Política

El Rey encarga a uno de los padres de la Constitución la defensa de su hija

El fundador de CDC Miquel Roca representará a la Infanta con el penalista Jesús Silva

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La Zarzuela buscaba para la infanta Cristina un abogado “serio, de prestigio y de la máxima confianza del Rey”. Con un estilo en las antípodas del defensor de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, cuyas declaraciones a pie de acera nunca han caído bien en la Casa del Rey. Y don Juan Carlos eligió a un padre de la Constitución, Miquel Roca, con el que mantiene una estrecha relación desde hace 40 años y al que ve con asiduidad, para asistir a su hija en el trance más delicado para la Corona: la imputación por primera vez de un miembro directo de la familia real.

La llamada se hizo el jueves desde La Zarzuela, según fuentes de la misma. Don Juan Carlos avalaba personalmente la elección, adelantada este viernes por La Vanguardia. El teórico único pero —que Roca no es un abogado penalista porque su especialidad es el derecho administrativo y mercantil— quedo solventado en esa llamada, pues el constitucionalista comunicó que trabaja con el equipo del penalista Jesús María Silva, socio del despacho Molins-Silva, con el que su bufete tiene un acuerdo para que ellos se encarguen de las causas penales que les llegan. Solucionado.

No es la primera vez que La Zarzuela recurre a Roca. El abogado, de 72 años, uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), presidente del grupo parlamentario catalán en el Congreso desde 1977 a 1995, miembro de la comisión que redactó el Estatuto de Cataluña y padre de la Constitución, es uno de los puentes o mediadores que el Rey utiliza en momentos de tirantez con Cataluña o tensión soberanista, como también lo son el editor José Manuel Lara o el empresario Antonio Bruffau.

Además, en este caso, Roca también es una persona de la confianza de la infanta Cristina. De hecho, se ha reunido varias veces con ella y su marido, Iñaki Urdangarin, desde que regresaron de Washington a Barcelona y se empezaran a multiplicar sus problemas con la justicia.

“Sí, he hablado con la Infanta, lógicamente… pero tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional, un estilo y una conducta que quiero respetar. No voy hablar de temas profesionales”, repitió Roca una y otra vez este viernes en la puerta de su despacho ante el enjambre de periodistas que preguntaban sobre el estado de ánimo de la Infanta y si iba a reunirse con el representante de Urdangarin, Mario Pascual Vives: “No lo contemplo en este momento. Mi agenda es complicada”.

El veterano abogado cumplía todos los requisitos que La Zarzuela demandaba esta vez, cuando se trata de defender a la hija del Monarca. Con la imputación de la Infanta, la Casa del Rey ha reaccionado de una forma radicalmente distinta a la que mantuvo en diciembre de 2011, cuando el imputado era Iñaki Urdangarin. Entonces, aunque les hubiera gustado un abogado con otro perfil y mayor experiencia, no podían imponer al duque de Palma su representante después de calificar su comportamiento de “no ejemplar” y comunicar que quedaba apartado de la agenda oficial de la familia real. Así que Urdangarin eligió a un amigo, Mario Pascual, quien desde su imputación actúa como abogado y también como portavoz, ya que la Casa del Rey lo apartó de su vida oficial e incluso borró su rastro de su web.

Entonces, diciembre de 2011, no hubo comentarios sobre el auto de imputación de Urdangarin. Ahora, en abril de 2013, La Zarzuela sí se ha permitido valorar el auto del juez José Castro que citaba a la Infanta como imputada para manifestar su “sorpresa” por el cambio de criterio del magistrado, que en anteriores ocasiones había rechazado imputar a doña Cristina, y a la vez su apoyo a la decisión del fiscal de recurrir, destacando, además, “su imparcialdiad”. Es decir, el Rey defiende la inocencia de su hija, cosa que no ha hecho con Urdangarin.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aclaró este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “la Administración del Estado no va a pagar” el abogado de la Infanta. Doña Cristina tampoco recibe ahora la parte de la asignación presupuestaria a la Casa del Rey que el Monarca reparte a su criterio entre los miembros de la familia real para “gastos de representación” porque desde octubre de 2011 no participa en ningún acto oficial.

Roca asesora ya a la Infanta, pero podría no tener que entrar en acción si la Audiencia de Palma resuelve a favor del recurso contra la imputación de doña Cristina que ha motivado que el juez Castro aplace su citación a declarar el 27 de abril. En cualquier caso, se suma a un elenco de abogados con perfiles muy diversos. Roca, nacido en el exilio hace casi 73 años, es un político de la Transición, un negociador nato, cualidad que quizá sea muy útil en esta causa en la que hasta ahora apenas ha habido negociación entre las partes implicadas. Pascual Vives, penalista y miembro del bufete barcelonés Brugueras, García-Bragado, Molinero y asociados, era casi un desconocido cuando su amigo Iñaki Urdangarin le pidió que asumiera su representación. Manuel González Peeters, el administrador de tiempos y correos electrónicos, defensor del exsocio del duque de Palma, Diego Torres, ha cumplido, de momento, el objetivo que le había marcado su cliente: imputar a la esposa de Urdangarin como ya lo estaba la suya.

“Estoy responsabilizado. Lo hago cada mañana, con esta defensa como con otra”, declaró Roca. Una mentira piadosa cuando el cliente es una Infanta, el encargo viene de un amigo, y en juego está el prestigio de la Corona.

Una “boutique penal” veterana y próxima a Convergència i Unió

El codefensor de la infanta Cristina, el catedrático de Derecho Penal Jesús-María Silva, es uno de los cuatro socios de Molins & Silva. El despacho catalán, que se define como una boutique penal independiente, firmó el pasado enero un convenio de colaboración con Miquel Roca para asumir todos sus casos del ámbito penal, una circunstancia que no escapó a la Casa del Rey cuando encomendó la defensa de la Infanta a uno de los padres de la Constitución.

Molins & Silva es un despacho próximo a Convergència i Unió (CiU) y ha defendido los intereses de los dos partidos que integran la federación nacionalista en casos de corrupción. Por ejemplo, el caso Pallerols: Unió aceptó devolver el dinero con el que se había financiado de forma irregular a través de fondos para formación. Además de Silva, que ejerce en la oficina de Madrid, son socios de la firma Pablo Molins, Jordi Pina y Jorge Navarro, todos ellos penalistas veteranos con amplia experiencia, que abrieron el despacho en Barcelona en 1994.

En los primeros compases del caso Palau, Molins fue el abogado de Fèlix Millet, principal saqueador de los fondos del Palau de la Música, la emblemática institución catalana. Pina mantiene la defensa de quien fue mano derecha de Millet en el presunto desfalco, Jordi Montull. El despacho también asumió la acusación particular de E-Cristinas en el caso de los abortos ilegales del doctor Morín, que fue absuelto.

Molins & Silva asume la defensa de la Infanta como “un reto profesional muy importante” y ha designado ya un equipo de trabajo para analizar los 42.000 folios que integran el sumario del caso Nóos. Los socios han valorado el prestigio académico internacional de Jesús-María Silva para designarle titular en la defensa de la infanta Cristina.

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