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Esgrima jurídica en Prim, 12

Gómez Bermúdez, por un lado, y la fiscalía y Ruz, por otro, mantienen una pugna extenuante por la competencia para investigar los papeles de Bárcenas

Fernando J. Pérez
SCIAMMARELLA

La Audiencia Nacional, un organismo acostumbrado a las convulsiones y a las tensiones —casi siempre jurídicas— entre sus jueces y secciones, vivió ayer una jornada frenética a cuenta del caso Bárcenas. Una jornada que no hace sino poner un punto y aparte a tres semanas de pugna entre dos de sus magistrados —Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz— por dirimir quién se encarga de investigar la contabilidad secreta del extesorero del PP. Gómez Bermúdez, por un lado, y la Fiscalía Anticorrupción y Pablo Ruz, por otro, se están sometiendo a un extenuante ejercicio de esgrima legal. Los escritos —autos, providencias, recursos...—, en ocasiones empapados en vitriolo jurisprudencial, se suceden a un ritmo endemoniado. Exagerando solo un poco, quedan obsoletos casi antes de que puedan tener vigencia.

Ayer, el enfrentamiento fue especialmente duro. Mientras en la segunda planta de la Audiencia, en el despacho de Ruz, sobre las 10.10, Luis Bárcenas se negaba a declarar sobre su contabilidad manuscrita y rechazaba repetir la prueba caligráfica, Gómez Bermúdez, el magistrado a quien el jueves sus superiores impidieron interrogar al extesorero popular, emitía una resolución de apariencia inocua, pero de una acidez legal considerable.

En apenas un folio, el magistrado que presidió el tribunal del 11-M, respondía a un “recurso de apelación” de la fiscalía “contra la providencia” del pasado miércoles en la que Gómez Bermúdez citaba a declarar a Bárcenas. En ese escrito, el ministerio público acusaba al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de actuar con “picaresca” para poder dirigir las pesquisas sobre los papeles de Bárcenas.

La estocada sin espada de Bermúdez consistía en “inadmitir de plano” —equivalente jurídico a no darse ni por enterado— el escrito de la fiscalía. Y, de paso, recordar al ministerio público un principio básico de derecho procesal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo contempla los recursos de apelación contra los autos, y no contra las providencias de jueces y tribunales. La lección, sin citarla, era extensible a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el jueves suspendió cautelarmente la declaración de Bárcenas atendiendo un “recurso de apelación” de la fiscalía “contra la providencia” de Bermúdez en la que citaba al extesorero para ayer, dos horas después de que declarara ante Ruz.

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Ese escueto auto de Bermúdez tiene una lectura adyacente: el magistrado no está dispuesto a rendirse y mantiene el resto de las diligencias previstas sobre los papeles de Bárcenas en tanto no se resuelva cuál de los dos jueces es legalmente competente para asumir la causa. Entre estas pesquisas, la más destacada es la declaración de los diez empresarios que supuestamente aportaron, entre 1990 y 2008, los 7,5 millones de euros que figuran en la contabilidad manuscrita de Bárcenas. Estos interrogatorios están previstos, salvo que la Sala de lo Penal también los vete, para los próximos 4 y 5 de abril.

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Justo cuando Gómez Bermúdez ya había abandonado ayer sobre las 13.00 la sede de la Audiencia en la calle de Prim, 12, la fiscalía le lanzó otra andanada. En un escrito, el ministerio solicitaba al juez Ruz que rehusara el requerimiento de inhibición que le había hecho Gómez Bermúdez y mantuviera la competencia sobre los papeles de Bárcenas. El ministerio público acusaba a Bermúdez de incurrir en “palmarios errores” y “contradicciones” al reclamar la causa para sí.

Dos horas más tarde, Ruz, que durante todo este proceso ha evitado prudentemente enfrentarse con Bermúdez a través de autos y ha seguido los pasos de la fiscalía, comunicaba el rechazo a las pretensiones de su colega. En su última resolución Ruz le daba la opción de que plantee un conflicto de competencia ante “el superior jerárquico común”, es decir, la Sala de lo Penal de la Audiencia. Un capítulo final de la pugna que está aún por escribir.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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