La Infanta contratará a su abogado con el visto bueno de La Zarzuela

La Casa del Rey no ha pedido ni va a pedir de momento a la infanta Cristina que renuncie a sus derechos dinásticos. Fuentes de La Zarzuela lo comunicaron el pasado diciembre y aseguran que la posición en ese sentido no ha cambiado desde la imputación. La renuncia de doña Cristina, que ya han pedido algunos representantes políticos, sería un gesto voluntario con nulos efectos prácticos —es la séptima en la línea de sucesión—, pero de una enorme carga simbólica.

La Casa del Rey no va a tomar medidas hasta estudiar el recurso de la fiscalía contra la imputación de la Infanta —que se presentará hoy— y hasta saber si el juez Castro aplaza su citación como imputada el 27 de abril para dar tiempo a la Audiencia Provincial de Palma a resolver sobre ese recurso. “Solo han pasado 24 horas. No vamos a precipitarnos”, comentan fuentes de La Zarzuela.

De momento, según las mismas fuentes, doña Cristina todavía no ha elegido al abogado que la representará, aunque esta vez, al contrario de lo que ocurrió con Iñaki Urdangarin, que escogió unilateralmente a Mario Pascual Vives, será una elección “consensuada” con la Casa del Rey. Lo que ya está claro es que los duques de Palma no compartirán letrado, pese a que Pascual Vives, que el mismo día de la imputación se reunió con el matrimonio en su casa de Pedralbes, se apresuró a asegurar el miércoles que representar a la Infanta “sería un honor”.

Aunque han sonado algunos nombres, como los de Horacio Oliva, Ignacio Ayala, Gonzalo Rodríguez Mourullo, el despacho de Rodríguez Ramos o Miguel Bajo —los grandes penalistas españoles que aparecen en todas las quinielas cuando alguien importante tiene problemas con la justicia—, la decisión no está tomada. El abogado de doña Cristina será alguien de su confianza que cuente con el visto bueno de la Casa del Rey. El nombre se conocerá previsiblemente antes del lunes.

Desde La Zarzuela insisten en que están a la expectativa y no quieren tomar decisiones mal meditadas. En un principio, tras conocer por los medios de comunicación la imputación de la Infanta, decidieron guardar silencio —"no comentamos decisiones judiciales" fue su primera respuesta—, pero cambiaron de opinión al saber que la fiscalía iba a recurrir ante la Audiencia de Palma la decisión del juez José Castro. En ese momento sí les pareció oportuno manifestar, "desde el máximo respeto a las decisiones judiciales", tanto su "sorpresa" por el cambio de criterio del magistrado, que antes había rechazado imputar a la Infanta, como su "absoluta conformidad" con la decisión del fiscal de recurrir esa imputación. Declaraciones que motivaron que la número dos del PSOE, Elena Valenciano, pidiera ayer a la Casa del Rey que "deje actuar a la justicia" y "no tome partido" entre juez y fiscal.

En cualquier caso, La Zarzuela tiene, de momento, poco margen de maniobra y prefiere esperar. Apartarla formalmente de la agenda oficial sería una medida imperceptible, pues doña Cristina ya está de facto alejada de los actos oficiales desde octubre de 2011. La renuncia a sus derechos sería un gesto simbólico, pero de momento no van a pedírsela.