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La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un fraude de 136 millones

El dinero se fue en ayudas directas a empresas, 'sobrecomisiones' y a intrusos en los expedientes

Alaya prevé una nueva tanda de detenciones

La juez Mercedes Alaya entra en un taxi, tras salir del juzgado de Sevilla tras 24 horas de interrogatorios.

La juez Mercedes Alaya ha puesto la proa a "los verdaderos beneficiarios" del dinero del fraude de los ERE. Una cantidad de fondos públicos enorme, pero, de momento, muy lejos de lo que ha llegado a escribir Alaya, quien sugirió que todo lo que se dio por este proceso es ilegal. La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden ya a 136 millones. La cifra aglutina los 50 millones desviados por las sobrecomisiones, según la Guardia Civil, las ayudas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). La Cámara de Cuentas andaluza peinó durante un año el fondo de los ERE, dotado de 721 millones, y precisó la cifra de subvenciones a empresas y la de los intrusos, un dinero que el Ejecutivo andaluz reclama ahora.

La Junta exige la devolución de las ayudas a empresas y las pólizas abonadas a estos 126 intrusos, personas próximas al PSOE y exdirigentes de la Consejería de Empleo, según la juez. Tanto estas últimas reclamaciones como la iniciada contra las 121 empresas subvencionadas, constituyen ahora expedientes administrativos de la Junta que culminarán en los juzgados de lo contencioso-administrativo tras las alegaciones ya presentadas. Los jueces determinarán si procede la devolución del dinero en una batalla legal que se antoja muy larga.

Mientras, los auditores de la Cámara de Cuentas plasmaron en su biblia técnica sobre el caso que las consultoras Vitalia y Uniter recibieron 68 millones en comisiones por encima del mercado. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones, aunque ya ha avisado de que esta cifra de dinero desviado a las consultoras crecerá. Los investigadores consideran que los porcentajes eran abusivos e ilegales. Por su parte, las consultoras alegan que la Dirección General de Seguros siempre estuvo al tanto de los porcentajes, que llegaron a superar el 20% de la cuantía que supuso cada ERE.

Los 136 millones defraudados, que rondan el 18% del costo actual del fondo —721 millones (cuando se acabe de pagar habrá costado 1.217 millones)—, es una cifra escandalosa, pero muy lejos de los 1.000 millones que el PP asegura que se ha robado. Ayer el número tres de los populares, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, volvió a disparar con hipérboles desmesuradas: "Casi 1.000 millones de euros destinados a ayudar a los parados, dinero público, que ha sido utilizado por una trama corrupta organizada en la Junta de Andalucía para beneficiarse unos pocos". El discurso del PP sobre el escándalo ha consistido desde su inicio en exagerar algunas cifras y hace un año elevaron las comisiones de las consultoras a una horquilla de entre 150 y 200 millones.

En las filas de enfrente, el PSOE afronta su mayor caso de corrupción en 30 años de Gobierno en la Junta. Tras su reacción inicial de minimizar el caso a "cuatro golfos", en relación con el círculo cercano al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el discurso oficial ha cambiado. Ya no se reduce el escándalo dada su dimensión (acumula ya 68 imputaciones judiciales), pero fuentes del Gobierno autónomo resaltan su satisfacción porque la Operación Heracles de esta semana ha seguido la pista del dinero. Y esta investigación ha hecho olvidar de momento los debates jurídicos de fondo sobre el uso ilegal de la partida presupuestaria, que puso en jaque al Gobierno porque afectaba al presidente José Antonio Griñán durante su etapa como consejero de Economía.

El pago de las comisiones a consultoras, adelantado por EL PAÍS hace 14 meses, ha aclarado que el grueso del dinero desviado de los ERE ha ido a parar a pocas manos: una trama de corrupción con el intermediario Juan Lanzas, Guerrero y la cúpula de la consultora Vitalia como vértices. De momento, las insinuaciones del PP de una financiación ilegal del PSOE andaluz se han quedado en eso, en rumores sin indicios que lo acrediten.

Eso sí, no hay duda de que la Operación Heracles es solo una de varias tandas de detenciones que intentarán acotar la dimensión completa del caso. "Es solo el primer piso para levantar el edificio. Está por ver si llegaremos a cuatro o cinco pisos", ilustran fuentes del caso. Porque los posibles nuevos imputados ya han sido avisados de que están en el punto de mira, desde que en 2010 comenzó la investigación: directores de las aseguradoras con comisiones abusivas que pagaban a las consultoras, sindicalistas beneficiados con pólizas, otros bufetes de abogados que tramitaron ERE con visos flagrantes de irregularidad... algunos de los detenidos esta semana se vinieron abajo en los interrogatorios y han señalado a los protagonistas de las próximas detenciones.

Unos 30 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinan la década en la que la corrupción extendió sus tentáculos en la Consejería de Empleo. El paso del tiempo beneficia la destrucción de pruebas, pero queda un obstáculo insalvable: "El problema es que las cuentas corrientes de los bancos dejan rastro", apuntan otras fuentes.

El descontrol de las ayudas públicas esos 10 años es una factura cifrada de momento en 136 millones. Y a pesar de que el fraude solo benefició a 126 intrusos de un total de 6.096 prejubilados gracias a la Junta, la huella que han dejado tantos desmanes aflora ahora con otros beneficiados.

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