarías londinenses Chees Writeghts Notaries y De Pinna Notaries. El juzgado mercantil lo hizo y Londres envió las escrituras, que coincidían con las manifestaciones de la exsocia. Justo cuando el juzgado mercantil estaba a punto de dictar la sentencia, Arnáiz convenció a su exsocia para que retirase la demanda. Le ofreció dinero y avales. Llano desistió de la demanda, pero, según fuentes de las pesquisas, está enfadada con él porque ha incumplido su compromiso.
A la espera de que la fiscalía de Madrid, cuyo jefe es Eduardo Esteban, y el Juzgado de Instrucción 35 se pongan de acuerdo en quién debe transcribir los testimonios grabados de los imputados, IU no quiere que se cierre la investigación penal. Aduce que en el Juzgado 35 solo se han indagado dos de las 33 empresas, y que, por tanto, urge pedir al juzgado mercantil toda la documentación que recibió de Londres. Ya que, hasta el momento, las pesquisas del Juzgado 35 se han ceñido a las firmas Beltraex Nexo y Fersa. Pero son muchas más. “Tiene difícil explicación que un arquitecto que hace desarrollos urbanísticos y que sabe antes que nadie cómo y qué terrenos se van a recalificar, aparezca luego como dueño de algunos de ellos, puestos a nombre de sociedades en el extranjero”, señalan fuentes de la investigación. “Si el juzgado tira de la manta, pueden salir implicados muchos cargos públicos municipales”, añaden. Fuentes del despacho de Arnáiz rehusaron hablar alegando que el asunto está sub judice.
