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Los juzgados dictaron en cuatro años casi 400.000 ejecuciones hipotecarias

La mayoría de afectados son parados, muchos de ellos inmigrantes

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Entre 2008 y el tercer trimestre de 2012 se produjeron en España casi 400.000 ejecuciones hipotecarias. 391.032 para ser exactos. De media, 80.000 al año: 321 al día si se descuentan los sábados y domingos. Son cifras oficiales, del Consejo General del Poder Judicial. No discriminan entre la naturaleza del inmueble: si es un piso, un chalé de lujo, una plaza de garaje, un edificio a medio construir, un solar o una finca rústica. “El Gobierno juega a la ceremonia de la desinformación, con horquillas enormes”, critica el abogado colaborador de la PAH, Martí Batllori. Lo que está claro es que son muchos, conviene.

Y por mucho que siempre se apostille que no solo son primeras viviendas, las ejecuciones sobre otros bienes inmuebles también tienen perjudicados. Pueden ser promotores inmobiliarios (que han entregado masivamente promociones y solares a la banca), por ejemplo. A partir de los datos de las propias entidades, el diputado ecosocialista Joan Coscubiela cifra las daciones de promotores en más de 100.000 millones de euros. Entre los afectados hay incluso especuladores (particulares o profesionales) que compraron pisos para revender o alquilar y se han pillado los dedos.

"El fallo no nos libra de la deuda si hay dación"

C. B., Barcelona

Solo tiene 18 años, pero sorprenden sus conocimientos de la maquinaria financiera y judicial. Wafae Zrakti ha aprendido a golpes, desde que a su madre se le desplomaron los ingresos y se quedaron sin poder pagar la hipoteca por el piso que habitan en Salt (Girona). La familia llegó de Marruecos en 2001 y compró el piso en 2004. Llevan un año sin pagar al Banco Popular. Zrakti representa al colectivo de inmigrantes de origen magrebí o subsahariano que fueron “engañados por no dominar el idioma”.

En su municipio, donde los inmigrantes son el 43% de la población, estos son mayoría entre los afectados por los desahucios. Además, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona es una de las más activas de Cataluña. “No entendía bien el idioma, pero tampoco se preocupó el notario de explicarle [a su familia] la letra pequeña, donde están los abusos”, reprocha Zrakti.

El banco ya ha reclamado el piso, pero todavía no hay sentencia de desahucio. “La sentencia de Europa probablemente lo parará, pero no resuelve el problema: no nos libra de la deuda en caso de dación”, lamenta. “La ILP sí”, subraya.

En cualquier caso, el grueso del drama está en las familias que se quedan sin vivienda. Basta acudir a cualquiera de las asambleas que se organizan en las más de 100 plataformas creadas desde 2009 en ciudades españolas para ver que el paro está detrás del 90% de los casos. Y, más que con el paro, el calvario comienza cuando a los parados se les termina el subsidio por desempleo. “Antes doy de comer a mis hijos que al banco”, suelen decir los afectados, justificando por qué dejaron un día de pagar.

Los primeros sobreendeudados que llegaron a las asambleas de las PAH eran inmigrantes. Sin tantos vínculos como la población local en sus barrios, acudieron a las plataformas desesperados. Con pisos tasados de forma estratosférica entre 2005 y 2008, comprados con los tipos de interés regalados y con cuotas que comenzaron por 600 euros (más que asequible con dos sueldos) y que se convirtieron en imposibles de pagar cuando se doblaron y los ingresos cayeron a la mitad.

Son también las PAH las que descubrieron el rosario de irregularidades que se cometieron mientras la burbuja inmobiliaria e hipotecaria no paraba de hincharse: fenómenos como las compras con avales cruzados (dos hermanos se avalaban mutuamente con la propiedad por la que se hipotecaban, de forma que cuando uno no podía pagar el problema se multiplicaba), avales falsos, propiedades en el extranjero como aval… Era la época en que hasta las autoridades salían por televisión animando a la ciudadanía a comprarse pisos; cuando el frenesí del ladrillo convenció a media España de que alquilar era tirar el dinero. Y todo ello con la complicidad de las oficinas bancarias de barrio y los notarios, que no daban abasto en estampar firmas en los documentos de escritura. Es lo que suelen argumentar las familias. Que sí. Que ellas fueron responsables por comprar, pero que la presión era enorme y que nadie les explicó la letra pequeña.

Poco a poco, a la plataforma comenzó a llegar población local, sobre todo de barrios de la periferia de las ciudades. Españoles que rompían su silencio en paralelo a la magnitud del problema. La clase media ha sido la última en salir. En la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) aseguran que hay muchas familias de distritos como El Eixample, en pleno centro de la capital catalana, que también han perdido sus pisos. Pero no salen a protestar para evitarlo. Entregan las llaves, vacían la vivienda y se marchan a otro lado. Si tienen suerte, de alquiler. Si no, explica Lluís Rabell, presidente de la federación y también vecino del barrio, a la segunda residencia. Cuántos son, nadie lo sabe.

"La justicia verá ahora la mala fe de los bancos"

C. B., Barcelona

“Esto es solo el comienzo, ha llegado el momento de hacer más presión. Hemos ganado, porque ahora la justicia va a poder ver los casos de cerca. Hasta la fecha, los impagos entraban en el juzgado y este ejecutaba sin posibilidad de ver la buena fe del ciudadano o la mala fe del banco. Ahora lo podrá ver”. Quien así habla es Oskar Giménez, de 36 años, que con solo cuatro cuotas pendientes de pago está haciendo lo imposible para negociar una salida a su caso. Al haberse quedado en paro no le llega para la letra de 932 euros.

Su caso todavía no está en el juzgado. Lleva desde noviembre intentando, sin éxito, negociar con Caixa Penedès una rebaja. Ha intentado que no le cobren la cláusula de suelo para pagar menos, “pero ni el director de la oficina, ni el jefe de zona, ni el procurador”, nadie, le hace caso. Confía en que, si finalmente su caso llega al juzgado, los “abusos” que hoy ha reconocido el tribunal europeo pesen más en la balanza de la justicia que su deuda.

Lo que quiere es encontrar una salida a su situación, como, por ejemplo, quedarse con un alquiler en el piso que compró en 2008 en Barcelona.

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