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La Audiencia Nacional aparta a Bermúdez y da a Ruz el ‘caso Bárcenas’

La Sala se decanta, dos a uno, por la preferencia de la fiscalía y en contra de las acusaciones

Los papeles de Bárcenas serán investigados finalmente por el juez Pablo Ruz como pieza separada del caso Gürtel, tal y como quería la Fiscalía Anticorrupción. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional así lo decidió este miércoles por dos votos frente a uno, apartando del caso al magistrado Javier Gómez Bermúdez. Este último contaba con el apoyo de los querellantes: Izquierda Unida y otras tres organizaciones, que pidieron que se investigaran los 14 folios de la supuesta contabilidad B del PP manuscritos por el extesorero Luis Bárcenas.

La decisión pone fin a una pugna emprendida desde hace semanas por ambos magistrados. Ruz consideraba que había suficientes elementos de conexión entre Gürtel y los papeles de Bárcenas como para investigarlos en el mismo procedimiento, con una pieza separada. Bermúdez defendía sin embargo que Ruz no se interesó por el caso hasta que él lo asumió, negando hasta ese momento conexiones suficientes entre ambas investigaciones, y que la posible financiación ilegal del PP excede el ámbito Gürtel, una red que solo constituiría uno de los posibles financiadores del partido.

Una vez que el caso ha pasado a Ruz, el juez Bermúdez tendrá que remitirle la querella y todo lo actuado. ¿Qué ocurrirá ahora con las diligencias ya emprendidas por Bermúdez? ¿Quedan sin efecto o siguen vigentes? Fuentes de la Audiencia Nacional indican que, dado que nadie ha pedido la nulidad de lo actuado por Bermúdez, las citaciones y demás peticiones en principio serían válidas. Aunque Ruz podría revocarlas. Una vez que se le ha adjudicado el caso, tendrá que tomar las decisiones que considere convenientes y decidir, entre otras cuestiones, si mantiene o revoca las citaciones como imputados a una decena de empresarios que debían acudir a declarar a la Audiencia Nacional los próximos 4 y 5 de abril.

Los magistrados Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro se decantaron por Ruz, como había hecho el fiscal Antonio Romeral durante la vista pública, en la cual la juez Barreiro pasó más de tres horas sujetando un folio que le tapaba la cara para que su rostro no quedara registrado en la grabación de la vista. La magistrada Clara Bayarri emitió un voto particular en favor de que la investigación quedara en manos de Bermúdez, coincidiendo con los querellantes.

El debate jurídico se centró en los siguientes aspectos: ¿Hay suficientes puntos de conexión entre Gürtel y los papeles de Bárcenas como para que se investiguen conjuntamente? ¿Tiene sentido que, si se queda en manos de Ruz, el PP sea acusación en el caso Gürtel y querellado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas? Y, si el asunto quedara en el juzgado número 5, ¿no se convertiría Gürtel en un macroproceso ingobernable?

El auto que otorga la competencia a Ruz solo responde, y escuetamente, a la primera de las cuestiones. Menciona el informe que elaboró la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) a petición del magistrado sobre los vínculos entre ambas tramas y un documento aportado por Bárcenas que refleja donativos al PP entre 1999 y 2007 que tenía como fuente el Tribunal de Cuentas. Sin entrar en mayor abundamiento —explica en solo dos enrevesados párrafos por qué se concede a Ruz la competencia—, la resolución indica que entre ambas tramas “hay un nexo entre donativos y persona que los contabiliza”. “El nexo subjetivo y provisional que se observa en ambos grupos, que pagan dinero para obtener favorecimiento económico, concita la atribución de competencia al Juzgado 5”, indica.

El voto particular de la magistrada Bayarri replica que Gürtel y los papeles de Bárcenas no versan sobre “idénticos hechos”. Afirma que todas las partes reconocen que Ruz, en “sucesivas resoluciones”, rechazó investigarlos por considerar que “no guardaban relación alguna con la denominada trama Gürtel”, y que el primero que “comenzó” la investigación fue Bermúdez.

La fiscalía ha defendido la existencia de múltiples elementos de conexión entre los papeles de Bárcenas y Gürtel

Las investigaciones emprendidas por ambos, además, son distintas, según Bayarri, porque Ruz “delimita el objeto de la pieza separada señalando que este lo constituye la posible existencia de pagos realizados por la tesorería del PP durante un dilatado periodo de tiempo a miembros integrantes de ese partido... mediante la entrega de diversas cantidades de dinero sin aparente justificación legal y sin aparente reflejo en la contabilidad oficial de ese partido ni en las correspondientes declaraciones tributarias”. Es decir, la investigación de Ruz se limitaría a los sobresueldos, sostiene Bayarri. Sin embargo, la de Bermúdez iría más allá al referirse a la posible correspondencia entre donaciones de empresas y adjudicaciones de obra pública de administraciones populares.

El voto particular señala también que estos dos casos carecen de la “indudable e incuestionable” relación para acumularlos, y que su tramitación conjunta redundaría “en un seguro entorpecimiento y obstrucción a una ágil conclusión de los mismos”. Finalmente, señala que “la existencia de siete apuntes contables [en los papeles de Bárcenas] pretendidamente coincidentes” con Gürtel no determina “conexidad entre los hechos investigados, especialmente si se considera la proporción numérica mínima de anotaciones que se mencionan” en relación con el todo. Además, indica que no puede valorar si estas correspondencias son tales o no, ya que no ha tenido acceso a la documentación de ninguno de los dos procedimientos.

Bayarri añade finalmente que no es razonable que en el mismo procedimiento el PP sea acusación y querellado. En el mismo sentido se habían pronunciado por la mañana los abogados de los querellantes. Antonio Segura, letrado de la Asociación Libre de Abogados (ALA), lamentó que si el caso se quedaba en manos del juzgado número 5, el PP se convertiría en un “ornitorrinco procesal” del que no se sabría si es defensa o acusación.

Las diligencias ordenadas por Ruz y Gómez Bermúdez hasta el momento son distintas. El primero solicitó al PP, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria toda la documentación contable y bancaria referida a las donaciones recibidas por el partido entre 1990 y 2011. Bermúdez pidió al PP y a siete organismos públicos que le facilitaran una serie de documentos para comprobar si, en esas fechas, hubo sobresueldos en el PP pagados con donaciones de empresarios y si, esas donaciones fueron compensadas con adjudicaciones públicas. Llamó también a declarar a los empresarios que supuestamente entregaron dinero y además les pidió que aportaran la relación de sus contratos entre 2002 y 2009 de administraciones gobernadas por los populares.

Para el PP, la solución final ha sido la mejor opción. No porque Ruz, de perfil progresista, vaya a favorecer a este partido —fue de hecho quien impulsó de nuevo la investigación contra Bárcenas después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal acordara la reapertura de la instrucción, archivada por el juez Pedreira— sino porque a Bermúdez, encargado de juzgar el 11-M, le temen.

El mismo PP, que antes lo promovió como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, influyó el año pasado en que no fuera renovado, razón por la que ocupa ahora un juzgado de instrucción. El PP lo considera imprevisible y no está de acuerdo con la celeridad con la que ha actuado. El magistrado pidió tras admitir a trámite la querella una batería de diligencias que incluía la citación como imputados de una decena de empresarios, algo que la fiscalía calificó de “desproporcionado”.

Cayo Lara, coordinador general de IU (querellante) acusó al Gobierno de emplear un comportamiento mafioso y de usar a la fiscalía como “defensa central” para apartar a Bermúdez del caso. “La familia ha vuelto a funcionar. Brindemos”, dijo en Twitter.

La defensa de Luis Bárcenas, por su parte, dijo que le resultaba indiferente que el caso quedara en manos de Ruz o Bermúdez. Sostuvo que debía ir a un juzgado ordinario de Madrid porque, según ellos, lo único que se puede derivar de los documentos es un delito fiscal.

 

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