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El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina

Víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías

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Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado.

Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.

La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.

La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España

La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.

Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.

La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez

A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.

Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.

La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.