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¿Cómo surge el ‘caso Urdangarin’?

En un registro por el 'caso Palma Arena' surge la primera sospecha sobre Urdangarin

Luis Gómez
Los duques de Palma, en diciembre de 2012, en Vitoria.
Los duques de Palma, en diciembre de 2012, en Vitoria.Europa Press

Durante un registro relacionado con el caso Palma Arena, en el que se investigan los excesos e irregularidades en la construcción de un palacio de Deportes, surge la primera sospecha de que había unas relaciones especiales entre el Gobierno balear y el duque de Palma. Se descubre entre los documentos un correo electrónico fechado el 21 de marzo de 2006 a las 19.38 horas. En ese correo, dirigido al director general de Deportes del Ejecutivo balear, José Luis Ballester, un trabajador del instituto Nóos, señalaba: “Como te ha comentado Iñaki, nos gustaría mantener una breve reunión para que conocieras un proyecto muy interesante que os presentará la empresa ACTIS, dirigida por José Luis Ferrando. Se trata de un evento deportivo llamado World Beach Games. Iñaki me ha comentado que estarás disponible en tu despacho el viernes 24 a las 10. Te confirmo que allí estaré acompañando a José Luis Ferrando en su presentación”. Ese Iñaki en los correos era Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien había dejado de ser presidente de Nóos pero, al parecer, seguía haciendo gestiones.

¿Qué era en realidad Nóos?

Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, justo cuando Urdangarin fue nombrado presidente del mismo. Bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, Nóos logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP. Esos contratos fueron adjudicados a dedo y nadie controló que el dinero público adjudicado se correspondía con lo realmente gastado, según la investigación judicial. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.

¿Cuál es la primera decisión del juez?

El 22 de julio de 2010, el juez José Castro, que lleva la instrucción del caso palma Arena, decide abrir una nueva pieza separada, la número 25, dedicada a investigar las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma. Ello permite pedir información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

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¿Qué se encuentran los investigadores?

Cuando la investigación reclamó la documentación de los convenios de colaboración entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear y, sobre todo, cuando analizó cómo se justificaban los gastos del millón de euros de la organización de un congreso, el juez pudo apreciar que había precios muy por encima de los que regían en el mercado y contrataciones entre empresas de la trama con epígrafes genéricos que no permitían acreditar si realmente se había prestado el servicio por el que se había librado el pago. Además, las facturas presentadas no sumaban el monto recibido del Gobierno balear. La investigación llega a evaluar en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear. De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los años 2005 y 2006, que duraban dos días. Se descubre además salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia paraísos fiscales.

¿Cuándo entra en acción Diego Torres?

Fue en septiembre de 2010 cuando Diego Torres es llamado a declarar por el juez como testigo. En esa comparecencia, Torres aportó 384 documentos relacionados con los contratos que el Instituto Nóos suscribió con el Gobierno balear. El juez decide imputar entonces a Torres. De todas formas, pasa algo más de un año, hasta que en noviembre de 2011 se producen los registros de las sedes ligadas a la empresa Nóos en Barcelona y Valencia. Se denomina Operación Babel, por la maraña de nombres, Aizóon, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y, sobre todo, Nóos, que daba "la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro" para "organizar un entramado societario utilizando un grupo de sociedades a través de las cuales desviaban fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos". Un informe de Hacienda cifra en 16 millones los ingresos de Nóos.

¿Qué pasa con Urdangarin?

Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones. Torres está imputado, pero Urdangarin, no. El juez se toma su tiempo. Y en ese tiempo, la Casa del Rey comienza a desmarcarse de Urdangarin, el Rey hace una alusión a una “justicia igual para todos” en su discurso de Nochebuena. Son los antecedentes de lo que parecía irremediable, la imputación de Iñaki Urdangarin, que se produce el 29 de diciembre de 2011. El juez, además, levanta el secreto del sumario.

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Hay dos hechos que marcan la última y decisiva trayectoria del caso, que el juez en su último auto ya anuncia que está en su fase final. El primero se produce cuando Iñaki Urdangarin presta declaración por primera vez (los días 25 y 26 de febrero de 2012). Declara durante 21 horas y su estrategia es la de echarle todas las culpas a su exsocio Diego Torres (con quien comenzó a tener sus primeras diferencias en 2008 por asuntos de dinero) y exculpar de toda responsabilidad a la infanta Cristina. La respuesta de Torres, que ha visto cómo el juez imputa a su esposa, no se hace esperar y es la de demostrar, a través del envío de correos electrónicos, que Urdangarin era el alma mater de todo el entramado y que la infanta Cristina estaba al cabo de la calle de todas las gestiones. Torres se convierte en el peor enemigo de Urdangarin.

¿Han sido determinantes los correos de Torres?

Se ha cumplido casi un año entre el 12 de abril de 2012 cuando Diego Torres envía al juez una primera remesa de correos electrónicos y el 27 de marzo de 2013 cuando envía la séptima y última conocida hasta el momento. Torres ha ido dosificando la información de tal forma que el juez, que parecía no ver clara la estrecha relación de la infanta Cristina en el caso, termina aceptando que la infanta Cristina no podía estar ajena a tantos hechos. La séptima remesa de correos electrónicos que llegó el pasado martes al juzgado de la mano del abogado de Diego Torres apuntan a que la infanta Cristina conoció en 2003, cuando arrancó el negocio de Urdangarin con el Instituto Nóos, los pormenores de aquella aventura empresarial. “Aprovecho que estás conectada”, escribía el yerno del Rey a la infanta Cristina el 20 de febrero de 2003, “para enviarte una comunicación de Nóos tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas”. El juez alude a casos tan concretos como la contratación de unas empleadas del hogar en situación irregular en España “anunciándoles que se les pagarían sus salarios en dinero fiscalmente opaco para luego acabar siendo contratados por la entidad mercantil Aizóon SL coparticipada por el matrimonio”, o a su intervención para un proyecto de vela o la consulta que su propio esposo hace sobre unos comunicados que han de emitir a través de Nóos.

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