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La reforma local parte de un estudio que contradice el ahorro del Gobierno

El texto presenta un desfase de 3.200 millones con el cálculo del Ejecutivo

En un documento de 44 páginas está la base del plan del Gobierno para acometer una de las más profundas reformas de la estructura administrativa del país en democracia. Se trata del informe que el Ejecutivo encargó al Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda,al que ha tenido acceso El País y que sirvió de base para elaborar el anteproyecto de ley que pretende poner patas arriba el ámbito local. Su hilo conductor es exclusivamente el ahorro: “La medida que propugnamos, aunque afecta a las competencias municipales, es, sobre todo, una previsión vinculada a la hacienda local, cuyo objetivo es conseguir la eficiencia y la estabilidad presupuestaria”, menciona. Pero la información que presenta es, además de escueta, contradictoria con las propias conclusiones del Ejecutivo.

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, a golpe de power point y sin desglosar partidas, aseguró tras el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero —donde se aprobó el borrador— que el impacto económico de la reforma sería de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015. El cálculo más optimista del IEF sólo habla de 3.930 millones, 3.199 menos. Y siempre y cuando todos los ayuntamientos españoles con población inferior a 20.000 habitantes dejen de prestar servicios en favor de otros mayores (o de las Diputaciones) o lo hagan según un estándar de eficiencia. No aborda el IEF la poda de los sueldos, pero esa partida apenas supone el 2% de todo el recorte de gasto calculado.

El estudio, que no está firmado ni ha sido dado a conocer por el Ministerio, parte de que el tamaño del Ayuntamiento es el “factor esencial”, para la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio. Da igual que se trate de un núcleo disperso de la montaña asturiana que otro de la llanura castellana. “El trabajo parte de un estándar fijado tomando en cuenta, de forma exclusiva, este elemento”, menciona, aunque después realiza ciertas correcciones por la densidad de la población. Pero incluso con esa variable sus conclusiones son totalmente dispares: los municipios extremeños de entre 2.000 y 5.000 habitantes tienen costes mucho más competitivos que, por ejemplo, los madrileños, valencianos o canarios.

Otra incongruencia se encuentra en lo que respecta a Cataluña, una comunidad donde los Ayuntamientos prestan todos los servicios por una media de 658 euros por persona. Sin embargo, los municipios catalanes de menos de 5.000 habitantes son capaces de ejercer sus competencias a un coste inferior, lo que ataca la base de flotación del anteproyecto de ley. “En algunos casos el mayor gasto puede ser debido, ciertamente, a la ineficiencia en la gestión. Pero también puede deberse a que un municipio cuenta con mayores ingresos”, puntualiza Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid que ha publicado un análisis del mismo. Los autores del documento descartaron de plano otra realidad fundamental: que en un pueblo con una población más envejecida el coste de un servicio puede ser mayor, o que una economía de escala pueda no ser eficaz siempre.

Expertos consultados piensan que se ha despachado la cuestión con una propuesta claramente insuficiente realizada por encargo directo del Ministerio de Economía sobre la base del ahorro. Una labor de estas características “necesitaría de años de trabajo”, reflexiona un catedrático. Sea como sea, el PP ya admite que la ola de rechazo que ha provocado el plan le empieza a salpicar. El partido reconoce que “escuece” hasta en sus propias filas.

Otra brecha en las comunidades

Primero fueron los partidos de la oposición, después los municipios representados en la FEMP y ahora son las Comunidades Autónomas las que ponen en la picota la reforma de la Administración local impulsada por el Gobierno. Por eso, cuando Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica del PP, dijo que iba a ser la “ley con mayor participación de la democracia” no mentía. Quizá debería haber añadido que concita “la mayor oposición de la democracia” porque, desde que el anteproyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros no dejan de criticarla.

Esta semana los dardos llegaron desde la Xunta gallega presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), que hizo públicas sus “alegaciones”, escritas cuidadosamente para trasladar la idea de que se trata de objeciones “constructivas”. Entiende Galicia que el texto compromete la autonomía municipal y penaliza a los Ayuntamientos pequeños, que son “la verdadera base de prestación de servicios”. Lamenta que uno de los puntales de la norma sean las Diputaciones, “olvidando el papel y la experiencia adquirida por las Comunidades Autónomas”. Tampoco están de acuerdo en Santiago de Compostela con que los alcaldes dejen de cobrar y proponen un régimen de retribuciones más generoso que el previsto por el Ministerio de Hacienda.

Con la misma intención formal de no pisar demasiados callos, el Gobierno de La Rioja (PP) hizo lo propio y esta semana envió sus reparos para que se flexibilice la norma y se incremente la financiación para los municipios. Y ayer, la Junta de Andalucía (PSOE), advirtió que va a poner todo de su parte para tumbar el proyecto. Otras tres comunidades del PP han mostrado discrepancias.