Los alcaldes preparan su ofensiva para descafeinar la reforma municipal
El Gobierno lleva más de un mes sin remitir al Consejo de Estado el proyecto La FEMP quiere presionar con la convocatoria de una asamblea
Que el Gobierno se ha metido en un complicado jardín con la reforma de la administración local lo sabe hasta el último alcalde del PP. La oposición al anteproyecto de ley que quiere transformar la actual Ley de Bases de Régimen Local para dar más poder a las Diputaciones ha sido tan fuerte que el informe, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero, todavía no ha llegado a su siguiente parada: el Consejo de Estado.
El dato es significativo, porque cuando el Ejecutivo quiere imprimir ritmo a una ley no suele pasar ni una semana entre una cosa y la otra. “Esto no ha hecho más que empezar”, analiza un miembro del consejo federal de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). “El PP está llamando a filas a sus alcaldes pero lo va a tener muy complicado porque la presión pública crece y muchos municipios amenazan con la insubordinación”, asegura la misma fuente, que echa cuentas: “Como muy temprano la ley entrará en vigor en enero de 2014, a un año de las elecciones, y eso les puede hacer daño”.
La batalla de los alcaldes por descafeinar la norma comenzó con las protestas desde la oposición (fundamentalmente PSOE, IU y CIU), continuó con los ataques en voz alta de las federaciones de municipios autonómicas dominadas por el PP, como Galicia o La Rioja y se reforzó con los peros de los Gobiernos autónomos de todo signo, en especial el andaluz. Critican que se haya centrado estrictamente en el aspecto económico cuando la deuda de los Ayuntamientos no solo no ha crecido en 2012, sino que únicamente supone el 4,1% del PIB (41.967 millones). “Es el mundo al revés, ahora vamos a tener que financiar a las Comunidades Autónomas para que presten servicios sociales en las ciudades”, asegura Abel Caballero (PSOE), vicepresidente de la FEMP. Con la poda de competencias también se recortarán los presupuestos locales. Conflictos con contratas de basuras, agua o limpieza que han generado huelgas en toda España son un ejemplo de lo que podría suceder.
Íñigo de la Serna, alcalde de Santander (PP), y presidente de la FEMP, está intentando calmar los ánimos con un documento que recoge las alegaciones municipales al plan. El borrador ya circula en los despachos y es demoledor: si se aplicase punto por punto la Ley quedaría desvirtuada por completo, porque propone la supresión de los artículos más polémicos, como el que refuerza el poder de intervención sobre los consistorios de menos de 5.000 habitantes. Los alcaldes dicen que no aceptarán que aumente el control de las autonomías ni que se refuerce el papel de los interventores, a los que ven como los “hombres de negro” del ministro Cristóbal Montoro. Tampoco van a pasar porque no se les escuche para fijar el llamado “coste estándar de los servicios”, de referencia para determinar si un Ayuntamiento es eficiente.
El Ministerio de Hacienda asegura que la diferencia entre lo que los municipios pagan por un mismo servicio puede llegar al 70%, pero la fórmula que ha buscado para atajar el despilfarro, a juzgar por los expertos, va a ser muy difícil de aplicar. Otro tema polémico es la intención del PP de sustituir la fusión de Ayuntamientos por una fórmula mucho más compleja que quizá no dé los mismos resultados: el vaciado de competencias de los núcleos de menos de 20.000 habitantes, que en España son 7.717, el 95% del total.
En unos días la FEMP tendrá listas sus alegaciones. Si las voces de los alcaldes no son tomadas en cuenta tienen guardado un as en la manga: convocarán una multitudinaria asamblea convocando a los 7.331 municipios de la federación. La presión aumentará.
Los cinco puntos calientes de la nueva ley
Hasta ahora el tema de los salarios de los alcaldes ha monopolizado el debate sobre la reforma de la administración local. Pero realmente los sueldos son la punta del iceberg de la batería de cambios que prepara el Gobierno con el fin de alcanzar un ahorro que cifra en 7.129 millones y que, según los Ayuntamientos, solo conseguirá empobrecer los servicios y vaciar de contenido político la institución más cercana al contribuyente. Estos son los puntos de conflicto.
Competencias. La reforma quiere modificar los artículos 25 y 26 de Ley de Bases de Régimen Local y eliminar competencias municipales como las que tienen que ver con la educación, la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción o actividades como promoción de la mujer o la sanidad. Al eliminar esas competencias también restará a los Ayuntamientos la financiación correspondiente que reciben por su participación en los ingresos del Estado. En el caso de ayuntamientos de tamaño medio como Vigo (290.000 habitantes) supondría quedarse sin cerca de ocho millones de euros. Los alcaldes quieren dejar de prestar esas competencias pero que no se detraiga ni un euro de sus presupuestos.
Coste de los servicios. El Gobierno quiere fijar un precio por cada servicio (basuras, agua, limpieza) sin contar con los Ayuntamientos. Los que no puedan ofrecer los servicios a esos costes, que se supone serán bajos, deberán ceder la competencia a las Diputaciones. Es una de las líneas rojas de la FEMP. No admitirá que estos costes no se consulten con las entidades locales.
Retribuciones. Prohibir que el 80% de los concejales perciba una retribución escuece. Intentan que los alcaldes de pueblos de menos 1.000 habitantes reciban un sueldo a través de una dedicación parcial. Piden que también se pongan límites a los sueldos de los presidentes de las Diputaciones.
Pueblos pequeños. La FEMP no quiere que se redoble el control en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. El Gobierno quiere intervenir aquellos que, con un plan económico que cumplir, superen el nivel de deuda, no remitan información al Ministerio de Hacienda o sus servicios sean evaluados negativamente. Piden que se elimine este artículo de la ley.
Control. Para muchos alcaldes los interventores se pueden convertir en los hombres de negro del Ministerio, con capacidad de decidir si un servicio se puede prestar en función de la disponibilidad económica del momento. Quieren que la reforma no les dé más poder.
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